A dos años de la declaración de Emergencia Sociosanitaria en los departamentos del norte de la provincia, la falta de agua potable sigue siendo un problema estructural en las comunidades originarias y hay más de 7.500 menores de cinco años en riesgo nutricional.
Viernes 21 de enero de 2022 16:12
Esta semana, a días de cumplirse dos años de declarada la Emergencia Sociosanitaria en los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán del norte salteño, fallecieron por desnutrición al menos dos bebés wichís de Santa Victoria Este.
Tras ser consultado, el cacique de la comunidad La Puntana, Pablo Solís (quien además es abuelo de uno de los bebés) denunció que “siguen muriendo los chicos de La Puntana”. Su nietito de tan solo 9 meses presentó durante días un cuadro de deshidratación y sepsis, y la niña de 11 meses tenía diarrea, deshidratación y vómitos, asociados a la falta de acceso al agua potable.
Días antes, se produjo el femicidio de otra niña indígena (Pamela), que fue asesinada con arma blanca. Su cuerpito, que fue hallado el sábado, presentaba signos de abuso. El velorio se llevó adelante en su comunidad, Misión Kilómetro 2 de la localidad Pluma de Pato (Rivadavia Banda Norte), en las condiciones más precarias. Sin asistencia de los Gobiernos local ni nacional.
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Frente a este hecho y el fallecimiento de una adolescente wichí hace una semana en el hospital de Tartagal en el marco de un aborto espontáneo no asistido, el ministro de Salud Juan José Esteban informó recién el martes que “empezamos el año con más defunciones por desnutrición y complicaciones por deshidratación”. Cuando el silencio, que se impone desde los Gobiernos y los medios hegemónicos locales para tapar estos hechos, se volvió insoportable tras la explosión en las redes de la bronca y luego de que llegara el caso de Pamela a los portales nacionales.
Además, en relación al aumento de casos de covid, el cacique de La Puntana denunció que la vacuna no llega a las comunidades. Mientras Salta encabeza el ranquin de las provincias con menor cantidad de habitantes con la segunda y tercera dosis.
Como si viviera en una realidad paralela, el gobernador peronista Sáenz se mantuvo en silencio toda la semana. Este miércoles posteó en sus redes, y sin sonrojarse: “Seguimos trabajando para fortalecer el sistema sanitario en cada rincón de nuestra provincia. La salud es nuestra prioridad💪🏻♥️”.
👉🏻 Seguimos trabajando para fortalecer el sistema sanitario en cada rincón de nuestra provincia. La salud es nuestra prioridad💪🏻♥️
— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) January 19, 2022
Problema estructural: salida de fondo
En diciembre, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia había denunciado que “según información oficial, al menos 7543 menores de 5 años que residen en estas comunidades se encuentran en estado de riesgo nutricional. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, en los territorios de emergencia fallecieron 108 niñas y niños en 2020 y, en el transcurso de los primeros 6 meses de 2021, se registraron 64 casos”. Números que acompañan frías estadísticas, pero representan vidas, y muestran que en plena crisis socioeconómica agravada hace dos años por la pandemia de covid 19 y el pago de la deuda externa al FMI que lleva adelante el Gobierno de Alberto Fernández, los pueblos originarios son los que peor la pasan. Situación que no se revirtió, ni mucho menos, tras los 12 años de Gobierno kirchnerista puro, que tuvieron en la mayoría al ex gobernador Juan Manuel Urtubey como aliado en la provincia.
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En twitter, la referente del PTS y ex convencional constituyente por el Frente de Izquierda, Daniela Planes, realizó una denuncia fuerte de las condiciones en las que viven las comunidades: “Bronca y dolor por la muerte de dos bebés de la comunidad wichí. Muertes evitables. Un crimen social que es consecuencia de un Estado racista que banca a los empresarios del desmonte y la soja”.
Bronca y dolor por la muerte de dos bebés de la comunidad wichí. Muertes evitables. Un crimen social consecuencia de un Estado racista que banca a los empresarios del desmonte y la soja.
La pobreza y discriminación estatal matan. pic.twitter.com/g3K130bQGE— Daniela PlanesS (@DaniPlanesS) January 20, 2022
“Sigue el cinismo por parte de los Gobiernos nacional y provincial. Hace dos años se declaraba la Emergencia Sociosanitaria por los alarmantes números de desnutrición infantil en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, un papel mojado”, expresó Planes. Haciendo alusión al problema estructural que presentan las comunidades, que son tapa de los medios nacionales cuando mueren sus integrantes pero son invisibilizadas sus luchas ancestrales por derechos elementales como el acceso al agua, el territorio, la salud y educación intercultural, la referente de la izquierda remarcó que “se necesitan medidas para revertir esta situación de miseria para las comunidades que es histórica, empezando por garantizar el acceso al agua potable, a su territorio , y la asistencia social de forma urgente. Basta de hambre y la desnutrición. La plata tiene que ir a las comunidades originarias, a las y los trabajadores y el pueblo pobre, no al pago de la deuda provincial, como hace Sáenz. Tampoco, al pago de la deuda externa fraudulenta con el FMI como hace el Gobierno de Fernández”.
Florencia Gasparini
Nació en 1979. Es maestra en escuelas públicas de Salta y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas y de la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Integra la redacción de La Izquierda Diario Salta.