La profunda relación entre gobierno y empresarios, ha sido la tónica del mandato de Piñera. La profunda crisis abierta durante estos últimos meses ha resaltado su férrea defensa del modelo heredado de la dictadura, en contra posición a las demandas realizadas por amplios sectores que hoy exigen sus derechos ¿Qué tan inescrupuloso puede ser cuando hay millones en juego?
Miércoles 29 de julio de 2020
Cuando se trata de la relación entre gobierno y empresarios, las irregularidades saltan y se traslucen en el marco de leyes hechas a sus intereses.
Así se expresa en el reportaje realizado por el medio Interferencia, en el cual se muestra una serie de sugerentes sucesos en los cuales una funcionaria del Servicio de Evaluación ambiental (SEA) perteneciente al Ministerio del Medio Ambiente, Carolina Negrete, estaría trabajando hace un par de años como honoraria para la empresa Anglo American. Esto, cumpliendo funcionas en el órgano evaluador que coordina reuniones de lobby entre esta empresa con otros servicios del Estado.
De acuerdo al medio Interferencia, desde el año 2018, el gobierno de Sebastián Piñera, una nueva institución reconocida como la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) y dependiente del Ministerio de Economía, estaría cumplido un rol central ya que “actúa como punto de contacto en el Estado para todos los emprendedores e inversionistas que enfrentan problemas o dudas en el proceso de obtención de permisos requeridos para llevar adelante sus iniciativas”, de acuerdo a lo extraído por un documento emanado del mismo organismo.
Cabe destacar que este organismo generado por decreto, funciona como secretaría ejecutiva de un “comité asesor de proyectos sustentables” de acuerdo a lo señalado por Interferencia, y el cual se encuentra integrado por las subsecretarías de Economía, Defensa, Obras Públicas, Salud Pública, Agricultura, Minería, Bienes Nacionales, Energía, Medio Ambiente y Patrimonio Cultural. En el caso de su vínculo con Anglo American, a través del proyecto Los Bronces, el cual el 2019 ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y teniendo como objetivo tres nuevas fases de explotación minera, “una de ellas muy próxima al Santuario de la Naturaleza Fundo Yerba Loca, en la comuna de Lo Barnechea”, según lo signado por Interferencia.
En palabras incluso del mismo SEA, a nivel medio ambiental el SEIA tiene como propósito “la existencia de áreas protegidas o especies en categorías de conservación en el área de influencia del proyecto, emisiones, demanda de recursos hídricos, impactos sobre recursos naturales, etc. Aspectos territoriales: por ejemplo, existencia de grupos humanos en el área de influencia cuyos sistemas e vida y costumbre puedan ser afectados, reasentamientos, cercanía a comunidades indígenas, etc (…)”
Un resquicio oportuno para hacer tratos entre gobierno y empresarios
Cabe destacar que el actual gobierno evitó firmar el denominado Acuerdo Escazú, el cual permitía a la justicia el acceso a temas medioambientales señalando que “Chile tiene el compromiso de aumentar la participación ciudadana, el acceso a la información y la justicia ambiental. Toda nuestra legislación cubre esto más allá que el Acuerdo de Escazú”, en palabras de la actual ministra de la cartera Carolina Schmidt.
Una decisión bastante conveniente, cuando lo que se mantiene son los acuerdos entre las grandes empresas como Anglo American, y la venia del gobierno promoviendo la participación de sus funcionarios estatales en lobbies con privados, y facultados por instituciones absolutamente herméticas en su qué hacer, y donde lo que está en juegos son proyectos millonarios, que históricamente hemos visto que afectan negativamente a las comunidades y el medioambiente.
Un gobierno pro-empresarial que atenta contra las comunidades
Queda más que claro que cuando se trata de zanjar enormes negociados entre el gobierno, y la casta política con los grandes empresarios, son capaces de pasar por arriba de la salud de la gente, e incluso la destrucción del medio ambiente.
La permanente construcción de termoeléctricas, o proyectos como Dominga con los cuales ha insistido permanentemente el gobierno para darle la luz verde, son muestra de la profunda relación que hay entre los poderes del Estado y los intereses de privados.
Las denominadas Zonas de Sacrificio como Quintero y Puchuncaví, donde se hacen permanente intoxicaciones y problemas de salud en la población, son la prueba de cómo los millones sobre la mesa pesan más que la integridad física y psicológica de las familias trabajadoras, que ven como diariamente va empeorando su calidad de vida.
Resulta esencial pelear por la estatización del cobre y los recursos naturales bajo control de los trabajadores, donde sean ellos mismos en sus organismo, y en conjunto de las comunidades discutan la viabilidad de los proyectos, junto con los criterios de implementación, que vayan en función de sus necesidad económicas y sanitarias, y no de gobiernos empresariales que atentan en contra de su vida.
