Cambiando el nombre al esquema represivo para combatir la “inseguridad”, Maduro busca limpiarle la cara a uno de los mecanismos más violentos que ha tenido entre los hechos más trágicos la masacre de Barlovento.
Jueves 19 de enero de 2017
El operativo de seguridad que tenía por nombre "Operaciones de Liberación del Pueblo" (OLP) ha pasado a denominarse ahora "Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo” (OLHP), luego de una supuesta “revisión”. Sin mucho empacho y cargado de cinismo Maduro llegó hasta afirmar que "vuelven las OLP con más fuerza y más amor para el pueblo", unas OLP que se han caracterizado por la criminalización de los pobres, violación de derechos humanos, ajusticiamientos encubiertos como producto de enfrentamientos, hasta desapariciones y masacres como la de Barlovento.
Maduro presentó este martes lo que ha dado en llamar "seis líneas de acción" que serían parte de un plan para atender la "seguridad ciudadana" en el país y en el que operan conjuntamente todas las fuerzas de seguridad del Estado. Más precisamente, Maduro dijo en cadena de radio y televisión que "En el campo del frente de la seguridad ciudadana, en el marco de la ’campaña Carabobo 2021’, estoy lanzando seis líneas de acción que resumen la más alta y acabada política en seguridad ciudadana que jamás haya existido en Venezuela y creo que exista en América Latina".
Al maquillaje de agregarle la palabra “Humanista” se le ha sumado la fachada, dentro de las “líneas de acción”, lo que llama "la expansión de todos los planes deportivos culturales y de creación de valores del Movimiento por la Paz y la Vida" para "defender" a los niños de la "cultura que cultiva una admiración por la droga, por la violencia, por las armas". Como si la opción de los adolescentes en las barriadas pobres proviniese de algún tipo “cultura de admiración” a un tipo de vida “marginal” sino producto de la profunda crisis económica y social de un sistema capitalista que restringe cada vez más salidas para los jóvenes. Pero precisamente, desde los primeros operativos ese ha sido el contenido de la OLP, el de ocultar el origen de la inseguridad trasladando a los barrios y sectores más pobres todo el poder represivo del Estado.
Pero luego del maquillaje, vinieron los anuncios de los verdaderos contenidos. Así, en la segunda “línea de acción”, Maduro ordenó "a todo el estado mayor del sistema policial venezolano" retomar y hacer "las adecuaciones necesarias" para poner "en la calle toda la fuerza policial". Es decir, la misma política de ostensión y de mayor presencia y acción física de las fuerzas represivas del Estado que se continuará concentrando, como ha sido durante toda la OLP, en las barriadas populares y pobres de las principales ciudades del país.
En tercer lugar estaría la instalación de los llamados "cuadrantes de paz" que, según el ministro de Interior, Néstor Reverol, un personaje famoso por dar diariamente y casi como partes de guerra los supuestos delincuentes que caían abatidos en cada operativo militar en la anterior fase de la OLP, son "una estructura, un estado mayor, donde participan diferentes instituciones" policiales y la ciudadanía "en perfecta unión cívico militar policial". En otras palabras la incorporación de sectores de la población en los esquemas represivos conjuntamente con los órganos militares y policiales del Estado, aunque sin dejar claro cómo sería esa supuesta incorporación de la “ciudadanía”.
Los “cuadrantes de paz” no es otra cosa que un control territorial de determinadas zonas específicas donde cada “cuadrante”, según el gobierno, estará definido por tres aspectos, “la densidad poblacional, extensión territorial y topografía así como la tasa de incidencia criminal”, léase en otras palabras, las grandes barriadas urbanas que concentran la mayor cantidad de pobres en las ciudades. Para ello se prepararía la “formación especial” de 20.000 nuevos efectivos de seguridad, la mitad pertenecerán a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la otra mitad a la Guardia Nacional Bolivariana para integrar los cuadrantes.
Como cuarta “línea de acción” vendría lo que el gobierno llama "el fortalecimiento del sistema de protección popular para la paz SP3 (¿?)", que contaría con "patriotas cooperantes para adelantarse con información a las amenazas para identificar las bandas criminales paramilitarizadas y las bandas de homicidas y sicarios, para hacer el trabajo de inteligencia". Esto no es otra cosa lo que más popularmente es conocido como el incentivo de soplones, donde “patriotas cooperantes” no son otra cosa que informantes, y la infiltración de los policías en los barrios encubiertos de ciudadanos comunes.
La quinta "línea de acción" es la que ya hemos anticipado al inicio de este artículo, y que tiene que ver con el cambio de nombre del “plan de seguridad” que se denominaba "Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)" para pasar a llamarse "Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP)".
Por último, agregó Maduro, se crearán las llamadas "casas de justicia" que serían "para la resolución de conflictos, para la justicia temprana, oportuna" y para "llevar la autoridad del Estado" a la comunidad, que estarían conformadas por un representante del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, uno de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), la Milicia Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo, entre otros, pero sin especificar cómo operarían ni atribuciones. Pero sí es claro es que los propios cuerpos represivos del Estado serían por lo visto juez y parte, pues la “Guardia del Pueblo” no es otra cosa que la misma represiva Guardia Nacional, y la llamada Milicia está bajo la estructura militar de orden y mando de las Fuerzas Armadas. Ademas las UBCH son instancias del PSUV, es decir, serán los militantes del partido del gobierno junto a los órganos represivos los que impartartirían esa "justicia".
Como las críticas al “nuevo” esquema del combate a la “inseguridad” no tardarían en llegar, el vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, se adelantó este miércoles afirmando que “el plan de seguridad” que había lanzado Maduro, "no son operaciones represivas, son bloques de búsqueda contra bandas paramilitarizadas, bandas criminales que operan dentro de un territorio y someten a esa comunidad a la violencia, a la criminalidad”. Tareck El Aissami agregó además que por instrucciones de Maduro los "espacios modelos" para iniciar la nueva política de seguridad serán el céntrico estado Miranda y el Distrito Capital.
La crimininalización de los pobres, el uso ostensivo y exclusivo de la violencia con los órganos de represión del Estado, el control social territorial saltan a la vista en las llamadas “nuevas líneas de acción” que no es otra cosa que el reciclaje de la vieja OLP ahora maquillada y hasta cambiada de nombre con el agregado de “humanista”, incluso ahora los propios órganos de represión serán parte de los encargados de “impartir justicia” con las llamadas “casas de justicia” en las propias comunidades pobres. No queda más que rechazar y denunciar todos estos esquemas represivos que vienen implementando y que quienes más los sufren son los trabajadores y pobres que viven las barriadas populares de las ciudades del país, donde se descargan los operativos policiales y militares impulsados desde el Gobierno Nacional y el Estado.
