Polarización política. Sólo dos estados mantienen suspendida la distribución de libros de texto

Presidido por Norma Piña, el Poder Judicial hoy está controlado por la derecha, que lo viene utilizando para golpear al gobierno de López Obrador. El presidente, por su parte, está haciendo política para reducirles el presupuesto a las y los jueces y hacer una reforma judicial, como parte de la disputa que se mantiene entre los dos poderes de la Unión.

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Con las declaraciones de la secretaria de educación, Leticia Ramírez, en el sentido de que no hay impedimento jurídico para la entrega de libros de texto, sin el cobijo de la Suprema Corte y a partir de sus cálculos políticos, los gobiernos que recularon son los panistas de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, junto a los dos gobernados por Movimiento Ciudadano: Nuevo León y Jalisco.

En cuanto al Estado de México, donde a partir de un juicio de amparo estaba por definirse si los libros no se repartirían a los 20 alumnos, que se ampararon o a todos los de la entidad, el gobierno de Alfredo del Mazo acordó con las autoridades federales la distribución total de los materiales.

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Junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la campaña contra los libros de texto viene siendo impulsada por los partidos de oposición, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), el Frente Nacional por la Familia (FNF), la Iglesia católica y otras tendencias eclesiásticas, medios de comunicación como TV Azteca y organismos empresariales como la Coparmex, entre otros, conformando un verdadero frente con el que la derecha busca fortalecerse hacia las elecciones del próximo año.

La polarización política y social resultante está dando lugar a manifestaciones de sectores de base de la derecha, como las movilizaciones de padres de familia en Guanajuato y Orizaba contra los libros de texto, la quema de libros en Chiapas o las acciones del FNF en Tijuana, en donde tiraron los materiales educativos a un bote de basura.

Aunque con menor impacto, también ha habido movilizaciones de madres, padres de familia y docentes exigiendo el reparto de los libros de texto, como en Guanajuato y en Chihuahua.

Por su parte, organizaciones derechistas como la Alianza de Maestros A.C., la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, la Coparmex, Educación con Rumbo, Plan B para el Desarrollo A.C., Sociedad en Movimiento, Suma por la Educación, la UNPF y otras organizaciones de este calibre, conformaron el Colectivo por la Educación Niños que sí Aprendan, que impulsa una plataforma para poner a disposición materiales educativos como los libros de texto del ciclo escolar anterior, mientras que pretenden entregar los materiales físicos en comunidades que no cuenten con internet.

De esta manera la educación pública, en primer lugar, en Chihuahua y Coahuila, pero también en el resto del país, se ha visto entrampada en la polarización creada entre el gobierno y la oposición, planteándose nacionalmente la disyuntiva de “libros sí o libros no” como la única salida posible, mientras otras cuestiones educativas cruciales quedan invisibilizadas, convenientemente para ambos sectores en disputa.

Si bien, desde la agrupación Nuestra Clase nos oponemos a la campaña retrógrada contra los libros de texto gratuitos de la derecha, al mismo tiempo denunciamos, enérgicamente, que el magisterio no fue convocado ni se generaron las condiciones para su participación en la elaboración de los contenidos, tanto de los libros como del plan y programas de estudio, por más que los discursos oportunistas de la 4T mientan diciendo lo contrario.

Además, junto al planteamiento de que los contenidos educativos sean el resultado de un proceso de discusión y toma de acuerdos en la comunidad educativa con el acompañamiento de especialistas en todos los tema, también planteamos, que no sólo necesitamos libros de texto gratuitos acordes a las reales necesidades de las comunidades educativas, sino, todo lo necesario para revertir las carencias en la educación pública, hacerle frente al profundo rezago que se oculta, el abandono y la violencia escolares, a la degradación de la educación a través del recorte de contenidos claves para una formación crítica y de nuestras condiciones laborales, que cada día son más precarias; lo que requiere, fundamentalmente, aumentar el presupuesto educativo, el cual es cada vez más raquítico producto de la negativa a su aumento y a la inflación.

Y cuando nos dicen que no hay dinero, nosotr@s les respondemos que no es verdad, ya que puede provenir de aplicar mayores impuestos a las grandes fortunas, que se multiplicaron en la pandemia a costa de nuestras vidas y de redirigir a las necesidades sociales los recursos que hoy se destinan a la Guardia Nacional, la militarización del país, los megaproyectos que pasan por arriba de nuestros pueblos originarios y el pago de la fraudulenta deuda externa.

En estos cinco años que van del sexenio, ya hemos comprobado que estas justas demandas no serán resueltas por la buena voluntad del gobierno, sino que ponen sobre la mesa la necesidad de organizarnos como trabajadoras y trabajadores de la educación, junto a estudiantes, madres, padres de familia y otros sectores de trabajador@s, para luchar en defensa y por la mejora de la educación pública y nuestros derechos.

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