Con 400 casos en un lapso de tres semanas, el Gobierno señaló que ya no controla los nexos epidemiológicos entre los casos.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Jueves 13 de agosto de 2020 17:40
A través de un comunicado del Comité Operativo de Emergencias (COE), el Gobierno de Tucumán definió que "la situación epidemiológica en Tucumán es compatible con circulación viral comunitaria". Cerrando el miércoles con 476 casos positivos —actualmente ascienden a 490—, el COE justificó el cambio de definición por el “incremento de casos y diseminación de los mismos en distintos departamentos de la provincia”.
La nueva definición del COE buscó ser matizada por las autoridades pero marcan un salto crítico en la situación, ya que no se controla el nexo epidemiológico entre los casos como en la circulación por conglomerados. Con una conferencia de prensa, el gobernador Juan Manzur señaló hoy que “Tucumán sigue en fase 5 pero con muchas más restricciones que tienen que ver con la conducta de las personas y las medidas básicas de prevención”.
Para esto, el Gobierno señala que desde hoy se buscará limitar la circulación interjurisdiccional con el aumento de controles en los accesos a la provincia y las ciudades. En diferentes localidades ya se limitó el horario comercial y de circulación. Sin más anuncios, el Gobierno muestra que encara esta etapa sin una hoja de ruta clara.
¿Qué pasa en los lugares de trabajo?
El discurso oficial ha puesto el foco en la actitud individual, como manera de deslindarse de sus responsabilidades. Pero lo que está ausente en el discurso de los funcionarios es la realidad de los lugares de trabajo, donde se encontraron los “pacientes 0” de diferentes localidades. Así ocurrió en Las Talitas con un empleado de una estación de servicio, en Alderetes con un trabajador de una empresa logística, en Concepción con una empleada de comercio o en Tafí Viejo con un trabajador de una heladería. Lejos de ser trabajadores “irresponsables”, se tratan de trabajadores esenciales o de las actividades permitidas.
En varios establecimientos se produjeron denuncias porque los protocolos de prevención son insuficientes, no se cumplen o directamente no existen. Las medidas de higiene en los establecimientos, los equipos de protección personal, los testeos masivos, las licencias para el personal de riesgo son parte de lo que reclaman los trabajadores, ya sean del ámbito privado o estatal.
Ante esto el Gobierno no dice nada. En otros casos prevalece una presión empresarial para que las actividades continúen, como queda más claro en el caso de la Cámara de Comercio. En un frágil equilibrio, Manzur y sus ministros reafirman a diario que no se volverá atrás en la fase 5.
Las vidas obreras importan y no pueden quedar en manos del Gobierno y las patronales. No se puede esperar a llegar al gravísimo caso de picos de contagio y muertes obreras en el ingenio Ledesma para tomar medidas. Se hace necesario la formación de comisiones de higiene y seguridad para que los trabajadores planteen sus reclamos y hagan cumplir sus demandas.
Reorganizar el sistema de salud
El aumento de los casos y la circulación comunitaria del virus vuelve a poner sobre la mesa la situación del sistema de salud. La propia ministra de Salud Rossan Chahla reconoció que las obras sociales están derivando los casos positivos a los hospitales públicos. Cómo se señala aquí, las obras sociales y la medicina prepaga no reconocen al covid-19 en su cobertura.
En todos estos meses, el Gobierno apostó a la inauguración de tiendas de campaña sin que esto signifique un aumento en la capacidad de atención significativo para la provincia. Estos hospitales de campaña no están en condiciones óptimas, ya que cuentan con escaso personal y carecen de elementos básicos como la calefacción. Los albergues implementados en diferentes localidades, como en escuelas, resultaron ser peligrosos por mezclar casos positivos con negativos, aumentado los contagios. Los consultorios de febriles son una forma pasiva de saturar los hospitales y los centros de atención de segundo nivel.
Este panorama se completa con la sobreexigencia para los trabajadores de la salud, en medio de una escasez de recursos. A más de cuatro meses de la pandemia, ellos mismos deben garantizarse sus propios elementos de protección personal. De un modo complementario, hay casos donde los hisopados son pagados por el paciente. Y con el aumento de los casos, ya comienzan a aparecer casos positivos en los trabajadores de la salud
Para los funcionarios del Siprosa, inclusive, la posibilidad de un colapso del sistema sanitario no es lejana. Hace una semana, el director de de Salud Mental del Siprosa, Walter Singler, había señalado que se debía “evitar la circulación comunitaria del virus para impedir que colapse el sistema sanitario y que se sumen muertes por covid”.
Frente a esto, es necesario reorganizar el sistema de salud, avanzando en la centralización del sistema público y privado. El objetivo de esta medida sería dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población de manera unificada, ante un sistema público desfinanciado mientras se paga la deuda externa y un sistema privado (obras sociales y prepagas) que ve en la salud una mercancía. El sistema centralizado tiene que estar controlado por sus propios trabajadores y en relación con la población, ya que son quienes mejor conocen los recursos y la infraestructura, y cómo apuntar a que sean utilizados.
Estas medidas en favor de las necesidades de las mayorías trabajadores afectan los intereses del gran empresariado. Por eso es fundamental pensar la organización de la fuerza social de las y los trabajadores para que se implementen.
