Informe. “Sí, señor Trump” (las costosas políticas en Seguridad y Defensa)

En la misma semana en que el ministro de Defensa Oscar Aguad anunciaba la creación de una Fuerza de Despliegue Rápido, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, desde Estados Unidos, comunicaba la instalación de una base militar en Misiones.

La ministra de Seguridad viajó a Estados Unidos para reunirse primero con funcionarios del Departamento de Estado, luego con los del FBI, con los de la DEA y los de la Homeland Security (seguridad interior). A continuación viajó hasta Miami para encontrarse con el ministro de Defensa Oscar Aguad y el director del Comando Sur.

Después de la visita a Buenos Aires del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, los ministros de Defensa y Seguridad cumplieron con las órdenes del gobierno yanqui: avanzar en militarizar aún más la seguridad interior y permitir que fuerzas estadounidenses se instalen en una nueva base militar en el noreste argentino, más precisamente en la provincia de Misiones.

Luego de reunirse con el titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Robert Patterson, la ministra Bullrich anunció la instalación de una “task force” (fuerza de intervención) en la ciudad de Posadas. Bajo el pretexto de “combatir” el narcotráfico y el terrorismo, las fuerzas estadounidenses se instalarán en el noreste argentino, a pocos kilómetros de la Triple Frontera, donde se encuentra una las mayores reservas de agua dulce del planeta: el Acuífero Guaraní, con 40 mil kilómetros cúbicos de agua potable que subyacen en la zona.

Además, Bullrich firmó un acuerdo de cooperación con el FBI para capacitar a los agentes de la Policía Federal.

Mientras que el ministro de Defensa, antes de partir hacia Estados Unidos, puso en marcha el plan diseñado por el Comando Sur de Estados Unidos: la formación de una Fuerza de Despliegue Rápido, compuesta por miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para que cooperen con las fuerzas de seguridad interior.

“En principio”, según Aguad, comenzarán a dar apoyo logístico en operativos que realicen Prefectura, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La frase “en principio” deja claro que esto es solo el comienzo para avanzar en la modificación de las leyes de Seguridad y Defensa que impiden que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad interior.

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El ministro de Defensa informó que estas fuerzas serán equipadas con la compra de helicópteros, camiones de brigada, armamento moderno y aviones. Por su parte el general Aldo Sala, comandante de las Fuerzas de Despliegue Rápido (FDR), explicó que esta unidad “está concebida como una fuerza de empleo variable”, lo que significa que “tienen que estar en condiciones de ser empleadas en cualquier lugar del territorio” nacional.

Las FDR están anunciadas para intervenir no solo en la supuesta lucha contra el narcotráfico, sino también contra las supuestas organizaciones “terroristas” y el cuidado de los recursos naturales. Como es de prever, bajo el pretexto de estas áreas de incumbencia estas nuevas fuerzas podrían utilizarse contra los pueblos originarios que reclaman la recuperación para uso comunitario de sus tierras ancestrales. Lo ocurrido en la Patagonia, con los crímenes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, tuvo este objetivo: defender los intereses de los terratenientes y permitir la extranjerización de las tierras y el suelo nacional.

Esta no es la única política que el Gobierno acordó con las autoridades del Comando Sur. Efectivos argentinos participaron en Perú de los ejercicios “Fuerzas Comando 2016”, dirigidos por el Comando Sur, donde son entrenados para combatir las “nuevas amenazas”.

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La pesada, muy pesada herencia

Estas políticas del gobierno de Cambiemos son una verdadera continuidad de las iniciadas por el gobierno que lo precedió. Consultado por el diario Página|12, el exministro de Defensa y actual diputado nacional por el FpV Agustín Rossi cuestionó la resolución de Aguad. “La ley prevé el apoyo logístico y eso ya existe hoy. Por ejemplo, poder utilizar los aviones del Ejército o camiones para llevar suministros a un puesto sanitario. Pero en ningún caso significa una fuerza de despliegue rápido armada. ¿Para qué querés una fuerza así si no es para actuar en seguridad interior?”, se preguntó Rossi. Pero solo cuenta una parte del relato.

En 2011, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, la expresidenta Cristina de Kirchner firmó el decreto 1091 a través del cual se puso en marcha el plan Escudo Norte. Un programa de control del espacio aéreo con tecnología de radares militares en el norte del país. Como señaló en aquella oportunidad la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré, el plan era “una política de Estado” fundada en la “colaboración entre las FF.AA. y las fuerzas de seguridad” (Página|12, 24/07/11). La política de Cambiemos es un nuevo paso adelante en la misma dirección.

Macri no sólo prorrogó el plan Escudo Norte inaugurado por el kirchnerismo y avanzó en las políticas de reconciliación y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Además, a través de un decreto resolvió otorgarle mayor autonomía a esas fuerzas para que la cúpula militar decida los ascensos y traslados. De esta forma los militares pueden ascender con menos controles (es decir que genocidas aún en actividad pueden obtener mejores cargos) o ser trasladados donde mejor puedan ejercer su rol represor.

Como bien señala Rossi la ley también prevé “poder utilizar los aviones del Ejército o camiones para llevar suministros a un puesto sanitario”. Vale recordar que cuando el Ejército estaba al mando del genocida César Milani (hoy detenido en causas por crímenes de lesa humanidad) Cristina Kirchner dijo que “las Fuerzas Armadas tienen un nuevo rol a través de la solidaridad y la ayuda, lo que nos permite cerrar la brecha que épocas trágicas abrieron en nuestras Fuerzas Armadas y la sociedad” (La Nación, 4/7/13).

Los dichos de Cristina hablan por sí solos. A través de esta política de “reconciliación”, envió a los militantes de La Cámpora a compartir con el Ejército tareas de asistencia a los damnificados por las inundaciones en La Plata. Esa política continúa hoy cuando el Ejército “colabora” en la ayuda a los inundados de Salta.

En algo acierta el diputado Rossi: estas políticas tienen por objetivo utilizar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Pero el gobierno que él integró no dudó nunca en avanzar, en la medida que la relación de fuerza le permitía, en estos mismos objetivos.

Imperialistas para la cumbre del G-20

Estas políticas proimperialistas, que permiten mayor injerencia de Estados Unidos en el país, no terminan allí.
Durante la gira por el país del norte, Bullrich y Aguad cerraron otros acuerdos. Estados Unidos se comprometió a prestar “ayuda” en seguridad e inteligencia durante la realización de la Cumbre del G-20, a realizarse en el país a finales de año.

La información se conoció luego de las reuniones que la ministra de Seguridad y el titular de Defensa tuvieron, el 12 de febrero, con la cúpula del Comando Sur de Estados Unidos. Los ministros cerraron acuerdos sobre la planificación de la seguridad durante el año “hasta” la Cumbre.

“El Comando Sur cubrirá desde asistencia técnica por parte de especialistas hasta apoyo aéreo, pasando por capacitaciones, entrenamiento con fuerzas especiales y asuntos de comunicaciones, inteligencia y equipamiento”, indicaron las fuentes del Ministerio de Seguridad al diario La Nación.

Pero Estado Unidos no es el único que ofrece “colaboración”. Allí están Rusia e Israel pujando por venderle a Argentina ciberseguridad para el G-20.

Mauricio Macri, en su último viaje, se reunió con Vladimir Putin en el Kremlin y, entre otras cosas, hablaron sobre la seguridad de la Cumbre. Una semana después aterrizó en Buenos Aires un empresario ruso del sector de la ciberseguridad, quien mantuvo una reunión el 25 de enero con funcionarios del Ministerio de Defensa. Entre los acuerdos alcanzados por Macri y Putin está el de desarrollar el sistema de posicionamiento satelital ruso Glonass en la Argentina.

Por el lado de Israel, el interés pasa por proporcionar ciberdefensa al gobierno de Cambiemos. El premier israelí Benjamín Netanyahu visitó Argentina en setiembre de 2017 y lo hizo acompañado por gerentes de empresas como Verint, Elbit y Mer Cyber.

La firma de dos acuerdos de cooperación en seguridad pública e interior con Israel permitió la adquisición de lanchas patrulleras y sistemas de vigilancia fronteriza. La operación se concretó después de una visita de la ministra Patricia Bullrich a Tel Aviv en noviembre de 2016, donde mantuvo un encuentro con su par Gilad Erdan.

Por otro lado una empresa francesa, líder en servicio de geolocalización -que abastece al gobierno francés- visitará la Argentina para reunirse con funcionarios del Ministerio de Seguridad, a quienes les harán una demostración de esa tecnología.

Armas de todo calibre

La Cumbre del G-20 es un nuevo pretexto del Gobierno para continuar invirtiendo en equipamientos para Seguridad y Defensa. En septiembre llegaron las primeras cuatro aeronaves Beechcraft TC6 Texan II de las doce adquiridas a Estados Unidos, que estarán destinadas al entrenamiento de pilotos y al control de la frontera norte.

Este mes la Armada adquirió cinco aviones de combate Super Etendard de Francia, que aún no llegaron a la Argentina, a un costo cercano a los 12,5 millones de euros.

Compró también armamentos por U$S 2 mil millones; y el Ministerio de Seguridad equipó a Gendarmería por $ 2.400 millones y licitó 15 millones de balas de goma. La “doctrina Chocobar” fue precedida por estas millonarias inversiones.

Según trascendió, el ministro Oscar Aguad dispone de un presupuesto para atender gastos operativos y de funcionamiento para la cumbre del G-20 que ronda los $ 90 millones. El Ministerio de Defensa contará en 2018 con una suba presupuestaria del 14 % respecto al año pasado.

A estos anuncios, ya de por sí amenazantes para el pueblo trabajador, se suma otro. El Ministerio de Defensa ordenó la compra de material bélico y declaró secreta dicha operación “por razones de seguridad y defensa nacional”. Compró armas para “potenciar la capacidad disuasiva”. Esta operación fue anunciada en el Boletín Oficial y lleva la firma de Mauricio Macri, Oscar Aguad y el jefe de Gabinete Marcos Peña.

Esta política reaccionaria, que no es más que la expresión de las políticas de Estados Unidos hacia los países de América Latina, sustentada en el empleo de las Fuerzas Armadas en la “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, es un peligro para las masas, como ya se ha visto en Colombia y México.

La “supuesta guerra contra el narco” es un plan de subordinación a la estrategia de seguridad de los Estados Unidos. El gobierno de Cambiemos accede dócilmente a los órdenes de Washington al tiempo que busca relegitimar a las Fuerzas Armadas después de años de desprestigio masivo por su rol genocida durante la dictadura y su capitulación antes las tropas inglesas en la Guerra de Malvinas.

Los objetivos son claros, garantizar los negocios imperialistas y aumentar la función represiva del Estado para contener la protesta social frente a los despidos y las contrarreformas que el Gobierno pretende aplicar.

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