JUBILADOS AJUSTADOS. Sí es ajuste: para Álvarez Agis, el “aumento” a jubilados ahorrará $ 17.000 millones

Disconforme con la interpretación que se le dio a la modalidad de aumentos a jubilados anunciada el pasado viernes por la tarde, el presidente Alberto Fernández salió a defender en twitter algo indefendible. Que el ajuste que recae sobre los jubilados, no es tal.

Este es un ejemplo de cómo se desinforma.
Ciertos medios afirman que ha habido un ajuste sobre los jubilados cuando en realidad eso no pasó.
Difunden de modo sesgado un informe del CEPA para poder imponer esa falsa idea del ajuste.
El CEPA lo explica aquí.
Que no te engañen! https://t.co/ISUTyFCsI0

— Alberto Fernández (@alferdez) February 16, 2020

El retweet con comentario del presidente estaba relacionado a una aclaración de Hernán Letcher, director del CEPA, que el mismo viernes publicó un completo informe titulado “El impacto del aumento de las jubilaciones en marzo de 2020”. En el mismo sostienen que el Estado se ahorra $5.500 millones por mes con esta medida: “Considerando esta estructura de distribución de jubilaciones, el aumento implicaría una reducción del monto de jubilaciones agregadas de unos $5.500 millones.”

La aclaración de Letcher hacía hincapié en que pueden existir dos formas de realizar el cálculo del ahorro fiscal: incluyendo los bonos de diciembre 2019 y enero 2020 o no. Para el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, es conveniente incluir los bonos en el cálculo, lo que arrojaría que no existe ahorro fiscal (entendido como ajuste o recorte del gasto destinado a jubilaciones) en comparación a lo que se destinaria con la movilidad suspendida. Pero en principio esta cuenta sólo sería válida si se consideran los cinco primeros meses del año y no la proyección total, tampoco incluye lo que podría suceder con la aún incierta nueva movilidad.

Otras estimaciones, incluida la que realizamos desde La izquierda diario, consideran pertinente al momento de realizar el cálculo de los recursos destinados al gasto en jubilaciones el criterio de aumento actual versus movilidad suspendida.

Desde este diario hemos presentado a partir de estimaciones propias, el siguiente cuadro que deja a la vista el resultado de la suba escalonada y “solidaria” propuesta por el Gobierno, en comparación con la movilidad suspendida. El ajuste a los jubilados arrojaría un ahorro fiscal de $ 8.500 millones en tres meses.

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Por otro lado la consultora Elypsis ha estimado que "A pesar de recortar los ingresos de 2.700.000 beneficiarios y de otorgar aumentos que consideramos muy poco significativos (en el mejor de los casos, $190 por mes), el ahorro fiscal es bajo y, en nuestra opinión, insuficiente para justificar una medida con altos costos contingentes. En línea con las estimaciones oficiales, creemos que el impacto fiscal será marginal: un ahorro de apenas $3500 millones por mes, equivalente a una cuarta parte del costo que tuvieron los dos bonos de $5000 dispuestos en la ley de solidaridad", señalaron, y agregaron que la decisión de suspender la movilidad parecía "más una señal de cara a la renegociación de la deuda que un mecanismo para generar un ahorro fiscal que promete ser magro y temporario, considerando los eventuales juicios futuros, que podrían derivar, como en el pasado, en un elevado costo fiscal".

Por su parte la consultora PxQ de Emmanuel Álvarez Agis, economista afín al gobierno sostuvo que el ahorro fiscal por la medida sería de $ 17.000 millones en tres meses. Y además señala que “la mitad que peor está recibe más que con la fórmula anterior; y la mitad que “menos peor está”, recibe menos”. En cuanto al efecto fiscal, estima, es decir 0,5 puntos porcentuales por debajo del que resultaría de la aplicación de la fórmula anterior.

¡Que no te engañen! Hay ajuste

Alberto Fernández intenta por todos los medios convencer a la opinión pública sobre el efecto solidario de sus medidas, que apuntan directamente contra los más vulnerables: los jubilados. Pero así como no se puede tapar el sol con la mano, todos tenemos un padre o abuelo o conocido que seguramente no llega a fin de mes, cobre apenas unos miserables $ 20.000 que no le alcanzan para afrontar dignamente sus gastos (la canasta para la tercera edad esta se aproxima a los $ 38.000) y es parte de aquellos que no percibieron bono alguno y su aumento es menor al que hubiesen recibido con la movilidad suspendida.

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El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino advirtió que la medida anunciada es de carácter inconstitucional porque las subas no pueden ser inferiores a la ley de movilidad suspendida que preveía un aumento de 11,56 % para todos en marzo, un derecho adqurido. Y adelantó que interpondrá una medida cautelar buscando que el Poder Judicial revierta la decisión de Alberto Fernández de suspender la ley de Movilidad Jubilatoria

Este nuevo robo a los jubilados se da bajo el contexto de las negociaciones con el FMI de una deuda odiosa, con el recorte fiscal sobre el gasto a las jubilaciones desde el gobierno pretenden mostrar voluntad de pago. Bajo el criterio de extraña solidaridad, el esfuerzo lo realizan obligadamente los jubilados y los trabajadores que podrían quedarse sin clausula gatillo, lo que agravaría la perdida de salario real, mientras a los bancos y petroleras que amasaron grandes fortunas en los últimos años no se les pide nada.

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