Los protocolos sobre violencia de género son fundamentales a la hora de intervenir ante estos casos. En veinte universidades ni siquiera existe. Y en el resto solo en algunas facultades.
Miércoles 13 de febrero de 2019 23:04
Hace apenas unos días, un profesor del colegio pre universitario Carlos Pellegrini, subió a sus redes sociales un “meme”, que es un dibujo en tono de caricatura, con la cara de una alumna de ese colegio. El contenido era sexual y violento cuya consigna final fue “basta de feminazis”.
Las autoridades utilizaron el protocolo sobre violencia de género, por lo que el profesor fue suspendido de su cargo y se le abrió un sumario administrativo. Este determinará su futuro como docente en la institución.
En este caso, la institución educativa cuenta con un protocolo al que acudir. Sin embargo, de acuerdo a datos de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (Ruge) del consejo Interuniversitario Nacional, de las 57 universidades públicas nacionales o provinciales solo la mitad posee un protocolo.
Hilando más fino, 31 de las universidades lo tienen en todas sus facultades, dos lo tienen en algunas, tres “están en proceso de elaborarlos” y 20 no tienen ninguno.
Veinte universidades, con sus respectivas facultades, que frente a una situación de violencia de género no están en condiciones de actuar con la celeridad y las herramientas correspondientes.
Este dato, no sorprende. Pensemos que en nuestro país fue la masiva movilización del primer NiUnaMenos en el año 2015 la que logró poner en agenda la violencia machista. No existen, aún hoy, registros completos que permitan reflejar la realidad que sufren cientos de mujeres a diario.
Pero volviendo a los protocolos, según señala Carla Fernández -coordinadora del Comité Ejecutivo de Ruge- a Télam, “las universidades tienen muchos problemas para su cumplimiento” y agregó que “no basta con tener una normativa para garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Las universidades son instituciones grandes y complejas en las que conviven actores permeables a la temática y otros resistentes".
Esto significa que, aun contando con protocolos, la aplicación de los mismos depende casi exclusivamente de la “actitud” de las autoridades. La dilación en la aplicación del protocolo también se debe a la falta de conocimiento de quien debe tomar las decisiones.
Tomemos como ejemplo lo ocurrido durante una toma en el colegio pre universitario Nacional de Buenos Aires. Una alumna sufrió un hecho de violencia de género, su rector no solo no actuó en forma rápida, sino que violó el derecho a la intimidad de la alumna dando a conocer el caso. Es decir que ni siquiera reparó en las cosas mínimas que se deben tener en cuenta frente a una situación así. ¿Torpeza? ¿Falta de conocimiento? ¿Relativizar la gravedad del caso? Posiblemente un poco de todo, pero cuya consecuencia inmediata es la re victimización de la mujer, en este caso una joven adolescente, que tuvo que enfrentarse a esa situación.
En este sentido Fernández aclaró: “A veces tenés un equipo multidisciplinario muy calificado en violencia de género recepcionando las denuncias, pero después encontrás muchos obstáculos en los circuitos administrativo-jurídicos que son los que tienen que recomendar a las autoridades universitarias las medidas preventivas o sancionatorias a adoptar”.
No es sencillo lograr que estos protocolos existan y se apliquen, pero dar visibilidad a la violencia machista es el único camino para modificar estos hechos.
