PSB. Sin Julio Alak en el banquillo, arrancó el juicio por la represión mortal en la cárcel de Varela
En 2020, cuando se desató el covid, en las cárceles hubo desesperadas protestas contra el hacinamiento y la falta de atención. Como en otros penales, en la Unidad 23 de Florencio Varela el Servicio Penitenciario reprimió salvajemente. El joven Federico Rey murió de tres disparos de plomo a manos de Daniela Heidenreich, jerarca del penal. Hoy va a juicio, pero quienes dieron las órdenes y encubrieron los hechos aún no son tocados por la “Justicia”.
Este jueves, en los Tribunales de Quilmes, comenzó el juicio por el “homicidio calificado” de Federico Rey, un joven de 23 años que en abril de 2020 estaba detenido en la Unidad Penal 23 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Como en su momento denunció La Izquierda Diario, Rey murió por disparos de balas de plomo a manos de la exjefa del Grupo de Admisión y Seguimiento de ese penal, Daniela Heidenreich, en el marco de una brutal represión lanzada contra una protesta de la población carcelaria ante las condiciones de hacinamiento y desatención de la salud del Gobierno de Axel Kicillof en medio de la pandemia.
La alcaide mayor está acusada de “homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro del servicio penitenciario y mediante el empleo de arma de fuego”, un delito por el que puede ser condenada a reclusión perpetua. En la instrucción de la causa, el fiscal Cristian Granados (a cargo de la UFI 9 de Florencio Varela) determinó que la mañana del viernes 22 de abril de 2020, al momento de desatarse la represión contra los internos del pabellón 6 de la Unidad, Heindenreich se parapetaba en los puestos de vigilancia 2 y 3 del muro que rodea el penal. Desde allí disparó al menos tres veces con su escopeta.
Pese a los esfuerzos del SPB, que borró muchas evidencias luego de los hechos, no se pudieron eludir los tres impactos de bala de plomo en el cuerpo de Rey. Según la autopsia, recibió una bala en el parietal derecho, otra en la nuca y otra más en el hemitórax. Todas zonas vitales. Las pericias determinaron que los proyectiles son compatibles con el arma de Heindereich.
Recién cuando se conocieron los resultados de la autopsia (dos días después de los hechos) las autoridades comenzaron a abandonar la versión de la muerte de Rey por un supuesto “facazo” de otro interno. Pero lejos de ponerse a disposición de la familia de la víctima y promover el juicio y castigo a los culpables, desde el SPB y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se llamaron a silencio.
Quienes no pudieron zafar de ser imputados por “encubrimiento agravado” son el subprefecto Gastón Abila, entonces subjefe de la Guardia de Seguridad Armada, y el prefecto mayor Gabriel Darío Bergonzi, entonces subdirector de Administración. Ambos cumplieron un rol central en las primeras horas posteriores a los hechos, al intentar instalar la versión de que Rey murió en medio de una “pelea entre presos”. Pese a tratarse de las mismas circunstancias, tiempos y espacios, ambos serán juzgados dentro de un mes en un juicio aparte.
Federico Rey
Con varias evidencias sobre la mesa, una semana después del crimen los tres acusados fueron detenidos preventivamente, dado que existieron desde el primer momento riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. De hecho, amparada por sus superiores penitenciarios y políticos, la propia Heindereich se profugó al saber que la iban a detener. Tras haber sido buscada sin éxito en la UP 23 y en su casa, posiblemente bajo presión terminó entregándose.
El encubrimiento del SPB y el Ministerio no fue exitoso. Buscando zafar de quedar “pegados” en el crimen, hubo agentes penitenciarios que desenmascararon, al menos en parte, la coartada. Unos confirmaron que nadie del Servicio Penitenciario desconoce que está prohibido, bajo cualquier circunstancia, usar balas de plomo contra la población carcelaria. Otros, que estaban en el lugar de los hechos, aseguraron que no había posibilidades siquiera de que los internos pudieran escapar, pese a haberse subido a los techos del pabellón 6 para protestar.
Otro dato aportado por algunos penitenciarios es que, cuando hacen su formación, aprenden a distinguir el estruendo de tres tipos de disparos diferentes, correspondientes a las municiones que aprenden a usar. “El ruido que hace una bala de plomo es muy distinto al resto, no hay forma de confundirse, las que tiró Heidenreich eran de plomo”, atestiguaron en la causa varios efectivos.
La alcaide mayor usó esas balas con claras intenciones de matar. Resta saber si fue por mera e inconsulta motivación personal o bien en común acuerdo con el resto de la jerarquía del penal y, eventualmente, de sus superiores del SPB. No hay motivos para creer que se trató de la primera opción.
No se puede descartar que, tal vez producto de ese "sálvese quien pueda" de los agentes, durante el debate oral y público surjan más datos de interés que permitan seguir armando el rompecabezas de lo realizado tanto por los penitenciarios que reprimieron ese día como por la cadena de mandos del Servicio Penitenciario.
Una cadena que llega hasta el jefe del SPBXavier Areses (quien se mantiene en el cargo desde la gestión de María Eugenia Vidal) y al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak.
“Tuvimos que luchar mucho para llegar hasta este momento”
En las horas previas al comienzo del juicio, la tía de Federico Rey (quien lo crió de chico) habló ante la agencia Andar. Estela dijo que la familia quiere “que se haga justicia. Mi sobrino no se merecía lo que le hicieron y no hay nada que justifique el accionar de los penitenciarios. Tuvimos que luchar mucho para llegar hasta este momento, desmontar la versión falsa de la pelea entre detenidos y obtener las pruebas que demuestran la responsabilidad no sólo de quien lo mató sino también de quienes intentaron encubrir el asesinato”.
La mujer agregó que están “con expectativa pero también con mucho dolor, porque se revive todo lo que tuvimos que pasar”. Recordó, entre otras cosas, que ése viernes de abril de 2020 ella había llegado de trabajar a la noche y uno de sus sobrinos le contó que en redes sociales se decía que Federico había muerto. “No lo podía creer hasta que llamé a la unidad penal, y allí me informaron que había muerto tras una pelea con otro detenido. Fue la versión que los penitenciarios intentaron instalar desde el primer momento”, detalló Estela.
Este jueves al mediodía se dio inicio al juicio oral. Allí se presentaron decenas de ciudadanas y ciudadanos sorteados por el Poder Judicial para integrar el jurado popular que dictará sentencia. Jorge Franklin Moya Panisello, miembro del Tribunal en lo Criminal de Quilmes con asiento en Florencio Varela, en su rol de juez técnico del debate acordó con las partes la conformación final del jurado, con doce titulares y seis suplentes.
La familia, oriunda de Monte Grande, está representada por abogades de la Comisión Provincial por la Memoria, que a su vez se constituyó como querella institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
Como denunciaron en el mismo 2020 diversos organismos de derechos humanos y el Frente de Izquierda, la cuarentena represiva impuesta por el Gobierno del Frente de Todos tuvo en la provincia de Buenos Aires varios de sus capítulos más brutales. La desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro y de Francisco Cruz, más decenas de casos de gatillo fácil y muertes en comisarías de la Policía Bonaerense, fueron una postal de aquel momento. Lo sucedido en las cárceles es otra, con la muerte de Federico Rey como flagrante ejemplo.
Las protestas de presas y presos de todo el país eran por un reclamo básico: productos de higiene y limpieza, atención sanitaria y alimentos en un contexto de hacinamiento insoportable profundizado ante el avance del covid. La respuesta, tanto del Estado nacional como de las provincias, fue mayor opresión y criminalización. Pese al relato de la derecha que asegura que “miles de presos salieron de las cárceles y por eso creció la inseguridad”, la inhumanidad con la que se trata a la población carcelaria se recrudeció.
Por ejemplo, en la Unidad 1 de Corrientes llegó a concentrarse el 30 % del total de personas contagiadas en toda la provincia. Allí el 19 de abril de 2020, tres días antes del crimen de Rey en Florencio Varela, José Candía (22 años) también caía por las balas penitenciarias.
Rey y Candía, al igual que miles de presos, podrían haber esperado sus respectivos juicios en libertad y nunca haber sido víctimas de la represión. El primero estaba detenido desde 2018 por un robo. El segundo, desde 2017, por otro delito similar. Claro, no tuvieron ni los caros abogados ni los contactos que sí tienen los gerentes del crimen organizado, muchos de ellos funcionarios.
En aquel 2020 tanto desde el Frente de Todos como desde Juntos por el Cambio (y los emergentes “libertarios”) no hacían más que proponer la represión más “eficiente” posible. Hoy, sin pandemia, la mano dura y las políticas securituarias de empoderamiento de las fuerzas represivas reaparecen al calor de la campaña electoral. Una campaña donde Javier Milei, Victoria Villarruel, Sergio Berni y otros derechistas marcan agenda con la complicidad de cierto “progresismo” asustado.
Las familias de las víctimas de la violencia estatal esperan justicia por Federico Rey y exigen, como en otros tantos casos, que también paguen los culpables políticos e institucionales. Como Alak, hoy más preocupado por su campaña a intendente de La Plata que por cualquier otra cosa.
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).
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