En la tarde de ayer se discutió en comisiones un proyecto de ley presentado por el kirchnerismo que da marco legal a la elaboración, registro y control de agrotóxicos.
Ramiro Thomás @heliotropos_
Jueves 9 de noviembre de 2017
El proyecto presentado por el diputado kirchnerista por Formosa Luis Basterra (exvicepresidente del INTA y expresidente de la comisión de agricultura) y que ya cuenta con media sanción en Diputados, fue discutido en las comisiones de Agricultura, ganadería y pesca del Senado -presidida actualmente por el macrista Alfredo de Angeli-, junto con la de Ambiente y la de Justicia.
Dicho proyecto es parte de un paquete de medidas y otras leyes que el Gobierno, con el apoyo del peronismo, viene impulsando para favorecer a los sectores empresariales del agro que solo buscan una mayor ganancia a costa de la salud del pueblo trabajador y de la depredación de nuestros bienes comunes. Otro ejemplo es el proyecto de ley "procáncer" presentada el año pasado por el entonces senador provincial del Frente para la Victoria Carlos Alfonso Coll Areco, que permitiría fumigar a 10 metros de viviendas habitadas.
Respecto al proyecto de Basterra, la Red de médicos de pueblos fumigados declaró en diciembre del año pasado: “Este Proyecto de Ley de agrotóxicos (llamados fitosanitarios para encubrir su carácter venenoso) es generado por los grupos sociales y políticos vinculados al agronegocio con el único objetivo de ampliar la impunidad de una práctica agrícola que multiplica la utilización de pesticidas sumamente tóxicos, y contamina y enferma a la población rural; contamina en forma creciente los alimentos que se llevan a las ciudades y queda su control en manos de instituciones vinculadas a la producción, profundamente coaptadas por el agronegocio, y sin ningún interés en el ambiente y la salud colectiva”.
Desde La Izquierda Diario consultamos a Carlos Vicente, miembro de la organización GRAIN, quien nos indicó que “el proyecto Basterra es un proyecto para el agronegocio que no incluye límites a las fumigaciones y deja en manos del Senasa todo el control, sin poner en discusión los aspectos sanitarios ni ambientales”.
En definitiva se trata de una avanzada en políticas totalmente antagónicas a los intereses del pueblo trabajador y que viene a beneficiar a sectores del agro que solo buscan acrecentar sus ganancias.
