Además la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) dispuso un paro en todo el país, excepto EN el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y un puñado de distritos. El intendente Javkin reclama más subsidios
Romina Faccioli Redacción LID Rosario
Lunes 18 de mayo de 2020 20:20
En principio, la medida de fuerza continuaría hasta el miércoles, cuando hay una nueva reunión convocada para intentar destrabar el conflicto. Desde la UTA Nacional anticipan el endurecimiento de las medidas ante la falta de respuestas del sector empresarial. Las empresas abonaron sólo el 50 % del sueldo de abril, argumentando que no cuentan con el dinero suficiente debido a la caída de la recaudación debido a la cuarentena nacional por el coronavirus, y solicitan un aporte extraordinario del Estado para afrontar la crisis.
Esta medida histórica de paro durante la pandemia fue tomada en el caso de Santa Fe y Tucumán desde el 11 de mayo, y por otras provincias desde el 12 por el fracaso de las negociaciones con las cámaras empresarias para que los trabajadores perciban los salarios completos de abril.
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El gremialista Roberto Fernández, que integra la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), explicó la postura de los empresarios que pone en jaque el salario de 35 mil choferes del interior del país. La exigencia es la creación de un fondo adicional de 2.000 millones de pesos para repartirse entre las empresas del interior del país. Sin embargo, desde el gobierno anunciaron que no habrá nuevos subsidios nacionales y transfirieron la gestión a las jurisdicciones provinciales.
El 30 de abril se renovó por 120 días el convenio de subsidios que Nación firmó con las provincias, y estas con las ciudades. Dicho acuerdo exigía a las ciudades congelar el boleto de colectivos. A Santa Fe se le asignó una suma cercana a los 21 millones de pesos, que abarca el subsidio al gasoil y la nueva pauta salarial. Las provincias y los municipios exigen a la Nación que compense la pérdida que tuvieron las empresas por falta de pasajeros desde el 20 de marzo. A través del Ministerio del Interior, la Casa Rosada depositó Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que para Santa Fe fue de $1.769 millones, y que aducen que se podría usar para dar recursos al sistema de transporte.
En el medio los choferes siguen sin haber recibido su salario completo y en una situación desesperante. La UTA deben convocar a una movilización de todos los trabajadores del sector para exigir a las patronales el pago inmediato de los salarios y la apertura de los libros contables y que expliquen a donde van a parar los millones de pesos que se embolsaron todos estos años.
Por su parte el intendente de Rosario, Pablo Javkin, reclamó por la desigual distribución de los subsidios nacionales para el transporte, ya que el AMBA recibe proporcionalmente mayor dinero que las provincias. Si bien los subsidios no son repartidos de manera equitativa como denuncia Javkin, lo cierto es que el destino de los subsidios que reciben las empresas que gestionan el transporte rosarino es inciero.
Los sucesivos gobiernos del Frente Progresista en Rosario -del cual el actual intendente es parte- tienen un largo historial en resguardar los intereses de los empresarios del transporte en la ciudad. Los aumentos de boletos a pedido de los empresarios fueron moneda corriente, especialmente bajo las gestiones de Mónica Fein, a quién el propio Concejo le otorgó facultades para aumentar el boleto a discreción. Siempre justificado con el "estudio de costos" en los que se repetía como un mantra que el servicio era "deficitario", pero jamás se hicieron públicos los balances contables de las empresas para demostrarlo y para que se la población conozca los números de la ganancia empresarial.
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Ahora que la cantidad de pasajeros y la recaudación disminuyeron pronunciadamente por el aislamiento obligatorio, Javkin afirma que "la prioridad absoluta es asegurar el salario" de los choferes, pero avala a los empresarios que se llenaron los bolsillos a costa de boletos carísimos y que ahora quieren descargar la disminución de sus ganancias en los trabajdores que sostienen el servicio.
El transporte público no puede seguir en manos de empresarios privados que solo velan por sus ganancias y mantienen un servicio en pésimas condiciones. Para tener un transporte de calidad y accesible al bolsillo de los usuarios, en su mayoría trabajadores y estudiantes, es necesario nacionalizar el servicio de transporte de todo el país y ponerlo bajo bajo gestión y control de comités de usuarios y trabajadores, los únicos interesados en que funcione de manera eficiente y al menor costo. El transporte, como los servicios públicos fundamentales para la sociedad, no pueden estar sujetos a la lógica del lucro de unos pocos, sino que deben ser puestos al servicio de mejorar la calidad de vida de las mayorías.
