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Ninguna “libertad”. Servicio Esencial: Milei ataca por decreto el derecho a huelga del gremio aeronáutico

Como se publicó este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno “libertario” pretende evitar que miles de trabajadores luchen por sus derechos, salarios y condiciones laborales. En medio de un duro conflicto, la provocación oficial echa leña al fuego y no está escrito que Milei y Sturzenegger puedan imponer sus objetivos antiobreros.

Daniel Satur

Daniel Satur @saturnetroc

Lunes 16 de septiembre 11:06

Foto La Nación

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial el decreto 825/2024 que redactó y firmó el viernes Javier Milei y declara “servicio esencial” al transporte aéreo civil y comercial. En rigor se trata de la reglamentación del artículo 2 de la Ley 17.285 (de 1967, dictadura de Juan Carlos Onganía) que el Gobierno ya modificó en diciembre con el nefasto DNU 70-2023 (aún no tratado por la Cámara de Diputados, pero que ya fue rechazado por el Senado). Allí Milei puso la definición de “servicio esencial” para la “aeronáutica civil comercial”.

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El nuevo decreto lleva las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y su par de Economía Luis Caputo. Allí se define a la aeronáutica civil como “el conjunto de actividades vinculadas con el empleo de aeronaves privadas y públicas, que involucran las actividades de navegación aérea y todas aquellas relaciones de derecho derivadas del comercio aéreo en general”. Y agrega que “en un país con una extensión geográfica tan grande como la República Argentina, la aeronáutica civil aerocomercial tiene una relevancia estratégica para el transporte, el tránsito de pasajeros, el comercio regional e internacional y el desarrollo de las economías regionales”.

El Gobierno solo privilegia las “cadenas de valor” capitalistas y no, por caso, las condiciones estructurales en las que desarrollan diariamente sus actividades miles de trabajadoras y trabajadores aeronáuticos. Con esa óptica, afirman que “la afectación del referido servicio repercute en toda la cadena de valor del transporte aéreo y en las múltiples industrias que dependen de manera directa e indirecta de este medio de transporte de personas y mercancías para su normal desarrollo”. Incluso que “la interrupción” puede generar “consecuencias graves para la República Argentina, amenazar la seguridad o salud de la población, afectar el suministro de insumos esenciales y dificultar la conectividad y el comercio local e internacional”.

A partir de esa definición parcial y direccionada, Milei y compañía descargan en el decreto su intención de impedir por todas las vías posibles las medidas de fuerza legales y legítimas de los sindicatos del gremio aeronáutico. Precisamente en las últimas semanas se desarrolla un fuerte conflicto por salarios y contra despidos antisindicales que está generando una fuerte incomodidad al Gobierno, que responde con cambios reaccionarios, sin pasar por el Congreso siquiera, en las leyes que regulan la actividad.

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Demagógicamente, Milei dice defender a “usuarios y consumidores”. Busca así poner a parte de la sociedad en contra de quienes son realmente esenciales para el desarrollo del transporte aéreo: sus trabajadoras y trabajadores, desde quienes manejan los aviones hasta quienes realizan todo tipo de tareas técnicas, administrativas y de mantenimiento en los aeropuertos.

“Es menester asegurar un nivel de servicio mínimo de operación de la aeronáutica civil aerocomercial, garantizando el ejercicio del derecho de huelga”, dice el decreto. Y agrega que, “en ese marco, ante la adopción de medidas legítimas de acción directa sobre actividades consideradas servicios esenciales, se deberá garantizar la prestación de servicios mínimos”.

Así, se busca cercenar con la sola firma de cuatro miembros del Poder Ejecutivo un derecho histórico y fundamental (una conquista) de la clase trabajadora en una rama del transporte. Hoy puede ser el aerocomercial y mañana pueden ser otros. Si este decreto pasa sin freno, la aplicación de esta nueva y regresiva reglamentación estará en manos del Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La secuestradora de alimentos para los pobres Sandra Pettovello podría llegar a tener más poder que miles y miles de laburantes.

Otro decreto, el 831/2024 también publicado este lunes en el Boletín Oficial, paradójicamente modifica una parte del otro decreto publicado en el mismo boletín. Con las firmas de Milei y los mismos tres ministros, el texto dice que “corresponde modificar la Reglamentación del artículo 2° de la Ley N° 17.285 y sus modificatorias, aprobada por el Decreto N° 825/24”. Ridículo.

Lo importante es que remarca que “resulta necesario establecer un parámetro porcentual para la determinación de los servicios mínimos que se mantendrán” durante una huelga o paro de trabajadores. Y por eso modifica un artículo que figura en el anexo del otro decreto.

Desde ahora, cuando los sindicatos decidan realizar un paro, deberán avisar “con una anticipación de 5 días” y tendrían 24 horas para acordar con las patronales “servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto y las modalidades de su ejecución”. Eso implicaría señalar “concreta y detalladamente la forma en que se ejecutarán las prestaciones, incluyendo la designación del personal involucrado”.

Pero “si una vez agotado dicho término, el acuerdo no fuere posible o los servicios mínimos informados resultaren insuficientes” (¿?), 24 horas después sería el propio Ministerio de Capital Humano quien determinaría esas cuestiones, intimando a las partes a cumplirlo.

“Se deberá tener en cuenta para la determinación de los servicios mínimos un porcentaje que en ningún caso podrá resultar inferior al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) respecto de la actividad o prestación normal y regular de los servicios, con una escala gradual sobre la base de la duración y extensión acumulada del período de huelga y del conflicto colectivo de trabajo, garantizando la conectividad en las rutas que contaren con un solo servicio”, afirma el decreto 831.

Como no podía ser de otra forma, aunque ninguno de los decretos lleven su firma, esta nueva reglamentación fue pensada y redactada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger junto al secretario de Trabajo y exgerente de Techint Julio Cordero, ambos defensores de los intereses de las corporaciones económicas y declarados enemigos de los derechos básicos de la clase trabajadora.

Desde los diversos sectores de trabajadoras y trabajadores aeronáuticos anticiparon que la decisión oficial de declarar “esencial” la actividad aerocomercial es arbitraria, ilegítima e ilegal. Incluso el Gobierno busca impedir la realización de asambleas. “En ningún caso podrá ser invocada para interrumpir, directa o indirectamente, la prestación normal y regular de la actividad aeronáutica civil aerocomercial, pública o privada ni, en su caso, el desarrollo normal y regular de los servicios mínimos previstos”, dice la reglamentación.

En medio de esta arremetida de La Libertad Avanza contra el derecho de huelga, se viene desarrollando un fuerte conflicto salarial y contra despidos arbitrarios en el sector. Lo que se ve agravado por la negativa del Gobierno a otorgar cualquier tipo de aumento para las y los empleados de Aerolíneas Argentinas. El viernes se produjo un importante paro en Ezeiza y Aeroparque, donde se reclama por el atraso salarial que ya lleva seis meses, mientras el personal de call center tiene salarios de apenas $ 500 mil y el de rampa de sólo $ 800 mil. A lo que se suma la desinversión y vaciamiento por parte de Milei, Caputo, Pettovello y compañía sobre Aerolíneas Argentinas, con claros fines privatizadores.

A su vez, el directorio de Aerolíneas Argentinas despidió a tres pilotos por haber cometido el “error” de ejercer su derecho a protesta y huelga. Se habían negado a realizar una operación de devolución de una aeronave Embrer EMB-190. Desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) denunciaron que estos hechos de persecución sindical sólo logran que el conflicto se agrave y “tendrá un final cuando los salarios sean recompuestos con todos/as los/las pilotos en sus puestos de trabajo”.

Desde GPS, la principal tercerizada de Aerolíneas, también vienen enfrentando los ataques del Gobierno y sumándose a las acciones de lucha. Luciano Corradi, delegado de los tercerizados, desnudó la demagogia oficial que encubre los verdaderos objetivos libertarianos de privatizar la línea de bandera y transformar en descartables a sus laburantes.


Daniel Satur

Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).

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