Mil quinientas familias en la incertidumbre ante rescisión de contrato de concesionarias del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex). El gobierno de Sheinbaum contratará solo 650, luego de descartarse la formación de cooperativas.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Lunes 3 de mayo de 2021
Llegarán a su fin los contratos de Sacmex con multinacionales francesas Veolia, Iacmex y Tecsa, y Agua de México el próximo 31 de mayo. Aunque Sheinbaum negó que esta medida redunde en desempleo, lo cierto es que de los 1,500 trabajadores que laboran para las concesionarias, sólo contratará directamente 650.
Las trabajadoras y los trabajadores de estas empresas llevaban a cabo la lectura y el cobro del consumo de agua. A partir del 1 de junio Sacmex y la Tesorería cumplirán esta labor, pero con menos personal de lo que había hasta ahora.
En Ciudad de México hay más de 26 mil kilómetros de red de agua potable y de drenaje. Las cuatro empresas mencionadas han tenido la concesión desde 1993 -durante 27 años- y en mayo de 2004 López Obrador, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, y Sheinbaum, entonces secretaria de Medio Ambiente, los habían renovado.
De acuerdo con los contratos, las empresas concesionarias, en las zonas concesionadas, tienen la facultad de medir y cobrar el consumo de agua, determinar y cobrar multas, gestionar el padrón de usuarios e instalación, mantenimiento y reparación de medidores. También instalaban nuevas conexiones de drenaje y agua potable, rehabilitaban la red secundaria de agua potable, identificaban y arreglaban fugas no visibles, y se encargaban del tratamiento y reutilización de aguas residuales y protección del acuífero. Todas estas tareas ahora serán funciones del Sacmex y la Secretaría de Finanzas.
De la subcontratación a las cooperativas y los recortes
La jefa de gobierno Sheinbaum señaló que era más económico para las finanzas de Ciudad de México hacerse cargo de estas labores que renovar el contrato con las empresas.
Su primera propuesta a los trabajadores había sido que formaran cooperativas y para eso el aporte gubernamental sería de 50 mil pesos. El plan era que las y los trabajadores constituyeran cooperativas a través del Programa FOCOFESS 2021, y que brindaran sus servicios como empleados especializados, una figura que cuadra con la reciente regularización del outsoursing aprobada por el gobierno de la 4T. De esta forma, el gobierno se ahorraría el pago de prestaciones como aguinaldo, vacaciones, seguro social y pensiones.
Sin embargo, las y los trabajadores se opusieron a esta opción, y demandan ser contratados directamente por el gobierno de Ciudad de México. Su propuesta es que se amplíen los contratos con las empresas hasta diciembre para que, en 2022, con nuevo presupuesto, sean contratados de manera directa por el Sacmex y la Secretaría de Finanzas. Exigen también que se conserven o que se equiparen las prestaciones conforme a la ley que tienen ahora y que se lleve a cabo una revisión y unificación de salarios a todo el personal contratado.
El agua en manos de las y los trabajadores
Esta transición de las empresas concesionarias a Sacmex se da en el contexto de la pandemia, que implicó despidos y recortes salariales para millones de trabajadoras y trabajadores. Se da también en el contexto de una grave crisis hídrica, agudizada por la sequía actual, pero la cual se expresa también en la falta de acceso al agua potable de distintas demarcaciones de Ciudad de México, como Iztapalapa o Coyoacán. Un punto grave también por la urgencia del gobierno de regresar a la normalidad y a las clases presenciales, cuando hay numerosas escuelas que no tienen suministro de agua para algo tan elemental como la higiene.
En este contexto, el regreso de los servicios de suministro de agua a manos del gobierno de Ciudad de México está marcado por la persistente política de precarización laboral del gobierno de Sheinbaum. Contratar a solo 650 trabajadoras y trabajadores para que realicen las labores relativas al agua potable y el sistema de drenaje -una actividad esencial para la vida, para la salud pública y también para todas las actividades económicas- que hasta ahora realizan con gran esfuerzo 1500 empleados es un completo despropósito.
Sacmex puede ser un experimento para el gobierno que recibió la creciente precarización de las y los trabajadores estatales y la mantuvo con contratos por servicios profesionales y distintas formas de contratación para garantizar la invisibilización de la relación laboral. La propuesta de que las y los trabajadores estatales constituyeran cooperativas es otra trampa para negar los derechos laborales más elementales.
Es necesario que las y los trabajadores del sector, en unidad con otros que también enfrentan los embates de la austeridad republicana, como los del INAH y del SutNotimex, exijan con la lucha y la movilización la inmediata contratación directa de quienes laboran hasta ahora en las concesionarias, basificados, con plenos derechos laborales y salarios que cubran al menos el costo de la canasta básica y los servicios esenciales, y que se ajusten según la inflación, junto con la apertura de plazas y la exigencia de aumento de presupuesto para el Sacmex, en base a impuestos extraordinarios a los millonarios y la reasignación de partidas presupuestaria que hoy están para financiar a la policía.
A su vez, es necesario que el servicio del agua esté bajo control de sus trabajadores, quienes junto con las y los trabajadores de las empresas que operan en Ciudad de México, y de colonos conocen las falencias del sistema de agua y drenaje, y solucionarlas, para garantizar el acceso al agua potable para toda la población de Ciudad de México.
Con información de El Sol de México y Sacmex
