Trata de personas, superexplotación laboral, narcotráfico. Desapariciones y muertes. De todo eso habla el abogado del joven obrero golondrina salteño que en noviembre de 2011 desapareció en Choele Choel (Río Negro) tras reclamarle a la multinacional Expofrut lo que correspondía.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Sábado 25 de abril de 2015
Fotos: Facebook de Sergio Heredia
Heredia habla desde una iglesia de Choele Choel, donde hace años vive refugiado para que el entramado mafioso del poder no lo mate. Desde allí, por teléfono, denuncia el intento de la justicia de llevar todo a “fojas cero” para que nadie quede detenido ni procesado. Un caso testigo que muestra cómo, en plena “década ganada” para las corporaciones agrícolas, la clase trabajadora (en este caso del campo) se sigue enfrentando a los métodos más crueles de explotación y opresión.
En la causa hay veintidós imputados, todos policías. Trece están procesados y hay siete detenidos. Todavía faltan los civiles cómplices involucrados en el caso, centralmente los dueños de las empresas, la jueza Marisa Bosco y el fiscal Miguel Flores que tienen mucha responsabilidad en los hechos ocurridos. Es terrible el entramado que hay, ni en los juicios de lesa humanidad hay tantos policías imputados.
Esta empresa llevaba una planilla donde figuraban los días trabajados por Solano. Pongamos que había trabajado por $2.000. Entonces ExpoFrut le decía a Agrocosecha “acá te mando los $2.000 de Solano, más la plata para los aportes y los honorarios de Agrocosecha, etc.” ¿Pero qué hacía Agrocosecha? A Daniel le daba la mitad del dinero, $1.000.
Obviamente para poder quedarse con los otros $1.000, Agrocosecha tiene que haber tenido cómplices en ExpoFrut, porque era quien tenía que controlar que esos $2.000 los recibiera Solano.
Si Solano decía “acá me falta plata y me voy a quejar a la delegación del Ministerio de Trabajo”, resulta que ahí también estaban asociados con Agrocosecha. Ellos también eran parte de la banda. Y si se quejaba mucho, ahí actuaban los policías y el comisario, también miembros de la banda, que mandaban a pegar.
No solamente le pegaban a Solano, ya le habían pegado a varios. Era una asociación ilícita formada por empresarios, policías y miembros de la delegación de Trabajo.
Daniel Solano
Si nosotros llegamos a descubrir esto, que somos un equipo “de morondanga”, donde yo ni siquiera soy penalista y desde que vine acá estoy viviendo en una iglesia, queda claro que si no se descubre algo es porque no se quiere, no porque no se puede. ¿Cómo no van a poder descubrir la trama de quién mató a una nenita que se fue a bailar, como pasa en Buenos Aires? Será porque los investigadores, que son los policías, están prendidos.
Entonces yo creo que el caso Solano se transformó en algo importante porque lo descubrió un abogado, no la Justicia ni la policía.
Nosotros en agosto de 2013 conseguimos que detuvieran y procesaran a los siete policías implicados. Después comenzamos a investigar dónde está el cuerpo y descubrimos que está en un jagüel de un campo que se llama La Manuela, a 20 kilómetros de Choele Choel, a 80 metros de profundidad. Hay un testigo. Ahí le dijimos al juez quiénes son todos los involucrados y le pedimos el ingreso al pozo. Pero repentinamente el juez dijo que no, porque “es peligroso”, y encima clausuró el proceso con respecto a los siete imputados, diciendo que ya están detenidos y pidiendo que este proceso se eleve a juicio.
Ahí nos dimos cuenta de que había un encubrimiento por parte de estos magistrados al resto de los funcionarios judiciales que nosotros habíamos denunciado en enero de 2012. Y descubrimos entonces (y tenemos las pruebas) que el fiscal del caso, Guillermo Bodrato, estaba gravemente implicado.
Resulta que Bodrato, que nunca investigó nada, al verse comprometido en el asunto dijo que había que aplicar la competencia federal, buscando hacer un paralelo con otro caso, según él similar, de un muchacho desaparecido en Neuquén. “Hay un caso Avalos que es muy parecido al caso Solano”, dijo, ya que Avalos también había estado en un boliche y desapareció. Y como ese caso había pasado a la justicia federal, Bodrato plantea que este caso también tenía que ir para ahí.
No. Eso es una barbaridad. El caso Avalos no se parece en nada a lo que le pasó a Daniel Solano. Pasó a la Justicia Federal después de diez años porque estaba irresuelto y no se sabía nada. En cambio nosotros el caso de Daniel lo tenemos resuelto.
Avalos era un muchacho que fue a bailar al boliche Las Palmas de Neuquén y desapareció. Después de diez años de no saberse nada del caso, el juez ordenó una inspección en el boliche y lo clausuró. Por eso no se puede decir que son iguales ambos casos. Acá sabemos lo que pasó, sin ambargo el fiscal le pidió al juez que pase a la Justicia Federal, el juez hizo lugar y se declaró incompetente. Desde ya que nosotros hemos apelado.
Pero hay otras diferencias importantes con el caso Avalos. El fiscal Bodrato, al que yo acabo de recusar y denunciar porque sabía todo desde un principio, tiene una causa familiar. El abogado de su mujer es el abogado de la empresa Agrocosecha, y a su vez defiende a algunos de los policías presos, en particular a Berthes, el policía que lo mata a Daniel Solano. Y encima es quien pagó para que me maten, algo que está asentado en una causa penal.
¿Y quién es el abogado de Bodrato en esa causa que tiene con su mujer? Nada menos que el abogado del boliche Macuba. Obviamente que eso no pasa en la causa Avalos, no pasa que el abogado del fiscal sea el abogado del boliche que él tiene que investigar.
Y la última diferencia es que el caso Avalos, al menos hasta donde sabemos, no se planificó como sí está comprobado que se hizo en el caso Solano.
Esto es un arreglo entre Bodrato y el abogado Thompson, obviamente. Sólo así se explica que ningún policía haya puesto un recurso de apelación contra esta sentencia. Sólo nosotros lo hicimos. ¿Por qué la querella se opone a que vaya a la Justicia Federal mientras los abogados de los policías sí quieren que sea tratado como un delito de lesa humanidad, que tiene condena perpetua? Obviamente porque está todo arreglado.
En el caso Ávalos se fue a la Justicia Federal para que se empiece de nuevo, porque como no se había investigado no había nada. Pero acá hay de todo. Hay 50 cuerpos de expedientes y hay 25 causas conexas, incluyendo causas por tráfico de drogas y trata. ¡¿Cómo vamos a empezar de cero?!
¿Se entiende entonces lo que descubrió el caso Solano? Por eso es que me quieren matar, porque saben que yo tengo todo. Yo tengo hasta videos en los que un regente de un prostíbulo de acá, de Choele Choel, me cuenta que le mandaban chicas con cocaína a los jueces, como por ejemplo al camarista Vila, que ya está retirado. Ese es un claro ejemplo de lo que es la Justicia acá.
Saben que yo ya descubrí muchas cosas, por eso dicen “a este tipo hay que cansarlo, no puede estar más acá”. Y por eso yendo a la Justicia Federal yo tengo que empezar de nuevo y encima en otro lado, en General Roca.
En ese marco están las causas que denuncian la trata, son causas conexas a la de la desaparición y muerte de Daniel Solano, que están incluidas como material de la querella.
Gualberto Solano
Nosotros al juez Martínez Vivot ya le hemos explicado quién mató a Daniel, cómo se lo mató, con qué arma y de quién es el arma. A su vez demostramos que un médico de apellido Vaira atendió a Daniel después de la golpiza y le dijo a la Policía que le peguen un tiro porque “este chico está agonizando y no va a vivir mucho”. Con todo esto Martínez Vivot, en vez de ordenar la detención del médico, se declaró incompetente. Por eso yo lo denuncié, ya que traba todo y va desviando la investigación.
Este juez es quien no quiere que nadie baje al jagüel, con la excusa de que un jagualero dijo que es peligroso. Pero eso lo tendría que decir un perito, no un testigo que, además de que no me consta que sea jagualero, fue traído a pedido del fiscal.
El pozo, dicho sea de paso, está en un campo arrendado por un tal Segatori, el mismo apellido de la esposa de Vaira, el médico que nosotros denunciamos. O sea que está todo relacionado.
Nosotros le pedimos al fiscal que nos deje ir a mirar el campo y el jagüel, que nos deje confirmar la información. Pero se agarraron de que es peligroso para no avanzar en investigar. Pero ya hay un antecedente, el caso de unas mujeres asesinadas que fueron tiradas en un pozo igual, que se investigó y se las encontró. Ahora resulta que es peligroso bajar. Hasta tiraron heladeras en ese jagüel para tapar el pozo. ¡Con heladeras cubrieron el cuerpo de Daniel! ¿Se entiende la barbaridad de lo que acá está pasando?
Y acá queda en evidencia el relato de los derechos humanos. Es muy fácil hablar de derechos humanos cuando sos funcionario y ganás $80.000 o más como asesor de funcionarios. Y también se ve el verso de que la justicia investiga. ¿Por qué nadie investiga y se acerca a conocer el caso Daniel Solano? ¿Por qué los medios no vienen a preguntar qué pasó, dónde está el cuerpo, quién lo mato? Todas estas preguntas deberían hacerse.
Pero hay muchos intereses. Esta zona es una zona estratégica porque pasa la droga para Europa, que pasa por el puerto. Río Negro es la única provincia que no tiene Gendarmería en sus fronteras, entonces hay muchos implicados. Y el mismo Gobernador es el que hace que el caso pase de un lado a otro en la justicia, de provincial a federal, para hacer que se vaya cajoneando.
Parece que a nadie le interesa este caso. Solamente les interesó a un diputado peronista y al diputado del Frente de Izquierda de Neuquén, el ceramista Raúl Godoy. Él planteó en la Legislatura de Neuqúen que se declare el caso de interés general. Yo fui para allá, incluso conocí la fábrica ex Zanón. Por eso le estoy muy agradecido a Godoy.
Ver también Solano, Cabañas Cuba, Villagrán y el mismo hilo conductor.
