COVID-19. Sin reuniones sociales y sin protocolos en lugares de trabajo, crecen los casos positivos en Tucumán

Luego de una semana de brote de casos de coronavirus, el Gobierno provincial estableció la prohibición de las reuniones familiares, sociales y las actividades recreativas al aire libre. El anuncio del Comité Operativo de Emergencias (COE) contrasta con las denuncias de trabajadores por la falta de medidas de seguridad e higiene ante casos positivos que se dan en los establecimientos laborales.

En una reunión de emergencia, el COE encabezada por la ministra Rossana Chahla (Salud) y el ministro Claudio Maley (Seguridad) resolvió estas prohibiciones en un momento donde los casos de covid-19 ascienden a los 288. Además se estableció un límite en el horario de atención de bares, hasta las 22. El COE también fijó multas de hasta $20.000 para quien no use barbijo y ordenó una serie de operativos y controles a cargo de la Policía. Más allá de la definición provincial, municipios como Tafí Viejo, Concepción y Las Talitas adoptaron medidas más restrictivas ante los casos confirmados allí.

El gobernador Juan Manzur puso el foco en las reuniones sociales, señalando que es donde “se producen la mayor cantidad de contagios”, y también en los deportes de contacto. Por su parte, la ministra Chahla reconoció a regañadiente que se trata de un retroceso, aunque formalmente la provincia figure en fase 5.

Detrás de estas decisiones oficiales se esconde una presión de los grandes empresarios y entidades como la Cámara de Comercio para que no se suspendan las actividades económicas. Pero una parte de los casos se dio en los lugares de trabajo, por ejemplo en la panificadora El Mundo se contagiaron 21 trabajadores y en el Complejo Alimenticio (Cass) de Emilio Luque 10 trabajadores dieron positivo al test rápido y 1 confirmado por hisopado. En los municipios del interior también sucede lo mismo, como en una cadena de heladerías en Tafí Viejo o una sucursal comercial en Concepción. La exposición se amplía si se considera el uso diario del transporte público para llegar a los lugares de trabajo.

Con la aparición de los casos, también se multiplican las denuncias de trabajadores ante la falta de medidas de seguridad e higiene o el incumplimiento de los protocolos. En la alimenticia Villa Rica, ubicada en la Capital, unos 30 trabajadores denunciaron que la empresa no tomó ningún medida luego de que un compañero de planta se encuentre internado y dos se hayan aislado preventivamente.

En La Sevillanita los trabjadores debieron realizar un paro para que se garanticen los testeos masivos, luego de un caso positivo en un repartidor.

En Cass de Luque, con un caso confirmado, los trabajadores denuncian que las medidas sanitarias no se cumple para los trabajadores tercerizados. "Los medidores de temperatura están rotos. Anotan cualquier cosa para que aparezca en las planillas. Los baños son un desastre, ni jabón hay para nosotros. Mucho menos alcohol en gel", comentan.

En el caso del ingenio Concepción, también propiedad de Luque, el sindicato denunció que personas mayores, incluidas en los grupos de riesgo, son convocadas a trabajar y firmar una declaración jurada para eximir de responsabilidades a la empresa. En el caso de Citrusvil, de los hermanos de Lucci, no hubo testeos masivos para el conjunto de los trabajadores a pesar de tener un caso positivo. Dos ejemplos de la agroindustria que factura millones pero sigue mostrando su desprecio por las vidas trabajadoras.

Esto también ocurre en las dependencias del Estado. En la Dirección de Construcciones Escolares realizaron un paro ante la falta de condiciones y medidas de salubridad para 200 trabajadores. “Los trabajadores sacan de sus propios bolsillos para conseguir los elementos de protección. Estamos hacinados por eso necesitamos que se active un protocolo antes que lamentemos una vida”, denunció un trabajador.

En la Dirección de Familia del Ministerio de Desarrollo Social, con un corte de calle, denuncian condiciones laborales deplorables, como la falta de agua en los baños. “Estamos presentes en los barrios y el Ministerio solo nos dice ‘súbanse al móvil y vayan’”, afirmó una trabajadora social. Allí también denunciaron que ellos mismos se compran los elementos de protección personal (EPP), como ocurre también en los trabajadores de la salud. Una trabajadora señaló en este diario que en lo que va la pandemia solo le dieron un barbijo en lo que va de la pandemia y que ya lleva gastando $12.000 de su bolsillo en EPP.

Las vidas obreras importan y no pueden quedar en las manos de los empresarios ni del Gobierno que responsabiliza a “la gente” pero da vía libre para las patronales. La organización de comisiones de seguridad e higiene bajo control de los trabajadores es fundamental para implementar medidas de protección, un planteo que hay que exigirles a los sindicatos.

Estas medidas comienzan porque se garanticen las condiciones de higiene y salubridad en los establecimientos y la entrega de EPP. Preventivamente, el personal contemplado en los grupos de riesgo debe tener licencias pagas.

Además, las patronales deben garantizar los testeos masivos e hisopados; licencias pagas para garantizar el aislamiento por 14 días para que todo trabajador que da positivo y para todo aquel que estuvo en contacto con un caso positivo (haya desarrollado síntomas o no).

Te puede interesar: “Manzur culpa a la población por los contagios, pero las patronales tienen vía libre”