Este lunes, la UTE volvió a convocar plenarios simultáneos divididos por nivel y área. La Corriente nacional 9 de abril propuso una asamblea que una toda la docencia para decidir un plan de lucha que enfrente las reformas educativas que se vienen, en sintonía con el ajuste en curso y el pacto del gobierno con el FMI. Las intervenciones, en esta nota.
Martes 12 de abril de 2022 14:48
El sindicato de los docentes porteños UTE (Unión de Trabajadores de Educación) convocó durante el viernes 8 a diversos y simultáneos plenarios para este lunes 11 de abril. Tal como ocurrió en las últimas convocatorias, no sólo no se tuvo en cuenta un margen de tiempo considerable para poder debatir en las escuelas sobre las demandas a intercambiar sino que además se hicieron por separado según nivel y área sin ser instancias resolutivas, es decir, no se votó ninguna propuesta. Es claro que esta forma de organización atenta contra la construcción de unidad de propósitos y divide los reclamos de la comunidad educativa en un momento tan crítico. En las escuelas hay hartazgo y bronca por la pasividad de la conducción del sindicato, pues no está llevando a cabo ningún plan de lucha frente a las preocupantes políticas educativas de Soledad Acuña que ponen en riesgo la calidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires.
Sólo en los últimos meses, y priorizando los intereses de los CEOs, avanzó sobre la formación de los y las estudiantes secundarios a través de pasantías obligatorias y “educación financiera” dictada directamente por empresas “asociadas” a esta medida, imponiendo así su ideología de mercado en todas las escuelas secundarias de la Ciudad. Además, se anunció recientemente la reforma del estatuto docente pensado y redactado de manera inconsulta con la docencia, un aspecto que preocupa a toda la comunidad no sólo por cómo se elaboró sino también por el contenido de las reformas, ya que van en contra de derechos conquistados desde hace décadas.
Frente a esta situación política, integrantes de la Corriente nacional 9 de abril plantearon la necesidad de organizar hacia fin de mes un plenario general de delegados y delegadas de base con mandatos de las escuelas para poner en pie una campaña política y un plan de lucha que incluya iniciativas para enfrentar las reformas educativas en curso, tal como lo expresó el docente Pablo Maca en su intervención.
Desde hace tiempo el gobierno de la Ciudad viene anunciando reformas educativas como las mencionadas, con la promesa de mejorar la calidad educativa. Sin embargo, ahora también se suma el gobierno nacional proponiendo agregar una hora por día a las escuelas de jornada simple. Como ya denunciamos en este medio, a través de estas medidas, la “calidad educativa” no es lo que realmente promueven: dicen que quieren terminar con la “ideología” en la educación (refiriéndose de manera encubierta a la ideología que sostienen) pero crean programas educativos a medida de las empresas, con pasantías precarizadas para la juventud, como si esta no fuera en sí misma una manera de moldear a los y las estudiantes en la “cultura del trabajo”, aceptando una miseria de salario, con promesas de progreso basadas en la meritocracia.
Ante este escenario, desde la Corriente nacional 9 de abril propuso medidas tales como la nacionalización del sistema educativo (hay 24 sistemas educativos distintos como herencia de la dictadura y de las leyes de los 90) y el aumento urgente del presupuesto educativo nacional para aumentar salarios, construir escuelas de jornada completa y duplicar o triplicar la plantilla docente garantizando el trabajo en pareja pedagógica por grado. Pero, para que todas estas políticas se puedan llevar a cabo, es necesario y urgente tomar la recaudación del dinero que se confisque a quienes fugaron capitales. Es decir, que los millones a recaudar sean invertidos en educación y salud, no para pagar deuda externa.
Cómo planteó el delegado Federico Puy en el plenario de nivel superior, todas estas medidas tienen su asidero en desconocer en forma soberana la deuda contraída por Macri con el FMI, la cual, como ya se ha demostrado públicamente, es una verdadera estafa y, por lo tanto, no se debe pagar. Por todo esto, es muy importante que el sindicato discuta qué hacer en esta situación. Mientras Hugo Yasky, diputado de la CTA, se abstuvo en la votación del pacto de coloniaje con el FMI en el Congreso -pero tampoco sale a enfrentarlo-, ahora apoya el proyecto de CFK de utilizar el dinero de quienes fugaron millones de dólares del país para legitimar una deuda fraudulenta. La 9 de abril no está a favor de ese proyecto: es pagar una estafa con otra estafa.
Además, se hizo mención a la reciente escalada en la criminalización de la protesta de los movimientos sociales y desocupados en el país. En este sentido, la 9 de abril propuso votar el repudio a la detención ilegal de dirigentes sociales en Jujuy, entre ellos el docente Sebastián Copello, y la denuncia de la posición política tanto del gobierno de la Ciudad como del nacional sobre los métodos de protesta de los movimientos sociales y desocupados que reclaman movilizando y acampando en la vía pública. Como expresó Lorena Castro, docente de la escuela N°8 del distrito escolar 5°, “no podemos permitir que se estigmatice a quienes pelean por trabajo genuino. Mucho menos podemos permitir que digan que se usan a lxs chicxs como escudo. ¡Con hambre no se puede estudiar!”. Se vuelve urgente poner el sindicato a disposición de estas familias, que son las de la escuela pública, y promover la unidad de toda la clase trabajadora, ocupada y desocupada.
