#CuadernoGate: corrupción y capitalismo.

Es difícil escribir algo que no quede superado por los hechos sobre una causa que tiene novedades (y “arrepentidos”) a diario [1]. Igual vamos a intentarlo. Es evidente que las consecuencias del “cuadernogate” irán decantando con el tiempo. Tuvimos en nuestra historia no muy lejana casos que hicieron mucho ruido político y mediático pero luego no tuvieron casi ninguna consecuencia penal, como fue el caso de los sobornos en el Senado por la llamada “ley Banelco”. Pese a que provocó la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez y fue el principio del fin del gobierno de la Alianza, el caso quedaría desestimado con coimeadores y coimeados libres de culpa y cargo y Pontaquarto como único procesado por “embaucador”. Por el momento, no parece que este vaya a ser el destino de la causa abierta a partir de las fotocopias de los cuadernos supuestamente redactados por ex suboficial del Ejército (y presunto agente de inteligencia) Oscar Centeno, aunque es útil discernir ente los efectos políticos y los jurídicos en casos de este tipo.

En el “cuadernogate”, la línea de defensa de los primeros empresarios “arrepentidos” buscando dejar todo como un hecho vinculado al financiamiento de campañas electorales y haciéndose las “víctimas” quedó en gran medida invalidada con la declaración el viernes 10 de agosto de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. En ella señaló que bajo el kirchnerismo existía un sistema cartelizado de obra pública entre las principales empresas constructoras, que incluía entre un 10 y un 20 % de pago de coimas a los funcionarios gubernamentales, involucrando directamente a empresarios vinculados al macrismo. En su “arrepentimiento” Wagner incriminó nada más y nada menos que al Presidente al declarar que los operativos de corrupción fueron tramados en 2004 con una serie de empresas entre las que se encuentra Iecsa, que para esa fecha era propiedad de Franco y Mauricio Macri. Por su parte, Luis Betnaza de Techint declaró haber pagado por las gestiones del anterior gobierno ante Venezuela para cobrar la indemnización por la expropiación realizada por Hugo Chávez a la empresa SIDOR. Pero aún sin estas declaraciones el planteo de los empresarios de presentarse como “víctimas” no resiste el menor análisis: pagaban coimas para obtener negocios millonarios, hubiese o no campaña electoral. IECSA incluso aparece vinculada directamente a los sobornos pagados por Odebrecht para conseguir el soterramiento del Sarmiento, lo que explica el lento avance de esta causa en nuestro país.

Desde el vamos el juez y el fiscal (que tomaron en forma irregular la causa de acuerdo al recurso del fórum shopping [2]) han direccionado la causa dando un tratamiento desigual para los imputados. Protegiendo a los empresarios vinculados al actual gobierno (como Calcaterra) y dejando con mayor responsabilidad a los relacionados con el gobierno anterior (tanto empresarios como funcionarios) que no se “arrepientan”, todo con el objetivo de llevar la causa hacia una supuesta “asociación ilícita” dirigida sucesivamente por Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Llama, por ejemplo, la atención que aún no haya sido citado Marcelo Mindlin, cuando está nombrado en los cuadernos y supo hacer muy buenos negocios tanto con los Kirchner como con Macri.

Algo similar ya vimos en la operación “lava jato” en Brasil, donde no estuvimos ante la acción moralizadora de un juez imparcial, sino ante una operación política-mediática-judicial orquestada por un personaje como Sergio Moro [3] con amplios lazos con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia norteamericanos, con la doble finalidad de tratar de imponer un gobierno más directamente afín a sus intereses y debilitar la posición de los gigantes empresarios brasileños beneficiados de la relación con el poder político del país vecino. De ahí el tratamiento diferencial que recibieron Dilma Rousseff –a quien no pudo probarse la recepción de coima alguna– y Lula respecto de Temer u otros políticos de la oposición al PT que recibieron jugosos retornos de los grupos empresarios. Mientras Lula está preso por una condena llena de arbitrariedades (donde el jefe del ejército amenazó con intervenir si el Tribunal Supremo lo liberaba) y muy probablemente sea impedida su candidatura presidencial a pesar de ser quien cuenta con mayor respaldo en las encuestas, Geraldo Alckmin, el candidato del imperialismo y la gran patronal, respaldado por el PSDB y otros siete partidos, anda como si nada a pesar de que Odebrecht declaró haberle dado dinero no declarado a través de su cuñado.

Este paralelo con Brasil sobre la utilización política de los casos de corrupción abre a las hipótesis de quién está detrás de los “cuadernos”. Fue el editorialista de La Nación Carlos Pagni quien primero mencionó la hipótesis de una acción externa (“¿de la CIA?”, se preguntaba) que habría tenido como objetivo atacar los negocios de China en Argentina, a partir de la asociación de empresas de ese país con las constructoras locales involucradas en las coimas para obras de envergadura (como Electroingeniería, socia de Gezhouba Group en las represas del sur), y por la continuidad de la base militar china “para uso pacífico” en Neuquén, criticada en un extenso artículo aparecido no hace muchos días en The New York Times. A esto debemos agregar la relación de Claudio Bonadío con “la embajada”. Según consignaron varias crónicas, el juez fue la figura estelar de la reciente celebración de la independencia estadounidense el último 4 de julio. Cabe señalar que en la relación económica con China, Macri ha continua do lo hecho durante el kirchnerismo, donde su padre era una especie de embajador oficioso y realizó jugosos negocios. Incluso referentes del radicalismo tienen también relación con las empresas constructoras chinas, como el caso de Ricardo Gil Lavedra que es abogado de Gezhouba Group. El capítulo local de la guerra comercial entre Estados Unidos y China es el aspecto geopolítico que podría estar detrás de la operación de inteligencia que habilitó el “cuadernogate”.

Neoliberalismo y corrupción

La utilización de casos de corrupción por parte de las potencias imperialistas para hacer avanzar los negocios de sus multinacionales no es una novedad. Como demuestra Sebastián Pereyra en el libro Política y transparencia [4], la transformación de ciertos casos de corrupción en un “problema público” fue un tema central de las políticas neoliberales, imponiendo el supuesto que las empresas públicas eran un factor corruptor al entrometerse en negocios que debían estar en mano privadas. Poder Ciudadano en nuestro país, por ejemplo, se desarrolló bajo esta matriz y operó financiada, entre otros, por la Fundación Ford y la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), y no casualmente felicitó inicialmente la política de privatizaciones de Menem como una forma de luchar contra la corrupción (sic), políticas que después tuvo que cuestionar ante la generalización del “robo para la corona” durante el menemato. Esta misma organización impulsó seminarios y cursos con visitas al país de importantes difusores del abordaje neoliberal sobre el tema. Entre estos se encuentra la economista estadounidense Susan Rose-Ackerman quien publicó en 1978 su clásico Corruption: A study in political economy. Pereyra sintetiza el planteo allí desarrollado:

la corrupción es un fenómeno que se produce en los ámbitos de interacción entre el Estado y el sector privado, y como consecuencia de la excesiva intervención del primero en la actividad económica –ya sea como productor o como agente regulador–. El Estado como comprador de bienes y servicios y la excesiva regulación estatal de la actividad privada son, desde este punto de vista, los incentivos fundamentales para que se produzcan casos de corrupción [5].

Como vemos, un diagnóstico a la carta para justificar las políticas neoliberales que asolarían América Latina en la década de los ’90. A nivel global, Transparencia Internacional, fundada en 1993, es quizás la más conocida de un conjunto de fundaciones auspiciadas por agencias internacionales, los gobiernos imperialistas y corporaciones privadas encargadas, a través de “expertos” académicos y juristas, de difundir una visión sesgada del fenómeno. Así definen qué tipo de prácticas van a ser condenadas como corruptas y cuáles no, buscando disociar a estas del contenido capitalista de las políticas e intereses sociales y materiales que sostienen las prácticas corruptas y corruptoras. Por ejemplo, tienden a dejar fuera del análisis las maniobras ligadas a los negocios financieros, como es el caso de los grandes endeudamientos de los Estados, tal como ocurrió en nuestro país con la estatización de la deuda privada bajo la dictadura o el “megacanje” bajo el gobierno de la Alianza. Por el contrario, ponen en general la lupa en los países periféricos o en imperialismos menores (ocultando o disimulando la existente en los principales países imperialistas) al servicio de favorecer más dosis de neoliberalismo y “apertura” para sus multinacionales. Otro aspecto de esta mirada es presentar la corrupción como la principal causante de las crisis económicas y las penurias de las masas, cuando puede implicar cantidades importantes pero siempre menores en relación a los grandes negocios capitalistas. Por ejemplo, en los “cuadernos” se habla de coimas que según las anotaciones de Centeno no llegarían a los U$S 200 millones [6], cuando la corrida financiera de abril-mayo se llevó en un par de semanas U$S 15 mil millones de reservas del Banco Central. Por no hablar de los cerca de U$S 400.000 millones que los más ricos de este país han fugado en forma ilegal al exterior mediante maniobras de evasión y elusión impositiva con la complicidad de la banca privada. Solo el “blanqueo de capitales” realizado bajo el gobierno macrista implicó la friolera de U$S 120.000 millones (la mayoría declarados fuera del país), que los más ricos de este país han reconocido fugar. Esto no significa, ni mucho menos, exculpar a los corruptos, sino poner de manifiesto la magnitud tanto de lo que se muestra como de lo que se oculta.

La reaparición de la corrupción como tema de agenda pública central en distintos países latinoamericanos (a partir de las derivaciones del caso Odebrecht en gran medida) no puede hoy separarse de una política imperialista estadounidense más ofensiva para favorecer los negocios de sus empresas multinacionales y lograr una subordinación mayor de nuestros países en todos los terrenos, incluyendo el militar con la imposición de una “agenda de seguridad” basada en el “narcotráfico” y el “terrorismo internacional” y favoreciendo la intervención de las fuerzas armadas en tareas de represión interna.

Esto, sin embargo, no absuelve de sus responsabilidades en haber montado los entramados de negocios corruptos con las “burguesías nacionales” a los gobiernos “nacionales y populares” ni puede justificar en manera alguna el enriquecimiento personal de los funcionarios. La operación del “cuadernogate” (como antes el caso de Lázaro Báez o los bolsos de José López) está montada sobre la realidad del sistema de pago de coimas en la obra pública que estuvo presente durante el kirchnerismo.

Cierto, no fueron los únicos. Es un sistema que operó también antes y lo siguió haciendo después, bajo el macrismo (y que abarca también a los gobiernos provinciales), donde la forma de beneficiar a ciertas empresas tiene como modus operandi predilecto el ministro o el funcionario que está “de los dos lados del mostrador” y toma decisiones que favorecen las ganancias de la empresa de la cual proviene. Con el agravante que estamos ante un gobierno que no tiene mucho ángulo para criticar a la “patria contratista”, cuando el propio Grupo Macri ha sido un gran favorecido por este sistema bajo numerosos gobiernos, incluso bajo el kirchnerismo, como muestra el lugar relevante de IECSA en la adjudicación de obra pública durante la “década ganada”. Si es que tuvo incidencia en fomentar la causa con el objetivo de compensar con “circo” la falta de “pan”, Macri podría estar actuando como aprendiz de brujo, desatando fuerzas que no puede controlar. No solo por lo aventurero de meterse en un tema que golpea de lleno a la “patria contratista” sino por el impacto económico que ya está teniendo este tema. Si bien no es la única causa, tal como ocurrió con el “lava jato” en Brasil, las consecuencias económicas de un caso judicial que envuelve a algunos de los principales grupos económicos que operan localmente fueron casi inmediatas, máxime en la situación de extrema vulnerabilidad que tiene la economía argentina. Luego del “cuadernogate” el dólar ha vuelto a dispararse y el riesgo país ha llegado a su máximo en tres años y medio.

Especulaciones y certezas

Los que se entusiasman con el “lava jato argentino” y los defensores del kirchnerismo tienen en común negar la parte de esta historia que cuestiona sus argumentos. Los primeros simplemente omiten toda referencia a las evidencias que muestran la existencia de una operación de inteligencia. ¿Pero cómo negar esto en medio de hechos que no cierran por ningún lado como el recuerdo repentino de Centeno sobre la quema de los cuadernos después de acompañar a Stornelli a buscarlos en su casa? ¿O que el ex chofer haya sido militar y Bacigalupo un ex policía admirador de Alberto Villar, uno de los jefes de la Triple A [7]? Es que si se admite que el “cuadernogate” surge producto de una operación, viene la pregunta del millón: ¿para quién escribía los cuadernos Centeno [8]?

Si hay dos certezas en esta causa, una es que es parte de algún tipo de operación político-judicial-mediática y la otra es que las coimas existieron, al punto que ni el más ferviente defensor del gobierno anterior se atreve a negarlas, sino que su cuestionamiento se centra en el carácter probatorio de las fotocopias de los cuadernos y la discrecionalidad del juez y el fiscal que llevan la causa.

Una arbitrariedad judicial que también es indiscutible. Ni Bonadío (creador de los “jueces de la servilleta” con Corach bajo el menemismo y con 75 pedidos de juicio político) ni Stornelli (que fue jefe de seguridad con Macri y Angelici en Boca) cuentan con credenciales como para sostener un discurso moralizante y de imparcialidad judicial. Pero así como la existencia de coimas y mecanismos de recaudación ilegal no pueden justificar la persecución política ni la arbitrariedad judicial, estas no implican la inexistencia de los hechos que figuran en los cuadernos y la responsabilidad política del kirchnerismo en lo ocurrido. La defensa de Cristina Fernández se basa hasta el momento en no dar ninguna explicación respecto de esto, dejando de lado la mitad de la historia que no le conviene mostrar.
Negocios y política

El 30 de abril de 2017 un artículo publicado en La Nación por Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y Hugo Alconada Mon señalaba:

No solo pagó coimas en la Argentina. Odebrecht también aportó dinero a la campaña presidencial de Mauricio Macri, según consta en documentos oficiales que cotejó La Nación. La donación del gigante brasileño se efectivizó mediante una de sus controladas, Braskem SA, que desembolsó $ 500.000 para respaldar la candidatura del líder de Pro a comienzos de 2015. Dos ejecutivos de Odebrecht y un lobbista de la empresa afirmaron, pero de manera extraoficial, que también aportaron a las campañas ‘de los principales candidatos en 2015’. Mencionaron a Daniel Scioli, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, ante la consulta de La Nación [9].

Días atrás en un programa televisivo donde se estaban tratando el “cuadernogate” los periodistas afirmaban que “menos Del Caño todos los políticos están preocupados por lo que está pasando”. Las dos referencias no son casuales. El Frente de Izquierda es la única fuerza política a la que Odebrecht ni ningún empresario aportaron fondos en la campaña presidencial de 2015 y la única que cuenta con la autoridad política para denunciar la podredumbre de los favores cruzados que se dispensan la clase capitalista y sus representantes políticos. Es que no solo en nuestro país el capitalismo funciona de este modo. Y por eso todos los que se disputan la gestión de este sistema recurren a estos mecanismos en mayor o menor medida.

Más allá de que sea utilizado como parte de una estrategia judicial por los empresarios para ser procesados por un delito menor (el delito de “cohecho” tiene una pena muy superior al de “financiamiento ilegal de campañas”), los fondos ilegales de las campañas son parte de los temas involucrados en el “cuadernogate”, que une este caso al escándalo de los aportantes truchos de las campañas de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires en 2015 y 2017. La utilización obscena de cientos de personas beneficiarias de los planes de la ANSES tuvo como objetivo el blanqueo de dinero colocado por grupos empresarios para la campaña cambiemita. En este tema ninguna de las fuerzas políticas del régimen (ni Cambiemos, ni el kirchnerismo ni el “PJ de los gobernadores” ni el Frente Renovador de Sergio Massa) puede tirar la primera piedra. Están todos enchastrados. De ahí lo limitado (e hipócrita) de la demagogia “honestista” que puedan querer hacer unos y otros. Comparten un entramado y una matriz de acción donde funcionarios y empresarios están “de los dos lados del mostrador”, ya sea porque otorgan negocios a empresas manejadas por amigos o testaferros o porque toman medidas económicas y políticas que benefician directamente a las empresas de las que hasta ayer nomás eran propietarios o gerentes.

Corrupción y capitalismo

Ernest Mandel señalaba en su trabajo El poder y el dinero de comienzos de la década del ‘90:

Dado el poderío irresistible de la riqueza y el dinero en el capitalismo, y la tendencia paralela a la corrupción personal, se desarrolla una forma refinada de interacción entre los intereses de las empresas privadas, los burócratas militares, los administradores estatales (incluyendo a los legisladores y a las autoridades municipales) e incluso partes de la burocracia sindical.

Esa es la base objetiva de la corrupción estructural en el capitalismo contemporáneo. Su erradicación tiene que ver con terminar con este sistema de explotación y opresión.

Señalar con claridad esta cuestión estratégica va de la mano de plantear una política independiente para intervenir en la crisis actual. En lo inmediato hay que desenmascarar el carácter del “cuadernogate” en todos sus aspectos. Ni el gobierno de Macri ni miembros de la casta judicial como Bonadío y Stornelli buscan “justicia” ni “transparencia”. Utilizan los negocios corruptos entre sectores de la burguesía local y funcionarios del anterior gobierno para favorecer otros negocios capitalistas. La justicia federal, ligada por uno y mil lazos a los servicios de inteligencia, sigue actuando como siempre, persigue a los funcionarios del gobierno que se fue y preserva a los del gobierno en funciones. Así ocurrió durante el kirchnerismo y así sigue ocurriendo bajo el macrismo.

De nuestra parte planteamos algunas medidas mínimas y elementales para pelear con independencia contra estas camarillas y sus negociados corruptos: abrir los libros de contabilidad de todas las empresas vinculadas a la obra pública para que sean investigadas por representantes elegidos por los trabajadores; el control obrero de la obra pública; la expropiación de las empresas implicadas en casos de corrupción. Que todo funcionario público o legislador cobre como un docente y sea revocable. Terminar con la casta judicial –con intereses entrelazados con los servicios de inteligencia en el caso de los jueces federales– y que los jueces sean elegidos por sufragio universal, revocables y que se instituyan los juicios por jurados elegidos por el pueblo.

No hay “honestos” de un lado y “corruptos” del otro. Todos los partidos capitalistas han sido y son parte de negociados y corruptelas diversas. Pero las coimas, que indignan justamente al pueblo trabajador que todos los días ve deteriorarse su calidad de vida y por las que tienen que ser procesados sus responsables, no son más que una pequeña fracción del robo y el saqueo permanente que apuntala la decadencia nacional, mediante una fuga de capitales y un endeudamiento externo endémico, la apropiación de la renta y la ganancia agraria por un puñado de terratenientes y exportadores y los recursos estratégicos de la economía (como los hidrocarburos) en manos del gran capital, extranjero y nativo.

Más en general, es todo el régimen político lo que está en cuestión. Por ello, dejando claro que nuestra lucha es por un gobierno de los trabajadores y por terminar con esta sociedad de explotación capitalista, pero sabiendo que somos una minoría aún, planteamos que es necesario imponer con la movilización una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, electa en todo el territorio nacional, que debata los grandes problemas nacionales, donde plantearemos nuestra salida de fondo. Esta experiencia chocará con la resistencia del gran capital, su Estado y agentes políticos, que buscan dar una salida por derecha a la crisis actual, y permitirá comprender más claramente a millones la necesidad de la lucha revolucionaria por un gobierno de los trabajadores.