Con las reformas a la ley laboral, la precarización del trabajo formal e informal, la seguridad social está reducida a la atención a la salud y sólo en una parte, una protección social y atención médica asistencialista que será financiada individualmente por cada trabajador y lo que éste pueda aportar a su familia, donde la carestía de la vida no alcanza para cubrir con un salario la canasta básica.
Lunes 30 de mayo de 2016
Foto: Roberto García
La base presupuestal que ha dado sustento desde 1940 es la tripartita para el Instituto Mexicano del Seguro Social (trabajador, patrón, Estado) y bipartita para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (trabajador, Estado).
Ahora el Estado designa una parte pequeña y sigue siendo el administrador, en tanto a las empresas y patrones procuran beneficiarlos condonándoles cuentas de adeudos laborales o con apoyos financieros extraídos de los ahorros de miles de trabajadores.
La transformación de la seguridad social y sus sectores públicos como salud, educación, vivienda, recreación, jubilaciones fue acompañada con el trabajo precarizado y el aumento del desempleo. Mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se generaron para los sectores formales, hoy ante la precarización de los informales y sindicalizados formales, sus pretensiones son llevar la salud hacia la degradación. Las reformas estructurales han despojado a la población pobre rural y urbana.
La subordinación del gobierno de Peña Nieto y los partidos del Pacto por México a los intereses de los grandes empresarios no omite al sector salud, considerado el segundo gran negocio lucrativo en México.
La seguridad social encarnada en el trabajo formal y los contratos colectivos permitieron a generaciones de trabajadores acceder a los derechos de vivienda, educación, salarios dignos, cultura salud y una vejez digna.
Las enormes ganancias de esta importante partida invertida en los negocios privados, han sido sólo para los grandes empresarios, en tanto las pérdidas se socializan con los trabajadores formales e informales. Por ello, dentro del ajuste al gasto público, al sector salud se le quitó 4,839 millones de pesos en el 2015.
Subrogación de servicios
Al día de hoy se subrogan servicios como hemodiálisis, guarderías, laboratorios, almacenes, investigación, cirugías, camillería y limpieza e higiene, ropería, conservación, farmacia y dietología en algunas instituciones.
Fortalecen los negocios privados de la salud, ya que lo que no cubra el Estado con sus paquetes básicos de salud, los trabajadores tendrán que pagarlos con seguros de salud en instituciones privadas o pagar los insumos.
Para ello, generó convenios con las aseguradoras avaladas por la Secretaría de Salud –la misma que intenta generar un solo presupuesto obtenido de los trabajadores y la población–. Esto beneficia a los grandes consorcios farmacéuticos con una licitación única en medicamentos para todas las dependencias del sector salud –IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud (SSA), Seguro Popular, atención en estatales y servicios médicos como Pemex, etc.
El 1 de junio desde el gobierno anunciarán la instalación a ciegas del Sistema Universal de Salud intercambiando 700 intervenciones médicas. Servicios mínimos semigarantizados bajo la explotación del ejercicio médico.
La resistencia nacional de la base trabajadora como la protesta médica contra la criminalización de la práctica médica del #YoSoy17 en 2015, en la lucha por la profesionalización de enfermería, la manifestación de químicos clínicos contra licitaciones más agresivas que despojan la materia de trabajo y niegan la calidad y calidez al paciente.
Cada vez que los trabajadores o derechohabientes o pacientes protestamos en la exigencia de nuestros derechos el Estado amenaza con sus instituciones de vigilancia y con leyes para evitar que los trabajadores levantemos la cabeza. Ante ello toda queja de carencia de material, de personal o insumos y las consecuencias de ello son la base para criminalizar la práctica médica y la protesta social.
Con estas medidas, los patrones y el gobierno pretenden liquidar unos de los derechos más valiosos que la clase trabajadora conquistó con grandes luchas.
Para el gobierno neoliberal, “sanear las finanzas” en el sector salud para garantizar su universalidad significa liquidar las pensiones y jubilaciones, recargar el presupuesto en los desposeídos, eliminando la base tripartita y echar a los y las trabajadoras a la calle.
Para impedir esta tremenda ofensiva contra nuestros derechos laborales y sindicales, tenemos que organizarnos y movilizarnos, continuar la gran lucha con independencia de dirigentes que benefician a burócratas sindicales, empresarios y partidos al servicio de las grandes empresas, nacionales y extranjeras.
Es necesario de nuevo poner en pie las asambleas por centro de trabajo y votar planes de lucha contra la liquidación de nuestros derechos laborales, sociales. Recuperar las organizaciones sindicales como instrumentos de lucha y defensa para ponerlo al frente de obtener una seguridad social publica de y para las y los trabajadores y desposeídos.
Al mismo tiempo, es necesario que en la Ciudad de México las trabajadoras y los trabajadores nos pronunciemos ante la Asamblea Constituyente cuyos legisladores se votarán el próximo 5 de junio.
Trabajadores de distintos sectores apoyamos la candidatura independiente del profesor Sergio Abraham Méndez Moissen y la maestra Sulem Estrada de la Plataforma Anticapitalista, fórmula 5. Para que ellos, que no son como los políticos al servicio de los empresarios que se enriquecen con negocios y salarios millonarios, se vuelvan nuestra voz dentro de esa antidemocrática Asamblea. Para que Méndez Moissen y Estrada realicen una fuerte denuncia de las condiciones en las que vivimos las y los trabajadores y el pueblo pobre.
