Se espera que sea discutido este jueves para aprobarlo antes de que termine el periodo ordinario de sesiones. Se supone que combatirá la corrupción imperante entre la llamada “clase” política.
Jimena Vergara @JimenaVeO
Jueves 28 de abril de 2016
Consta de 7 leyes y fue producto de una petición ciudadana que concentra más de 600 mil firmas para combatir la corrupción. Esto se da en el marco de una creciente deslegitimación de la llamada “clase” política que, sin importar el partido al que pertenezca, está involucrada en escándalos de corrupción. Hace algunas semanas, se destapó el escándalo de los Panamá Papers que involucra la utilización de paraísos fiscales para la evasión fiscal de amigos cercanos al presidente Peña Nieto y contratistas de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Con hipocresía, diversos funcionarios y militantes de los partidos del “Pacto por México”, el PRI, el PAN y el PRD se han manifestado por aprobar la iniciativa, omitiendo que sus militantes y representantes en puestos de elección popular están señalados.
El sistema comprende una ley que obliga a los funcionarios a realizar una declaración patrimonial y de responsabilidades fiscales.
Por su parte, el líder del Morena, López Obrador manifestó que la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es “pura demagogia. Otro cuento” y sin embargo, en su propio partido, existen ex priístas y ex panistas que competirán a cargos de elección popular que son “más de lo mismo”.
La corrupción es inherente al sistema
Eso que AMLO denuncia como la “mafia del poder” no es otra cosa que los políticos que reciben sueldos millonarios porque gestionan los negocios de los verdaderos dueños del país: las trasnacionales y los grandes capitalistas. Están completamente alejados de los padecimientos y vicisitudes de las masas laboriosas porque cumplen ese rol social.
Si bien el líder del Morena denuncia la corrupción y esto genera simpatía en millones de trabajadores y jóvenes, la dirección de este partido proviene de esa misma “casta política”, de las entrañas del PRD y tiene entre sus miembros a exmilitantes de los partidos del llamado “Pacto por México”.
No se trata como dice AMLO de un problema de honradez, se trata de bregar porque los funcionarios públicos sean verdaderos representantes de las aspiraciones populares y por ello, plantea el candidato a diputado constituyente para la Ciudad de México, Sergio Méndez Moissen, “tienen que ser revocables para estar sometidos al escrutinio popular y ganar como un trabajador calificado o una maestra”.
Es imposible terminar con el cáncer de la corrupción mientras exista un sector social que, al alejarse de las condiciones de vida de las grandes mayorías, se dedica a administrar los negocios capitalistas y a emular las prácticas más descompuestas de la gestión capitalista, que gangrenan a todos los regímenes políticos del mundo como en Brasil, por ejemplo.
Sergio Moissen y Sulem Estrada, pertenecientes a la fórmula 5, que contienden este 5 de junio por un lugar en la Constituyente, no provienen de dicha casta. Son un profesor precario y una maestra de secundaria que todos los días padecen en carne propia las condiciones de vida de millones de capitalinos.
Jimena Vergara
Escribe en Left Voice, vive y trabaja en New York. Es una de las compiladoras del libro México en llamas.
