Conmoción e indignación generalizada por la Masacre en Barlovento sigue creciendo. Ahora aparece el caso de la presunta participación de funcionarios policiales en el homicidio colectivo en Cariaco.
Jueves 1ro de diciembre de 2016
La consternación general sobre la forma brutal en que fueron ejecutados en Barlovento, 11 agricultores y un ayudante de albañil, por parte de las OLP, y la presunta participación de funcionarios policiales en el homicidio colectivo en Cariaco, generan "preocupación" al gobierno. Sin embargo, no se trata de hechos aislados, ni simples "excesos de fuerza", es parte de un plan represivo del Gobierno y el Estado.
El Gobierno "se preocupa"
El escandaloso y aberrante caso de los asesinatos múltiples perpetrados por militares de la OLP en Barlovento (Miranda), no deja de estar en el itinerario de indignación nacional, pues se trata de una confirmación de la escalada represiva, que sobre los sectores donde vive la población más pobre, descargan los operativos policiales y militares impulsados desde el Gobierno Nacional y el Estado.
Tan es así que hasta la propia Fiscalía General de la República ha salido ha pronunciarse sobre este hecho, “con preocupación”, asumiendo en primera persona la responsabilidad por esta investigación, comenzando por imputar este miércoles 30 de noviembre a 12 militares "por los delitos cometidos y la violación de los derechos humanos a 13 personas, que fueron asesinadas" según aseguró la Fiscal, Luisa Ortega Díaz.
En sus declaraciones, Ortega Díaz intentaba en vano matizar el fondo del problema cuando confía la solución a una "revisión" de los operativos policiales que emprende el Estado, alegando que "deben realizarse actividades para combatir la criminalidad, [pero] estas no pueden desarrollarse de manera compulsiva, de manera violenta contra toda una población y, sobre todo, contra los más vulnerables e indefensos... Sería criminalizar a los más pobres". Pero precisamente, desde los primeros operativos ese ha sido el contenido de la OLP, el de ocultar el origen de la inseguridad trasladando a los barrios y sectores más pobres todo el poder represivo del Estado.
Otro tanto ha revelado el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, cuando aclara taxativamente "que los ciudadanos, inicialmente detenidos y desaparecidos no tienen ni tuvieron antecedentes penales... eran de familias humildes del municipio Acevedo, ninguno tiene entrada policial, ni se conocían entre sí, no estaban nada emparentados, ni en actos de labor pública o de otro tipo". Saab considera que las investigaciones no deben detenerse en el hallazgo de las víctimas y la imputación de los 12 militares sosteniendo que “aquí debería haber otras detenciones”, pero al mismo tiempo felicita al gobierno de Maduro, al Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a la Dirección Contrainteligencia Militar (DGMI) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) como garantes de que en este caso “no hubiera impunidad”. Poca moral tiene Saab, pues cuando fuera gobernador del estado Anzoátegui, mediante violenta represión de la Guardia Nacional fueron asesinados dos obreros en la Mitsubishi cuando realizaban una huelga.
¿Hechos "aislados"? ¿"Exceso de fuerza"?
Ya en un artículo anterior referido a este caso decíamos que: "El propio ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, detalló que en la zona se había dado la orden de la ejecución de una operación policial en octubre pasado en base a supuestas denuncias en dichos lugares sobre un supuesto ’desalojo arbitrario de viviendas y fincas’. Es decir, la operación era de total conocimiento desde el alto gobierno".
Como ha sucedido tantas otras veces, los operativos denominados OLP se efectúan en zonas barriales y populares, en comunidades pobres, donde lo que llama la atención (y el horror) es el despliegue de armamento de alto calibre, y la movilización de tropas que dan parte de las bajas obtenidas en cada asalto como si de una guerra se tratara, donde los funcionarios militares alegan haberles abatido en presunto "enfrentamiento", saliendo los policías y guardias en su abrumadora mayoría completamente ilesos, y como nunca ha dejado de suceder, detrás vienen las no pocas denuncias de familiares de víctimas inocentes patentando los "excesos de fuerza".
En las más recientes declaraciones de Amnistía Internacional, se recuerda que “según el Ministerio de Justicia, al mes de iniciarse la operación, 52 civiles habían muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad”, pero para tener un cuadro más completo de la agravada magnitud de estos operativos, sirvan las recientes declaraciones de Inti Rodríguez de Provea, donde afirma que "desde que se iniciaron los operativos OLP han contabilizado más de 850 muertos en manos de efectivos militares", por lo que seguidamente aseveró que "El OLP se ha traducido en una masacre permanente contra el pueblo".
A la vil masacre de Barlovento se suman otras denuncias, como la que introdujeran los familiares de 15 víctimas de Cariaco (Sucre), 11 ultimados y cuatro heridos de gravedad, quienes vinculan este homicidio colectivo a una presunta participación policial, este hecho se registró en la madrugada del pasado 12 de noviembre, lo que se traduce en apenas una muestra más del carácter no "aislado", sino nacional, de esta realidad.
Hay sin embargo, entre la primera fase de operativos OLP, iniciada en agosto de 2015, y la segunda fase que se inicia en mayo de este año, un cambio más que "formal" y "numérico" (cantidad de muertes). Se trata pues, como decíamos en el citado artículo "de un salto en las operaciones que se organizan bajo la llamada Operación para la Liberación del Pueblo (OLP)" un salto verdaderamente cualitativo en el caso de la "masacre de Barlovento", pues los cadáveres fueron desaparecidos a lo largo de un mes, los ejecutores "habían enterrado en fosas comunes a las víctimas", después de haber sido torturadas brutalmente, “las autopsias revelaron la forma cruel de cómo fueron ejecutados”, declaraba la Fiscal Ortega Díaz.
El Gobierno y el Estado son los responsables
Por todo lo dicho anteriormente, lo que muestran los hechos y su contexto, es que lejos de ser un simple "exceso de fuerza" por parte de "solo algunos" militares, esto es el producto más exacerbado de un plan represivo a escala nacional ordenado por el Gobierno y el Estado, que nace en medio de la profunda crisis económica, política y social, y cuyo doble objetivo es tratar de ocultar las causas profundas de la inseguridad social convirtiendo a los barrios y sectores populares en teatro de operaciones militares y de despliegue de fuerzas.
La gravísima violación de todas las garantías democráticas y derechos que la OLP, dentro del marco de un Estado de excepción extendido ejecutivamente, la está sufriendo principalmente las familias que habitan en los sectores más empobrecidos del país, quienes encima viven todos los rigores de la crisis con mayor fuerza.
No basta con que el Estado "castigue" solo a algunos de los ejecutores inmediatos de estos horrendos crímenes contra el pueblo. Contra la impunidad y para esclarecer realmente todos los hechos relacionados con las ejecuciones arbitrarias producto de la OLP, es preciso la conformación de organismos conformados por técnicos, especialistas, familiares de las víctimas, y luchadores por los derechos humanos, completamente independientes del Estado, del Gobierno, y de los grupos económicos poderosos del país, para ir hasta el final en estas investigaciones.
Debemos también luchar por echar abajo los operativos denominados OLP y todos los planes represivos, los Estados de Excepción, resoluciones como la 8.610 del Ministerio de la Defensa, y toda legislación que es utilizada por el Estado para accionar arbitrariamente contra el pueblo, como requisito elemental de la lucha por defender las garantías democráticas fundamentales.
