#NoEsNo. Soberanía energética: ¿Cómo saquear con consenso social en Chubut?

En el marco de la presentación del Proyecto de Ley de Soberanía Energética que elevó a la Legislatura el gobernador Mariano Arcioni, se desarrolló una charla en la ciudad de Esquel el viernes 5 de mayo por la mañana. Allí, hubo algunas definiciones sobre el mismo a cargo de funcionarios nacionales y provinciales.

El nombre del encuentro desarrollado en Salón municipal Melipán por la Subsecretaría de Energía del Ministerio de infraestructura, Energía y Planificación (MIEP) provincial el viernes por la mañana fue “De la generación aislada a la sustentabilidad del sistema energético en Chubut”, y contó con la participación de Valeria Lewis por la Federación Chubutense de Cooperativas (FECHCOOP), la Subsecretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno y Justicia y la Universidad del Chubut (UDC).

El objetivo era “promover la transición hacia fuentes renovables y la sustentabilidad ambiental del sistema energético y del territorio”, pero la atención estaba puesta en cómo esto se vincula al proyecto de Soberanía Energética propuesto por el Gobernador Mariano Arcioni. De hecho la “diversificación de la matriz productiva” era el marco general declarado para este encuentro, al igual que cada vez que se buscó imponer la zonificación minera.

Días antes de este encuentro, el Subsecretario de Energía, Eugenio Krämer, decía que se desarrollaría en el Hotel Tehuelche la Jornada Regional para la Soberanía Energética los días 4 y 5 de mayo como continuidad del encuentro realizado en septiembre pasado en Puerto Madryn a iniciativa del Sindicato de Luz y Fuerza, dirigido por el actual dueño del Diario Jornada Héctor Gonzalez, y la fundación que preside, Patagonia Tercer Milenio (PIIIM). Jornada es, o era hasta marzo del año pasado en que solicitó audiencia con la Secretaría de Medios de la Nación como titular del mismo, propiedad de Aidar Bestene, concesionario de Hidroeléctrica Ameghino, en la cual González es socio en cuanto LyF conserva una parte minoritaria del paquete accionario desde el momento de su privatización en 1994.

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Krämer, en diálogo con Yago Miguens de Radio Municipal de Esquel, realizó el mismo viernes una descripción del carácter extractivo de la matriz productiva del país y de la Patagonia en particular, destacando la necesidad de una empresa estatal provincial que regule el mercado energético a través del control de la mayoría del paquete accionario en el formato de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM). “El piso es el 51%” agregó el funcionario, aclarando que esa mayoría accionaria estatal es la garantía de “toma de decisiones” por parte del Estado.

Esta empresa funcionaría, según explicaron los "autores del proyecto" al periodista Pablo Vernazza en ADN-Sur a mediados de marzo, reuniendo las acciones dispersas que el Estado provincial posee en distintas generadoras, transportadoras y distribuidoras de energía al estilo de la actual PETROMINERA. Lo cierto es que PETROMINERA, presidida por Héctor Millar -quien reemplazó al legislador peronista Javier Touriñan en 2021 y éste al líder del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge “Loma” Ávila, de cual Millar es hombre de confianza- no ha dado mayores resultados en cuanto al control de la producción hidrocarburífera y menos aun en el abaratamiento del precio del combustible.

El modelo que citan para justificar esta política público-privada de gestión es la cordobesa EPEC, cuyos trabajadores vienen enfrentando hace años los intentos privatizadores de los sucesivos gobiernos provinciales.

Asimismo, la conformación de un Mercado Eléctrico Mayorista Regional (MEMRE) en Chubut, sería la herramienta para compensar la asimetría de una provincia que produce energía para 2,6 millones de hogares y consume menos del 20% de lo producido, pagando costos de transporte que no se condicen con su carácter de productora. De este modo, las cooperativas que actualmente gestionan la distribución en la provincia, comprarían la energía a la provincia en lugar de a CAMMESA como sucede actualmente.

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¿Qué sucedería con el enorme pasivo que las cooperativas acumulan en materia de deuda contraída con CAMMESA?

Para junio de 2022, esa deuda era de $ 27.007.254.459 sólo por parte de las cooperativas más grandes (Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Sarmiento) hasta el acuerdo de regularización planteado por la Secretaría de Energía de la Nación a principios de año. A mediados de abril, el subsecretario de Energía Electrica, Santiago Yanotti, de visita en la provincia, hablaba de la necesidad de “actualizar las tarifas” para sanear las cuentas de las cooperativas.

Krämer planteó en Esquel que las cooperativas son “entidades privadas” aunque de carácter social, con lo cual es de suponer que esta enorme deuda sería transferida a las boletas de los usuarios haciendo imposible el “abaratamiento del costo” que aseguraría el MEMRE.

Volviendo al caso cordobés, el usuario residencial paga en promedio casi el doble de energía que las fábricas automotrices con los aumentos autorizados por el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP), lo que en nuestra provincia sería el MEMRE.

De qué manera se reducirían los costos si se mantienen los contratos con TRANSPA (del grupo ALUAR) o TRANSAC, por ejemplo, o como se integrarían las unidades generadoras como las represas Ameghino (Bestene) y Futaleufú (ALUAR), actualmente en manos privadas, a esta empresa estatal, son interrogantes elementales. Pero, además, como se liga esta ley de SE con los proyectos de Renta Hídrica tan promovidos por la propia Fundación PIIIM, es un gran interrogante.

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El senador nacional Oscar Parrilli cerró la noche del viernes está disertación con la propuesta de que las represas regresen a manos estatales una vez cumplido el plazo de licitación. En el caso de Futaleufú sería en 2025. Pero en la misma aclaró “no descarto que se pueda llamar al capital privado a asociarse, pero siempre y cuando el capital esté en manos del estado como es el modelo actual que tenemos de YPF”. Un modelo en el cual la mayoría accionaria estatal no ha servido para regular el mercado de combustibles, toda vez que es la propia YPF quien impulsa los aumentos de precio.

De hecho, si YPF ha financiado lo que ninguna operadora privada está dispuesta a pagar, la exploración de nuevos pozos petroleros, en el caso de las hidroeléctricas el propio Parrilli dejo en claro que "durante 30 años las empresas -algunas de estas multinacionales- tuvieron rentabilidad extraordinaria, fugaron las divisas y no invirtieron un peso en una central hidráulica más." ¿Por qué entonces replicar el modelo de YPF y no dar de baja inmediatamente las concesiones ante tamaño desidia?

Este domingo en ADN Sur, Raúl Figueroa entrevistó a Daniel Ehnes, asesor financiero que participó de la elaboración del proyecto de ley de SE. Entre otros argumentos sobre el abaratamiento de costos, Ehnes dijo “Por ejemplo, nosotros en Chubut contamos con generación de energía eólica e hidráulica, que son tipos de energía mucho más baratos que las centrales que se alimentan con gasoil o fueloil, con costos de 300 dólares por MegaWatt (Mw) generado, frente a 12 ó 16 dólares de la hidráulica y 40 dólares por Mw de la eólica".

Lo interesante es que otro de los ponentes en las jornadas realizadas en Esquel, y un reconocido especialista en materia energética, Marcos Rebasa, dió a conocer en marzo de este año que “Mientras Aluar se queda con toda la energía de Futaleufú y la paga a 16 dólares, las cooperativas de Chubut le deben pagar a Cammesa la misma energía a 70 u 80 dólares, que es lo mismo que paga cualquier cooperativa o empresa distribuidora en todo el país" de acuerdo a lo términos del acuerdo de privatización de 1995.

En la misma entrevista, Ehnes agregó “El Estado provincial hoy gasta 3.000 millones de pesos por año en proveer energía de mala calidad a los pueblitos del interior, porque se lo cobran al mismo precio que pagamos los particulares en una estación de servicio, sin ninguna salvedad por ser el Estado”, es decir que el rol de PETROMINERA del Chubut SE "asegurando el acceso a combustible barato para las necesidades sociales" no parece ser tal ¿Porque entonces una SAPEM energética sería distinta?

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“Extractivismo es un concepto que se aplica a toda la matriz productiva del país” afirmó el subsecretario de Energía provincial. “El extractivismo es la lógica productiva con que se fundó el país” lanzó planteando la necesidad de revertir la orientación exportadora y centralista de la estructura económica.

Si esa estructura del país fundado por las oligarquías vinculadas al capital imperialista no fue modificada en lo sustancial en 200 años, las transformaciones introducidas desde la dictadura genocida, profundizados por el desguace menemista y consolidadas por cada gobierno desde entonces, no han hecho sino cristalizar el carácter dependiente y atrasado de nuestro país, algo de lo que se deriva la deficiente estructura energética.

Este proyecto de supuesta "soberanía energética" se inserta en la lógica de un desarrollismo impotente que ha impulsado el kirchnerismo desde los primeros 2000. Un esquema en el que el saqueo de nuestros bienes comunes es inevitable y en el que el Estado asume el rol de socio menor, al mejor estilo de lo que la burguesía nacional hace con las multinacionales y el capital imperialista: aceptar un rol subordinado con tal de asegurar cierto margen de ganancias.

Sin embargo, el planteo de una diversificación en materia energética no significará que la electricidad generada por la provincia esté en función de las necesidades sociales, sino de intereses vinculados a la extracción de minerales o a la generación de hidrógeno "verde". Sobre esto último basta ver el ejemplo de Río Negro, dónde Fortescue se hizo de un contrato leonino que en nada beneficiará al pueblo rionegrino, además de las Miles de hectáreas adquiridas en el noreste chubutense.

El Parque Eólico El Escorial, cuya acta de compromiso firmó Arcioni con una delegación china el día de la tierra de 2020, es otro ejemplo. Allí se hablaba de llevar electricidad a los pueblos de la meseta central norte, justamente dónde TRANSPA tiene la línea de alta tensión que envía la energía de Futaleufú a ALUAR. Con hacer algunas pequeñas centrales transformadoras se resolvería. Pero el interés en ese parque eólico es otro: generar la infraestructura necesaria para los procesos electrolíticos asociados a la megaminería en la meseta.

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Del mismo modo, el actual proyecto de SE, no es sino la cobertura para continuar allanando el camino para que los negocios extractivistas aporten los dólares necesarios para pagar la deuda externa provincial y nacional. El último spot de campaña de Luque-Sastre parece dejarlo en claro. "Cuidar nuestro recursos" dicen, pero el costo lo pagaremos los chubutenses.

¿Es innecesaria una empresa estatal de energía?

No. Resulta absolutamente necesario centralizar la generación, transporte y distribución de la energía para el abastecimiento de todo el país. El problema es que una empresa estatal como la extinta Aguas y Energía privatizada por el menemismo, no puede ser un coto de caza para funcionarios como la actual PETROMINERA Chubut. Y para ello, debe estar en manos de sus trabajadores gestionandola, con el control de usuarios y técnicos para resolver democráticamente qué, cuánto y para quien se produce la energía.

El rechazo manifiesto a este proyecto que las Asambleas nucleadas en la UACh presentaron en la Legislatura provincial, así como el aprobado este lunes en el Consejo Deliberante de Esquel y Puerto Pirámides a iniciativa del movimiento No A La Mina, son expresión del rechazo a este nuevo intento de enajenación de nuestros bienes comunes con la pantalla de una supuesta soberanía.

Pero al mismo tiempo, es necesario pelear por una solución real al problema energético que afecta al 85% del territorio provincial con generación aislada y contaminante ¿Puede quedar en manos de los gobiernos que nos condujeron hasta acá la solución de los problemas que jamás resolvieron? Por ello planteamos la gestión obrera y el control social.

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Una empresa estatal permitiría realmente abaratar los costos de la energía y abastecer al conjunto de la población siguiendo un criterio social que la ecuación público-privada es incapaz de garantizar toda vez que el principio rector es la maximización de ganancias. Por eso es que CAMMESA garantiza a los concesionarios una rentabilidad del 300% sobre la producción de energía que pagamos los usuarios.

Al mismo tiempo, una empresa estatal bajo gestión obrera significaría una verdadera opción soberana en materia energética, algo que las grandes potencias continúan considerando un elemento estratégico para el desarrollo económico y que Argentina, en su carácter de país dependiente, es incapaz garantizar en el marco de una apertura al capital transnacional profundizada por el monitoreo del FMI que implica el acuerdo firmado por el gobierno del FDT con el apoyo de la derecha cambiemita.

Por eso. La estatización bajo gestión obrera es solo una parte de un plan integral que necesariamente implica romper las ataduras con el FMI, desconocer la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta y reorganizar el país desde abajo con una asamblea constituyente libre y soberana. La única opción para lograr esa soberanía tan nombrada, es un camino de ruptura con la lógica capitalista cuyos únicos protagonistas pueden ser los trabajadores y trabajadoras. Justamente, quienes generan la riqueza y mueven al país.