La jueza Silvia Saino señaló que cada uno de los afectados tiene que hacer su juicio individual. La Defensoría de la Tercera Edad apelará la decisión. La suspensión de la movilidad jubilatoria es una medida de ajuste fiscal a pedido del FMI.
Martes 3 de marzo de 2020 10:39
La primera medida de impacto de su Gobierno la tomó Alberto Fernández en diciembre y fue el ajuste a los jubilados.
La suspensión de la movilidad jubilatoria, que perjudica a casi tres millones de jubilados que cobraron en marzo menos de lo que tendrían que haber cobrado, busca un ajuste fiscal para avanzar en el objetivo que la Ley de Emergencia del Gobierno definió como prioritario, que es renegociar la deuda para seguir pagando a los especuladores.
En este marco, se había presentado una demanda colectiva para pedir la inconstitucionalidad de la medida, auspiciada por el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino,y que había sido firmada por alrededor de 7000 jubilados.
Como respuesta, esta mañana la Justicia rechazó la misma, que se había presentado el pasado 21 de febrero. La jueza Silvia Saino señaló que la demanda carece de “legitimación activa” y a partir de ahora la misma seguirá adelante solo por la titular que la inició y no por el reclamo colectivo.
“La jueza dice que cada uno de los dos millones de afectados tienen que hacer su juicio individual, obviamente ya estamos apelando a la Cámara y de ahí por per saltum a la Corte”, confirmó al portal Infobae Eugenio Semino.
Mientras la prioridad sea volver a negociar con el FMI y con los bonistas una deuda ilegal e ilegítima, que además es impagable, seguirán perdiendo los jubilados, la salud y la educación. Hay que invertir las prioridades.
