Debate. Sindicalización de la Policía de Río Negro: ¿darle más poder al poder?

En la provincia de Río Negro existe desde hace tiempo un reclamo policial. Desde los primeros levantamientos policiales provinciales en pandemia hasta la actualidad han conformado una especie de sindicato de hecho, el “Consejo de Bienestar Policial”. Este agrupamiento, enfrentado a la cúpula policial y con planteos hacia el gobierno provincial, exige aumento de haberes y un sinfín de reclamos que redundan en un mayor poder de acción callejero de esta fuerza. En este marco, Izquierda Socialista desde Bariloche hizo público un comunicado en donde declaran apoyar el derecho a sindicalizarse por parte de los agentes, así como una solidarización con el referente sindical de la fuerza, Rubén Muñoz.

Quizás ignore Izquierda Socialista que este señor representante de la “familia policial” es un exonerado de la fuerza, con una gran cantidad de sumarios internos, lo mismo que otros referentes policiales que emergieron al calor de la fundación de esta suerte de sindicato policial. Pero lo que no puede ignorar es el enorme historial de impunidad de esta fuerza.

Sin ir más lejos el Caso Mandagaray, donde el hijo de un propio jefe policial fue muerto en entrenamientos tipo torturas por entrenadores del COER. O la propia escuela de cadetes de Viedma, donde el año pasado una cadeta fue violada grupalmente por varios de sus colegas. Ni hablar de los comisarios denunciados por mujeres policías por abusos y acosos sexuales, tanto en Bariloche como en Allen. Pero también es necesario mencionar los casos de asesinatos en las comisarías como la que se produjera meses atrás en Cipolletti con Gatica, ni hablar del accionar policial asesinando, desapareciendo y ocultando el cuerpo de Daniel Solano. Desde 1983 a la actualidad la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario cuenta con alrededor de 100 casos de gatillo fácil. Se trata de una de las cinco policías más bravas de Argentina en relación a la cantidad de habitantes. Sin mencionar casos resonante como el Triple Crimen de Cipolletti y el caso de Otoño Uriarte donde una red de policías aparece implicada con proxenetas. El historial de impunidad de esta fuerza es interminable y tiene su hilo de continuidad con la última dictadura, donde varios de los centros clandestinos de detención funcionaron en actuales comisarías, como en Cipolletti y Viedma mismo.

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La sindicalización policial ha sido promovida por algunos sectores progresistas, como si fuese posible equiparar el reclamo policial con el que vienen sosteniendo los docentes y hospitalarios de la provincia. El grave problema es que toda sindicalización policial, en primer lugar, ahonda en esa cultura de secreto y protección entre los miembros de la policía, donde se permiten borrar todo tipo de registros disciplinarios de los policías, otorgándoles acceso a toda información que les sea necesaria si son investigados. Algo que les da la oportunidad de amenazar a quienes los denuncien.

Como se explicara en una nota de este diario: Los efectivos policiales no pueden ser equiparados a los trabajadores. Su función social, centrada en la represión al servicio de la clase dominante, los diferencia y los ubica en un campo completamente contrario a los intereses de asalariados y asalariadas. El núcleo de sus tareas pasa por preservar un orden social desigual y clasista, estructurado sobre la dominación social del gran empresariado. El orden de los capitalistas, anclado en la propiedad privada del conjunto de los medios de producción. Una tarea en la que el conjunto de las fuerzas represivas confluyen. Los elementos formales (percibir una remuneración mensual, tener un horario fijo, etc.) no anulan esta diferencia fundamental.

El gobierno de Arabela Carreras, luego del resultado electoral donde su compañero Weretilneck ganara, decidió poner paños fríos a los reclamos policiales, otorgándole reuniones a este Consejo de Bienestar Policial, una forma de reconocimiento a su organización. Ya elevó su oferta de aumento de los haberes entre otras consideraciones, mientras sigue con los pies de punta contra el sector de salud y la docencia provincial. Está claro que lo que se busca es “cerrar filas” con la familia policial, componer sus diferencias y darles una entidad mientras legitiman a una fuerza que es vital para los planes de ajuste que se seguirán aplicando en la provincia. El grave error de Izquierda Socialista es darle más poder al poder…