Fue genocidio. Sexta condena a perpetua para ex ministro bonaerense de la dictadura

Jaime Lamont Smart, primer civil condenado por los crímenes de lesa humanidad y con un gran curriculum a lo largo de diferentes gobiernos dictatoriales, sumó una nueva condena por crímenes de lesa humanidad. Aire fresco en medio de tanto negacionismo desplegado.

El pasado 22 de febrero la jueza subrogante Karina Yabor y sus pares Ricardo Basílico y Andrés Basso, integrantes del TOF 1 de La Plata condenaron a prisión perpetua al ex ministro Jaime Lamont Smart y al policía bonaerense de la Comisaría Primera de Berazategui Juan Humberto Keller por el asesinato de Horacio Orué, la privación ilegal de la libertad de su familia y el robo de pertenencias durante la última dictadura cívico-militar.

El juicio comenzó el 9 de noviembre de 2023. Junto a Smart y Keller también se encontraba procesado Miguel Etchecolatz, genocida fallecido en cárcel común en julio de 2022. Por su parte, fue suspendido el proceso por incapacidad sobre el expolicía Héctor Amado, quien junto a Keller había llegado acusado a esta instancia como autor directo de los crímenes.

Ambos represores fueron condenados por los delitos de "homicidio calificado por haberse cometido con alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas y para lograr la impunidad para sí o para otro"; "privación ilegal de la libertad cometida por funcionarios públicos en abuso de sus funciones agravada por haberse cometida con violencia y amenazas"; "tormentos agravados en todos los casos por ser las víctimas perseguidos políticos"; y por el "robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en banda". En este marco, el expolícia fue condenado en calidad de coautor material mientras que el exfuncionario fue considerado coautor mediato.

El tribunal declaró que los hechos por los cuales los represores recibieron la condena son constitutivos de lesa humanidad y fueron cometidos en el marco de un genocidio. El próximo 21 de marzo se darán a conocer los fundamentos. También dispusieron que se señale Comisaría Primera de Berazategui en el cual fueron perpetrados parte de los hechos como sitio de Memoria.

La familia Orue

En el juicio se abordaron los hechos que culminaron con el asesinato de Horacio Wenceslao Orue, la privación ilegal seguida de tormentos de Marcelina Juani, Marcelo Adolfo Juani, Ariel Bernardo Juani y Raúl Ernesto Aguirre; y el robo de las pertenencias de la familia Juani. Los hechos tuvieron lugar en la noche del 22 de abril de 1978 en el domicilio familiar, ubicado en la localidad de Rafael Calzada.

Según la acusación de la fiscalía, el policía Juan Keller junto a otros compañeros secuestraron a Raúl Ernesto Aguirre, a quien torturaron para que indicara el domicilio en el que residía su medio hermano, Horacio Orue. En dicha vivienda se encontraba Horacio junto a su tía Marcelina y los hijos de ella, Marcelo y Ariel, de 14 y 9 años respectivamente.

Según los testimonios recogidos durante el juicio, mientras Marcelina y sus hijos eran hostigados, Orue había logrado escapar por una ventana pero fue asesinado momentos después. Los restos de Horacio fueron sepultados como NN en el cementerio de Rafael Calzada. Luego del asesinato de Orue, personas vestidas de civil se dedicaron a destrozar la vivienda, robándose sus pertenencias, incluidas utensilios de cocina y vestimenta.

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En la madrugada del 23 de abril, la mujer y sus hijos fueron llevados al destacamento policial de Berazategui, ubicando en pleno centro de la ciudad. Allí fueron dejados en el entrepiso de esa dependencia que funcionaba como centro clandestino de detención. "Permanecieron encapuchados, tirados en el piso, privados de alimentos y bebidas y sometidos a tormentos psicológicos por, al menos, cuatro días, junto con otras personas que eran sometidas a tormentos físicos, entre quienes se encontraba Raúl Ernesto Aguirre, hermano de Horacio Wenceslao Orue", detalló la fiscalía. Después de esos cuatro días, la mujer y sus hijos fueron registrados en la comisaría.

Al momento del registro, la señora Juani fue informada por el comisario Rodolfo Ricardo Cuartucci que "todo se había tratado de un error y que no debía retornar a su domicilio". El funcionario policial le aclaró que los bienes saqueados formaban parte del “botín de guerra”.

Smart, el ministro

Jaime Smart, en su extenso camino dentro de los gobiernos dictatoriales, ha combinado su responsabilidad política en los crímenes de lesa humanidad, la represión y persecución como abogado defensor de otros genocidas como él.

En 1968 fue designado fiscal por Juan Carlos Onganía. Posteriormente, durante el gobierno de Roberto Levingston fue promovido como juez integrante de lo que se conoció como el “Camarón”, un tribunal especial constituido en 1971 con el objetivo de perseguir a militantes y opositores políticos. Su rol durante el genocidio fue central ya que fue ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978. Durante su mandato, entre otros hechos criminales, la Policía bonaerense secuestró a estudiantes secundarios, lo que se conoció como La Noche de los Lápices, Jorge Julio López era secuestrado por primera vez y bombardeaba la casa de Teruggi-Mariani donde fue robada Clara Anahí. Smart siemrpe declaró que se enteró de todo por los diarios.

Smart ejerció como abogado defensor del ex ministro de Interior Harguindeguy y del ex subcomisario Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa. luego pasaría a defenderse en los juicios en su contra. Muy bien no le fue...

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Llegaron las perpetuas en en los juicios Circuito Camps (2012), La Cacha (2014), Causa Junín (2015), Brigada de San Justo (2020) y Hogar Belén (2023), conviertiéndose en el primer civil en ser condenado por genocidio. Actualmente es juzgado por los crímenes en las Brigadas de Quilmes, Banfield y Lanús. Si bien en 2021 le fue revocado el privilegio de la prisión domiciliaria, continúa disfrutando de las comodidades de su casa, a pesar de haber violado la restricción. Gajes de la impunidad.

Son cientos de genocidas los que gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Y es necesario recordar que gran parte de esos delitos fueron juzgados muy tardíamente, en algunos casos más de cuatro décadas después de haber sido cometidos. Sin embargo hay miles de culpables de todas las fuerzas armadas, de seguridad, penitenciarias, de inteligencia y civiles cómplices que nunca llegaron a ser tratados en los tribunales y por los que seguimos exigiendo juicio y castigo.

El próximo 24 de marzo no será una fecha más. Más que nunca será una cita de honor contra las políticas de ajuste y ataque a las libertades democráticas que encara el gobierno negacionista de Javier Milei, Victoria Villarruel, Patricia Bullrich y demás ultraderechistas.

¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!