El pasado 13 de agosto se supo sobre la venta de uno de los Sitios de Memoria reconocidos por su violencia sexual.
Natalia Sánchez Concejala Antofagasta por el Partido de trabajadores Revolucionarios, Médico del Hospital Regional de Antofagasta y parte de la Agrupación de Trabajadores de Salud "Abran Paso"
Viernes 16 de agosto de 2019
No ha habido silencio ni tampoco respuesta luego de que el pasado 13 de agosto, a menos de un mes de conmemorar el inicio de la dictadura cívico militar de 1973, se supiera que uno de los centros de detención y tortura reconocidos se encuentre disponible para la venta a una inmobiliaria.
Se trata del inmueble ubicado en calle Irán 3037 esquina de calle Los Plátanos, “una casa de dos pisos con subterráneo, con piso de parquet, una ventana redonda en el baño y una escalera de mármol, impresionante, muy grande, curva y ancha” según la descripción de una de las mujeres prisionera política sobreviviente de los particulares métodos de tortura por los que era reconocido la “Venda Sexy”.
La casa ocupada por la DINA y particularmente por Carabineros, entre el 74 y el 75 luego de forma intermitente hasta 1981, vio el paso de 81 prisioneros políticos de los cuales un tercio correspondía a mujeres, y es reconocida como un centro de tortura en que se practicó la violencia sexual como forma de tortura en busca de obtener información.
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El recinto fue comprado por un particular luego del término de la dictadura liderada por Pinochet, y por tanto actualmente ha sido comprado por Inversiones Arriagui Limitada por un costo de 211 millones de pesos (7646 UF) según la escritura de fecha 24 de abril de 2019 a fojas 33840 número 49133 del Registro de Propiedad de Santiago.
Al respecto organizaciones feministas y de DD.HH se han manifestado muy en contra haciendo alusión a la pérdida del patrimonio que eso podría significar y apuntando a la responsabilidad del Estado de no querer protegerlo al no hacerse cargo de su adquisición de dicho Monumento Nacional, pese a haber sido reconocido como tal por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile desde 2016 a través del decreto N°277.
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Pero, al ver la consistente y sistemática violación a los DD.HH. en el WallMapu o de la represión que se vive constantemente en manifestaciones estudiantiles, por parte de los Gobiernos de Lagos, Bachelet, Piñera y tantos otros desde la vuelta a la democracia pactada, no parece extraño la falta de legítimo interés por conservar los sitios de memoria que recuerdan a aquellos que murieron por la persecución política en dictadura.
Y aunque el actual Gobierno de Sebastián Piñera ha buscado abanderarse por la “defensa de los derechos humanos” en relación a la crisis de régimen en Venezuela, cuando actualmente están vendiendo Venda Sexy, lo cual muestra la doble moral del régimen.
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Del mismo modo, la derecha ha mostrado su completo desinterés en hacer justicia por aquellos casos de violación de los derechos humanos en Chile al buscar constantemente negar la responsabilidad de los torturadores que ya han sido imputados, por ejemplo a través de la reducción de condena por medio de la “Ley Humanitaria”. En definitiva, con la cercanía del 11 de septiembre y la conmemoración de los detenidos desaparecidos y los presos políticos de la dictadura de 1973, se hace necesario levantar una corriente clasista que no busque conciliar con los políticos que permiten enterrar la memoria de aquellos que se opusieron a un régimen violento y dictatorial.
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