El Parlamento de Catalunya rechazó este martes la reelección de Artur Mas como president de la Generalitat. La CUP rechazó investir a Mas y propuso a Romeva como “candidato de consenso”. El Gobierno del PP continúa los trámites para presentar un recurso contra la declaración independentista ante el Tribunal Constitucional.
Miércoles 11 de noviembre de 2015
Mas, president de la Generalitat catalana desde 2010, obtuvo el respaldo de los 62 diputados de su coalición, Junts pel Sí, pero el voto en contra del resto de los partidos de la Cámara, un total de 73 escaños. Este resultado le impidió a Mas ser reelecto en esta primera votación, para lo que necesitaba tener la mayoría absoluta.
Todo dentro de lo previsible. Incluido el voto en contra de los diez diputados de la CUP, que justificó su rechazo a una nueva investidura del actual president reiterando sus críticas a la “gestión” de los Gobiernos de Mas –plagados de recortes y privatizaciones-, la corrupción de su partido, Convergència y el “personalismo” de Mas en el proceso.
Por la mañana, el diputado Benet Salellas había informado que la CUP propuso formalmente que el jefe de lista de la coalición, Raül Romeva, fuera el “candidato de consenso” para resolver la investidura. Esta iniciativa, sin embargo, no prosperó. En “El programa de Ana Rosa”, en Telecinco, Romeva aseguró que su grupo propondría “sí o sí” a Artur Mas. “Hoy no está sobre la mesa otra cuestión que no sea investir a Mas. No hay duda por parte de nadie y seguimos con el calendario previsto”.
Pero a pesar de haberle negado la investidura, la CUP siguió manteniendo su “mano extendida” a Mas y a Junts pel Sí. Durante el debate de la tarde, el líder parlamentario de la CUP, Antonio Baños, reafirmó el bloque entre ambas formaciones para seguir adelante: “Señor Mas, no saldrá del hemiciclo hecho capitán. Pero la tripulación está aquí. La CUP ve la mayoría independentista y ve 72 diputados. No vemos confrontación entre Junts pel Sí y la CUP, vemos un pueblo bien representado y queremos ponerlo en valor”.
La CUP es el único aliado de Mas y Junts pel Sí –hegemonizada por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)- en el Parlamento catalán, con quienes presentaron en común a fines de octubre una declaración independentista para dar inicio al proceso de “desconexión” del Estado español.
Junts pel si y CUP, en una sesión considerada histórica, sumaron el martes sus votos en el Parlament para aprobar dicha resolución por la cual, en el plazo de un mes, se daría inicio a la tramitación de las "leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública", que sentarían las bases del “Estado catalán independiente y republicano”.
Tras el revés de Mas en la votación de ayer, está previsto que se celebre una segunda ronda este jueves , de nuevo con Mas como candidato y para la que le bastaría una mayoría simple muy difícil de conseguir.
Mas tendrá que convencer a la CUP de que lo vote –o en su defecto, que se abstenga y le ceda dos votos-, a pesar de sus críticas. Un escenario que se presenta difícil y muy probablemente termine en un nuevo rechazo, dando lugar a una negociación de dos meses hasta el 9 de enero, fecha en que acaba el período para celebrar un tercer y último debate de investidura. Si entonces no hay acuerdo, Catalunya debería realizar nuevas elecciones.
Se profundiza la reacción españolista
Desde su presentación, la moción tuvo como respuesta una ofensiva del Gobierno de Mariano Rajoy y el “frente españolista” orquestado por el PP, junto al PSOE y Ciudadanos. Rajoy advirtió que recurrirá a “todos los instrumentos necesarios” para defender la “unidad de España”, incluidos los antidemocráticos mecanismos habilitados por su reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional (TC).
En paralelo al debate en el Parlament catalán, el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno español, emitió un informe en el que resuelve que la resolución independentista tiene una clara “voluntad de desobediencia o desacato” a la Constitución y al orden institucional y contraviene los principios de soberanía nacional y unidad de la nación española.
Este informe, que será presentado como fundamento jurídico para el recurso que este jueves presenta el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, sostiene que la resolución soberanista “implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución Española -la atribución de la titularidad del poder constituyente-” y “niega” el orden constitucional vigente en su conjunto.
Si todas las previsiones se cumplen y el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno, la resolución de independencia será suspendida inmediatamente y los magistrados tendrán un período de hasta cinco meses para dirimir la inconstitucionalidad o no de la moción catalana y llegar a una sentencia.
En la misma jornada, Mariano Rajoy se reunió con el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, para evaluar los pasos que darán juntos “en defensa de la Constitución y de la ley” para enfrentar “el desafío secesionista”. Ambos, junto a Ciudadanos, están desde hace semanas en plena sintonía para defender “la unidad de España” y utilizar para ello todos los instrumentos de que dispone la legislación española.
Por otro lado, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ordenó a todos los cuerpos de seguridad españoles, incluida la policía autonómica catalana, los Mossos d’Esquadra, que actúen si en el proceso independentista catalán se produjeran “delitos contra la forma de Gobierno”, en los que se enmarcarían también la “sedición o rebelión”.
A poco más de un mes de las elecciones generales del 20D, el “frente nacional” españolista sigue cerrando filas ante el “desafío catalán”, sabiendo que su actuación en esta cuestión es un aspecto clave que influirá en sus resultados.
Estos ataques pondrán a prueba la fortaleza del proyecto soberanista bajo la dirección de CDC y Artur Mas, así como la política de “mano extendida” desplegada por la CUP.
