Las distribuidoras deberán utilizar el menor registro de los tres últimos años en sus facturas ya que no se pudo tomar registro presencial de los medidores. Es ese período las tarifas escalaron por los aumentos que habilitó el expresidente y que no se retrotrajeron.
Miércoles 6 de mayo de 2020 10:22
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dispuso a través de la resolución 27/2020 que las distribuidoras Edesur y Edenor, para aquellos usuarios y usuarias residenciales que no cuenten con tele medición, “se aplique el menor consumo registrado en los último tres años previo a la emisión de la factura correspondiente al mismo periodo estimado, hasta tanto se cuente con lecturas reales de los medidores de facturación”.
Esta fórmula estará vigente hasta que se normalicen las tareas de lectura de medidores, ya que no es posible realizar registro presencial de los medidores por la pandemia.
El ENRE sostuvo que "la medida tiene como objetivo brindar certeza ante los problemas generados por errores de facturación". El Ente Nacional Regulador del gas (Enargas) decidió una medida similar con las nueve distribuidoras de gas natural que operan en el país.
En las últimas semanas hubo muchas denuncias de clientes residenciales, industria y comercio por facturas de Edenor, Edesur, Metrogas y Litoral Gas, que facturaron montos que no se correspondían con lo que se venía pagando.
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La medida es para Edenor y Edesur ya que el ENRE tiene alcance sobre las empresas distribuidoras de electricidad que cubren el Área Metropolitana Buenos Aires porque el resto de las compañías son de jurisdicción provincial.
La nueva fórmula que deberán aplicar las distribuidoras se basarán en facturas elevadas ya que en la era Macri las tarifas de los servicios públicos aumentaron más del 2.000 %.
El Gobierno cuando era oposición cuestionó dichos aumentos, pero no se revirtieron los tarifazos. El oficialismo archivó el proyecto de ley que promovió que retrotraía los aumentos a noviembre de 2017. Una medida mínima que permitiría un respiro a los bolsillos siendo que muchos perdieron sus empleos o sufrieron recortes de sus salarios.
Las principales privatizadas ganaron U$S 3,2 millones por día en los últimos años, pero no se les exigió ningún aporte en esta crisis.
Los servicios públicos no pueden seguir siendo un negocio, son un derecho. Hay que terminar con la estafa de las privatizadas y anular los tarifazos de los últimos años. Es necesaria la nacionalización de todo el sistema energético nacional, que sea administrada por los propios trabajadores y que sea controlada por usuarios populares.
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