Es por el rechazo gremial a abonar la increíble multa que el Ministerio de Trabajo quiere cobrarle. El objetivo de fondo es disciplinar a las organizaciones gremiales y a los trabajadores en el marco del ajuste.
Viernes 27 de julio de 2018
Foto: Otros tiempos, Hugo Moyano y Jorge Triaca inaugurando una clínica de Camioneros.
Más allá de la colaboración que Hugo y Pablo Moyano prestaron en los primeros años de la gestión macrista, ahora el gobierno nacional quiere avanzar contra el sindicato de Camioneros y doblegarlo.
Este jueves se conoció que el Ministerio de Trabajo de la nación intentará embargar los fondos de ese gremio. ¿El motivo? El intento de cobrar una millonaria multa contra esa organización.
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Como se recordará la multa alcanza el insólito valor de $ 810 millones y está basada en el desconocimiento, por parte de Camioneros, de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio que conduce Jorge Triaca.
El supuesto incumplimiento tuvo lugar en diciembre de 2017, es decir hace más de medio año. La medida se conoció hace apenas una semana. Imposible no hacer una lectura política de la decisión del oficialismo.
Como resulta lógico Hugo Moyano, titular de Camioneros, rechazó la multa y denunció el intento de doblegar a su organización. En una conferencia de prensa que tuvo lugar el pasado martes, el dirigente sindical se defendió y criticó al gobierno.
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Entre otras cosas, señaló que el ataque se debe a en la negociación paritaria, Camioneros “rompió el techo del 15 %” que el oficialismo había establecido para las paritarias.
Ante esta negativa, el gobierno ya anunció que recurrirán al Poder Judicial para garantizar el cobro de la millonaria multa. El ministro Triaca pedirá el embargo de los fondos del gremio. Aunque suene increíble, el titular de Trabajo afirmó que “no hay lugar para la impunidad” en relación a la negativa gremial a pagar la multa.
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No viene mal recordar que se trata del mismo funcionario que, además de tener empleados en negro, utilizó en beneficio personal y político la intervención en el Somu (obreros marítimos). Como se ve, para el oficialismo lo que sobra es el “lugar para la impunidad”.
Lo que deja en evidencia la decisión del gobierno es un claro intento de disciplinar a las organizaciones gremiales y a la clase obrera en su conjunto, en el marco del ajuste en curso.
Los números de la economía evidencian una creciente caída del nivel de vida de la población trabajadora. El enfriamiento de la economía se conjuga con una creciente inflación y un aumento inicial de la desocupación.
Sin embargo, el moyanismo –al igual que otros sectores del sindicalismo burocrático- ha estado lejos de plantear una respuesta a la altura de este ataque. Los discursos críticos de la conducción de Camioneros no se han traducido en medidas de fuerza o llamados a la lucha capaces de frenar el ataque del gobierno y las patronales.
Muy lejos en el tiempo quedó la masiva manifestación del 21 de febrero en la avenida 9 de Julio. Esa movilización mostró un enorme poder y un fuerte descontento hacia la gestión macrista. Sin embargo, el moyanismo eligió abandonar las calles y sumarse al operativo que realiza el peronismo de conjunto, destinado a montar una salida electoral en 2019.
Esa negativa a profundizar la movilización es la que también explica la ofensiva del gobierno contra Camioneros. El oficialismo, contando a su favor con la pasividad abierta de la mayoría de la dirigencia sindical, avanza contra el gremio que conduce Moyano.
En la contabilidad del gobierno entra el cálculo de una respuesta moderada por parte de la conducción gremial. Una muestra más de los enormes límites de la dirigencia sindical burocrática a la hora de enfrentar los ataques patronales. Una evidencia más de lo necesario que se hace recuperar las organizaciones gremiales de manos de estas conducciones.
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