CORRUPCIÓN EN PETROBRAS. Sobornos de la constructora Odebrecht involucran a más de 300 políticos

Marcelo Odebrecht y su empresa pactaron ayer en un acuerdo de “delación premiada”, lo que también se conoce como la "ley del arrepentido". Luego se divulgó que la mayor constructora del país, una de las quince más grandes del mundo, tendría todo un departamento para efectuar interminables pagos de coimas. En la lista divulgada figuran más de 300 políticos, decenas de otros operadores políticos como el publicista del PT João Santanta y también gobernadores. Salpican denuncias a todos los partidos del régimen. Menos de un día después de su divulgación, el juez Moro resolvió decretar el secreto sobre esa lista para que el Supremo Tribunal Federal (STF) determine cómo seguir, ya que los involucrados tendrían fuero privilegiado. ¿Desde cuándo eso le preocupó a Moro? ¿Cuáles son las tendencias que el STF y el poder judicial están favoreciendo? ¿El impeachment, la asunción de Lula o incluso una "operación manos limpias" a la brasileña?

Pocas horas después de la divulgación de la lista con más de 200 políticos involucrados en coimas de Odebrecht, el juez Sérgio Moro tomó una medida inusitada en la operación Lava Jato, que investiga los esquemas de corrupción en Petrobras. Decretó el secreto de la lista. ¿Qué señala esto sobre los nuevos rumbos de la operación Lava Jato en la crisis política nacional?

Garantizados los titulares que el "partido mediático" explotó a fondo mostrando los pagos al PT y al publicista João Santana -que todavía no cerró acuerdo de delación pero se encuentra en prisión preventiva-, fue decretado el secreto al descubrirse que el esquema involucraba a todo el régimen. Al menos el objetivo inmediato proimpeachment y el de presionar a João Santana o su esposa para la delación ya estaban garantizados. También se puede fortalecer una tendencia a que se salven todos y "pacifiquen" la operación Lava Jato. La contradicción de esta hipótesis es que exige que los partidos se enfrenten con lo que está más legitimado, el poder judicial y la Policía Federal. ¿Aceptarían éstos de buen grado un retroceso?

El supuesto cuidado con los excesos ahora vale solo si afecta al conjunto del régimen. Como denunció la constructora Odebrecht en un artículo, se trata de "un ilegal e ilegítimo esquema de financiamiento político-electoral" que tiende a afectar a sectores mucho más allá del Legislativo. Mientras tanto el STF se arroga prerrogativas para decidir si alguien que no ha sido condenado puede o no ser ministro. Una aparente presión a la contención de los abusos de Moro y de la Policía Federal pero no a los abusos en sí, ya que el propio STF se otorga prerrogativas que ni siquiera en la constitución capitalista del país están permitidos.

El signo del momento parece ser que todo es posible, desde que sirva al impeachment o al menos a presionar al PT para imponerle, en el caso de que se mantenga en el gobierno, que haga más y más ajustes y permita (o incluso ayude) al poder judicial a fortalecerse e independizarse de cualquier control democrático. O, con un "control de los excesos" ¿estaría el poder judicial preparándose para vuelos aun mayores, una suerte de "manos limpias" a la brasileña? o ¿con amenazas generalizadas estará buscando pactos para fortalecerse aún más?

Secreto en la Lava Jato, pero ¿Moro no era un cruzado de la transparencia?

¿Secreto en la Lava Jato? ¿Moro no se había hecho famoso por hacer justamente lo contrario e incluso publicitar lo que no sería de su ámbito constitucional como la grabación de una conversación telefónica entre Lula y Dilma? Esta medida inusitada puede atender a dos motivos contradictorios: Moro sintió el golpe de las críticas públicas hechas por el Procurador General de la República, Janot, y por los ministros del Supremo, Teori Zavascki y Marco Aurélio de Mello, y se habría "centrado". Este "centramiento" busca garantizar la impunidad de la lista del "fin del mundo" (con políticos de la oposición que Moro intentó alejar de las investigaciones) o tomar pasos más decididos, con menos cara de abusos constitucionales de la Lava Jato, para que el STF siga tomando medidas inconstitucionales que favorecen el impeachment. Un momento para pensar el "partido judicial" ejecutaría una operación "manos limpias" en forma más controlada.

La operación ejecutada el día de ayer ¿sería la última acción del festival de la Lava Jato? O ¿el "partido judicial" se prepararía para el fin del festival de este régimen? El poder judicial, apoyándose en los medios y en la clase media acomodada, con sus manos supuestamente limpias e imparciales, ¿se prepara para crear un régimen más favorable a los ajustes y con una relación más "carnal" con el imperialismo, como la que ya tiene a través de su relación con el FBI, Interpol e incluso entrenamientos en el Departamento de Estado americano como el que hizo Moro? La Lava Jato y el partido judicial pueden afectar el régimen partidario brasileño, pero con este acuerdo muestra cómo actúa a favor de la impunidad empresarial: Odebrecht saldrá "limpia", así como dejará sin investigar a todas las empresas imperialistas nombradas en la Lava Jato.

La “lista del fin del mundo”

La lista de Odebrecht incluye a casi todos los partidos del régimen. Desde petistas y su publicista, pasando por Eduardo Paes, alcalde de Rio de Janeiro y aliado de Dilma, llegando a los opositores Aécio Neves y José Serra del PSDB, Renan Calheiros y Eduardo Cunha (ambos del PMDB, presidentes del Senado y Diputados respectivamente), Humberto Costa y Lindberg Farias (senadores por el PT), Manuela D’Ávila y otros políticos del PCdoB. En la lista hay también gobernadores como Geraldo Alckmin (PSDB),Celso Russomano (PRB de San Pablo), Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM), el ex presidente José Sarney (PMDB), Paulinho da Força (Solidariedade)... Resumiendo, pecando por omisión en esta materia, buena parte del régimen político del soborno de Brasil.

Si se llevan adelante investigaciones y castigos de todos los nombrados en esta lista, explotaría todo el régimen político brasileño, quedaría piedra sobre piedra. El secreto no es en vano.

Sérgio Moro nunca ocultó que le gustaría repetir en tierras brasileñas el "Manos Limpias" italiano, que pudo reventar a dos de los principales partidos políticos de Italia (Partido Socialista y Democracia Cristiana) y con colaboración del Partido Comunista Italiano, que tenía gran peso en los sindicatos, apaciguar una transición en la que un viejo sistema de corrupción fue sustituido por otro nuevo, con nuevos partidos.

El propio PCI, que se volvió "Partido Democrático", surgió como garante de esta democracia imperialista italiana. Emergió como gran político del nuevo régimen Silvio Berlusconi, un mega empresario ligado a la mafia. La operación, que condujo inmensas investigaciones e hizo 2500 condenas, resultó en el irrisorio número de 4 prisiones. Al fin de cuentas, Italia tiene leyes más leves contra la corrupción, como hemos mostrado en este artículo. Es decir, cambiaron el régimen político pero se mantuvo la impunidad y la corrupción.

¿Estaría el "partido judicial" brasileño preparándose para esto, para atacar el conjunto de los partidos, y desde lo alto del aplauso de una opinión pública influenciada por el "partido mediático" que lo vería como "mesías" y "más allá del bien y del mal", erigir un régimen más duro, más favorable a los ajustes y más ligado al imperialismo?

El mayor problema para Moro y la burguesía brasilera es que en Brasil, el principal partido de contención de masas es el que está absorbiendo los golpes de la Lava Jato, distinto del caso italiano, donde el PCI conducía las investigaciones al mismo tiempo que utilizaba su prestigio en la clase trabajadora para disciplinarla y contener la lucha de clases. ¿Quién asumiría ese puesto para la élite brasileña?

Janot y parte del STF moderando los abusos de Moro mientras sectores en su seno presionan por el impeachment

Como hemos dicho, la reprimenda pública a Sérgio Moro hecha por Janot, Marco Aurélio de Mello y Teori Zavascki, pueden ser una señal de contención de las acciones del juez de Curitiba, que en su afán de erigirse como "salvador de la patria" está creando riesgos para todo el poder judicial al hacer patente que tuerce e interpreta la Constitución conforme sea conveniente a los juegos de poder. Ser más cuidadosos es crucial para el "partido judicial", sobre todo ahora que es posible, si quisieran, ir hacia una operación "manos limpias". El partido judicial está en campaña para tener mayor autonomía, incluso la Policía Federal está recolectando firmas para un petitorio a favor de la enmienda constitucional que le de autonomía, es decir, ningún control civil externo. Para que la idea de autonomía sea vendible, es necesaria la cara de la imparcialidad. No será extraño que haya acciones contra algunos políticos no petistas en las próximas semanas.

Sin embargo, esta aura de imparcialidad por la que abogaron Janot, Zavascki y Marco Aurélio, cae por tierra cuando consideramos las últimas acciones del STF. Mientras Zavascki atribuye al propio Supremo y no a Moro las investigaciones sobre Lula, mantuvo la suspensión de su nombramiento por Gilmar Mendes. Más aun, al ser consultado por el presidente del STF Lewandoski si se haría cargo de las demandas que tiene Gilmar Mendes, el lo negó. Es decir, una de cal y otra de arena. De conjunto, el STF, a pesar de las apariencias, ha atropellado la Constitución al aceptar que sea cuestionable que alguien que no haya sido condenado no pueda ser ministro. Como se ha dicho en estas páginas, "el Supremo Tribunal Federal no posee ninguna prerrogativa para definir si alguien que no ha sido condenado y está bajo investigación puede o no asumir el cargo público". Se trata de una intervención del Supremo que en la práctica favorece, por lo menos por ahora, a las fuerzas que abogan por el impeachment.

Las nuevas movidas del complejo tablero político de Brasil renuevan lo que venimos diciendo, que los trabajadores y la juventud necesitan impulsar un movimiento contra la impunidad y los ajustes, conscientes de los tres peligros que merodean la realidad nacional: por un lado el impeachment tucano-Fiesp-PMDB, por otro los golpes judiciales que habilitan al poder judicial a que cuando quiera se apoye en la clase media acomodada y se ofrezca de "árbitro" en la realidad nacional, para erigir un nuevo régimen más favorable al imperialismo. Y en tercer lugar el PT, que quiere capitalizar el justo sentimiento de millones contra la derecha y contra los abusos del poder judicial para erigir un nuevo gobierno que efectuará, aun que con otra cara, más ajustes contra los trabajadores.

Traducción: Isabel Infanta