El problema del desabasto de material sanitario no es nuevo, pero con la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 se agrava al atender los casos de urgencia.
Martes 7 de abril de 2020
La protesta de las enfermeras de varias unidades hospitalarias del IMSS comenzó a visibilizarse mediáticamente.
Así fue como las autoridades institucionales, particularmente el director Zoe Robledo y el Director de Prestaciones Médicas del IMSS a nivel nacional, hicieron su aparición para admitir una situación que supuestamente ellos, se enmarca dentro de la crisis sanitaria por el COVID-19 en México, pero que en realidad es parte de una cotidianidad que aqueja a trabajadores y derechohabientes desde hace sexenios, ya que si no es por escasez de material de trabajo, es por medicamentos y ahora, por el tan indispensable equipo de protección personal (EPP).
Si bien el problema del desabasto no es de hoy (llegando a escasear insumos tan básicos como gasas, guantes, alcohol todo el tiempo), como muchos achacan a los trabajadores que están saliendo a manifestarse en este contexto (diciéndoles que se trata de una forma de desprestigiar al gobierno en turno, sin entender el riesgo de infecto-contagiosidad que es apremiante disminuir por parte de las autoridades) tampoco puede decirse que los trabajadores no hayan hecho del conocimiento de los directivos y el sindicato tal problemática desde tiempo atrás.
Esta vez, la situación es más grave ya que nunca antes había sido tan vital un artículo como un cubrebocas, googles y guantes de calidad para todo el personal de todas las unidades de atención médica.
El riesgo de contagio y de dispersión es alto ante tal panorama y ni hablar de las supuestas consideraciones que el patrón había aceptado asumir cuando firmó con el Sindicato Nacional de los Trabajadores del IMSS un acuerdo entre ambas partes donde se consideraría exentos a los trabajadores en condiciones de salud vulnerables, (entiéndase por vulnerabilidad: mujeres embarazadas, en lactancia, trabajadores con enfermedades crónico degenerativas, mayores de 65 años menores de 12 años y discapacitados) situaciones muchas, que en la realidad no se aceptaron, pues muchos de los y las compañeras que han requerido este tipo de licencia han sido desconocidos como personas vulnerables ante el COVID-19, resultando este acuerdo ser una simulación y no una real protección hacia los trabajadores más frágiles.
La realidad de los trabajadores de la salud de esta institución pública y muchas otras es la misma, es parte de una problemática estructural de falta de inversión a la salud pública por parte del Estado y corrupción de quienes manejan el presupuesto y el abasto de insumos, pero la consecuencia la van a pagar los pacientes, los trabajadores y sus familias, y a quien pudieran contagiar si llegaran a contraer este virus por la irresponsabilidad y la omisión del patrón y el sindicato oficial.
En este contexto de crisis sanitaria, es necesario mencionar que a pesar de que el gobierno ha hablado ya de un protocolo, en grandes unidades hospitalarias como el Centro Médico Nacional La Raza, apenas el día 25 de marzo, casi dos meses después de los primeros casos detectados del nuevo Coronavirus en México y ya hasta después de iniciada a fase II de la contingencia se daba la primer capacitación al personal de salud sobre cómo protegerse e higienizarse antes y después del contacto con pacientes infectados por COVID-19.
En unidades como el HGZ N°27 se han hecho las protestas de forma persistente, ya que, aunque existe un inventario que revela ya se ha surtido el material y equipo de protección en esta unidad, a los trabajadores se les ha dado escasamente y de mala calidad, además de que no han recibido capacitación en tiempo real pero se les ha hecho firmar que sí. Los trabajadores de esta unidad y de muchas otras, acusan que a pesar de que las autoridades federales se han comprometido a proveer lo necesario, ellos siguen trabajando con alto riesgo de contagio por falta de equipo de protección y el material que se les ha dado es de la peor calidad y muy limitado.
Agregando que ahora los casos sospechosos están siendo diagnosticados como neumonías atípicas, y ya no como COVID-19, lo cual dificulta el adecuado manejo de los pacientes infectados.
Hasta ahora las autoridades del IMSS no han reconocido decesos de sus trabajadores por riesgo de infecto-contagiosidad, argumentando que los trabajadores fallecidos no se contagiaron realizando sus labores, pero sí expone cifras del personal ya contagiado, las cuales según ellos son 39 infectados hasta el 31 de marzo, pero podrían ser más, ya que no se les realiza ninguna prueba posterior a haber tenido contacto con pacientes de COVID-19.
Los riesgos de contagio, e incluso de muerte, son latentes por la falta de garantías de condiciones seguras y salubres para trabajar, ante lo que muchos trabajadores han demandado el pago por concepto de infecto-contagiosidad, que se exige por la situación y el porvenir tan incierto en el que actualmente se está trabajando en esta crisis sanitaria.
Con estas limitaciones de material y de EEP los contagios hospitalarios tienden a ser más numerosos y se expone la vida de los trabajadores y de los pacientes por la mezquindad de las autoridades y su decisión política de no despilfarrar presupuesto en esta rama de atención al pueblo cuando más se necesita.
