En su conferencia matutina de hoy 25 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada desde Baja California Sur por el Gabinete de Seguridad Federal y el gobernador de la entidad, Victor Castro, abordó distintos temas entre los que destacaron la detonación de coches bomba ayer en los municipios de Acámbaro y Jerécuaro en Guanajuato.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Viernes 25 de octubre de 2024
Referente a ello, la presidenta mencionó
el martes vamos a dar una informe general a la población de la estrategia de seguridad, resultados y todo lo que tenemos que seguir haciendo, una estimación de cuando podrían cesar hechos violentos como los que vimos ayer. Hay mucha coordinación el gobierno federal, sus instituciones Sedena Marina, las fuerzas armadas la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana que está coordinando esta estrategia que presentamos y al mismo tiempo la protección de la población, uno de los elementos fundamentales. No se puede catalogar como narcoterrorismo (las explosiones).
En el caso de Acámbaro, la detonación ocurrió frente a las oficinas municipales de Seguridad Pública. En el de Jerécuaro, fue en el centro del pueblo. En ambos no se reportaron decesos. Sin embargo, los daños materiales fueron a pequeños comercios y a modestas viviendas de los alrededores.
Las familias trabajadoras y de sectores populares, como siempre, son las más expuestas en este tipo de sucesos. Estos ataques se dan en el marco de una crisis de violencia que aqueja a Guanajuato desde los últimos años. La estrategia de seguridad en todos los niveles de gobierno ha sido policiaco-militar.
A las y los trabajadores en Guanajuato les es impuesta una fuerte “pobreza laboral”, concepto que se refiere a personas o familias cuyo salario no les alcanza para cubrir las necesidades alimentarias básicas.
En esa entidad, un 39,8 % de los trabajadores tanto formales como informales no percibe lo suficiente para adquirir siquiera una canasta básica, de acuerdo con datos al tercer trimestre de 2022 que expone la investigadora Sabine Michelle Cisneros en su trabajo “Guanajuato, la crónica de una pobreza laboral anunciada”.
Según dicha investigación, “en el tercer trimestre del 2022 la población económicamente activa (PEA) de Guanajuato fue de 2,848,237 personas, con un salario promedio de $ 4,520 pesos mensuales”.
Por su parte el medio “Periódico Correo” informa que el 30 de septiembre de 2024 la canasta básica en la entidad alcanzó los 2 mil 354 pesos en zonas urbanas y 1 mil 800 pesos en zonas rurales. Los salarios claramente son insuficientes.
Esto obviamente empuja a la población a buscar alternativas tanto legales como ilegales para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, ataques como los coches bomba no son cualquier tipo de ataques, no es algo que cualquier persona pueda llevar a cabo. Requieren de una considerable preparación técnica. Son un indiscutible indicio de la actuación de elementos del crimen organizado con capacitación militar.
Durante los últimos años, conforme se ha intensificado la militarización del país como elemento primordial del supuesto combate al narcotráfico, es cada vez más común ver este tipo de acciones paramilitares que aterrorizan a la población; explosivos de gran alcance, a veces con ataques implementados mediante drones. La militarización ha implicado una creciente actuación de elementos paramilitares en el país. No es casual, la primera conlleva lo segundo.
Las estrategias de seguridad policiaco-militares continúan con las políticas de administraciones pasadas, que lejos de reducir los índices de violencia han perpetuado el ciclo de represión y militarización en el país. El énfasis en el uso de la fuerza y la coordinación con el Ejército sigue siendo la respuesta predominante, dejando de lado las necesidades urgentes de invertir en educación, salud y empleo como estrategias a largo plazo para combatir la violencia.
