Desde La Izquierda Diario entrevistamos a referentes e integrantes de asambleas ambientales de la provincia para conocer su opinión sobre el tratamiento legislativo de la IP 2020 y como continua la lucha para frenar el saqueo extractivista. Este 4 de mayo habrá movilizaciones en toda la provincia.
Lunes 3 de mayo de 2021 14:24
Mientras ha transcurrido la mitad del tiempo legalmente establecido para el tratamiento de la Iniciativa Popular 2020 avalada por el 6% del padrón electoral, se ha desplegado una furibunda campaña en su contra. Argumentos falaces como el cierre de ALUAR en caso de aprobarse, o la inconstitucionalidad de la misma, son fogueados por diferentes sectores vinculados al lobby minero que exigen a la legislatura desestimarla o rechazar el proyecto, pero también por parte de funcionarios provinciales y nacionales.
Entre los primeros se destacan cámaras empresarias y burócratas sindicales, entre los segundos el Ministro de Hidrocarburos de Chubut y presidente del Consejo Federal de Minería Martin Cerdá, quien agitó el fantasma del posible cierre de ALUAR en caso de aprobarse, y el abogado constitucionalista Daniel Sabsay quien planteó la inconstitucionalidad de la IP, algo que contradicen legislaciones vigentes como la 7722 en Mendoza o la 9256 en Córdoba. Sabsay, deja entrever que en caso de aprobarse la IP2020 podría correr la suerte de la prohibición que votara el Consejo Deliberante de Andalgalá, declarada inconstitucional por la Corte Suprema.
Desde La Izquierda Diario dialogamos con varios referentes e integrantes de distintas asambleas ambientales de Chubut para saber cómo ven este proceso que tiene el antecedente inmediato de la IP 2014, completamente desfigurada y tergiversada en su tratamiento legislativo, al punto que el ex gobernador Das Neves derogó en 2016 el mamarracho traficado por la legislatura, aprobado en noviembre de 2014 en medio del escándalo de legisladores recibiendo mensajes de reconocidos lobbystas mineros.
En esta ocasión, la IP 2020 se encuentra enfrentada al proyecto de zonificación que impulsa el gobernador Mariano Arcioni como bandera para superar la crisis en que se hunde la provincia desde fines de 2017.
Silvia de los Santos es abogada y trabaja con asambleas ambientalistas, trabajadores y comunidades en lucha de Chubut. “Somos una provincia extractivista hace 120 años y está fundida, que nos vengan a decir acá, a la capital nacional del petróleo, que somos Dubai. Todos los días te dicen no porque el extractivismo nos va a sacar de… porque el trabajo… desde 2018 que estamos en emergencia económica, y no había pandemia. Hay que salir de una pandemia con otra pandemia.”
Claro que Arcioni no está sólo, es el gobierno nacional el que presiona para la aprobación de la megamineria en Chubut. “El gobierno nacional desde el primer día impulsó la megaminería y todos los extractivismos: el agrotoxinegocio, la mega minería y el fracking”, continúa Silvia. ”El tema es que este modelo no es de coyuntura, está instalado desde siempre en el Estado Argentino y en otros países de américa latina, y es transversal a todos los gobiernos. Este modelo que nosotros ya estamos denunciando como una dictadura minera, pero extractivista en realidad, porque avanzan y no importa qué, ni las leyes, la Constitución, ni los derechos. Lo único que importa, y que este gobierno particular lo hace explícito, es que entré en dólares”
Dólares para pagar la deuda externa es el costo que el pueblo de Chubut pagará con contaminación y destrucción ambiental en caso de aprobarse el proyecto de zonificación minera, pero ¿qué posibilidades ven desde las asambleas de que el tratamiento de dos proyectos contrapuestos como son la IP2020 y la zonificación minera se dé en este año electoral en el que sin duda tanto uno como el otro tendrán un costo político?
Nelson Avalos, de la Asamblea en Defensa de la Cuenca del Rio Epuyén (ADCRE) destaca que “no se sabe nada al proyecto de la IP o iniciativa popular y si del proyecto de gobierno de Mariano Arcioni con el apoyo y el aval y el asesoramiento del gobierno nacional, hay que repetirlo siempre porque pareciera que esto es algo de la provincia nada más, este proyecto ya tuvo dictamen favorable y ya está en la cámara a la espera del momento adecuado para ingresarlo e incluso tratarlo sobre tablas.”
“La discusión por la Iniciativa la van a tener que abordar si o si” dice Máximo, miembro de la Unión de Asambleas de Comunidades de Trelew. “Hay referentes del arco político provincial que están saliendo a hablar de la IP como Linares, Pagliaroni, pidiendo que se retire, o diciendo que es Inconstitucional” continua Máximo, “se está poniendo en boca de quienes van a tener que decidir acerca del futuro de la Iniciativa Popular, y eso es importante porque está generando que se discuta la Iniciativa, cómo resultado de que no pueden avanzar con la Zonificación, que en lo personal creo que no se van a animar a tratarla nuevamente. No están dispuestos a pagar el costo político, por eso creo que van a desdoblar los tratamientos la IP antes y la Zonificación después”.
“Las asambleas han hecho un trabajo digno en todos estos años de concientización y de clarificación llevando a todo el pueblo información fidedigna y auténtica, entonces no puede ser que algunos ministros como el de minería (Martín Cerdá) hablen tratando al pueblo de ignorante. Dicen que le hacen firmar cualquier cosa y no es así. Los habitantes de Chubut tienen bien claro de que se trata la minería” dice Liliana de lavAsamblea de Rawson-Playa Unión.
Para Pablo de la Asamblea en Defensa del Territorio – Puerto Madryn “la zonificación (proyecto 128/10) ya no va a ser tratada hasta después de las elecciones. La gran movilización de la provincia logro frenar los dos últimos intentos de aprobarla en la legislatura. Y eso ha llevado a cierto sector del PJ a lanzar el “plan enfriamiento” con Linares a la cabeza, a pedido del gobierno nacional.” Respecto a la IP sostiene que “la legislatura está obligada a tratar la IP en un tiempo máximo por ley y esto se daría antes de las primarias. Tanto el oficialismo como el PJ provincial y Cambiemos quieren sacarse la IP de encima lo antes posible para no pagar los costos políticos de su desaprobación.”
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Pero ¿existe la posibilidad de que la IP 2020 no sea tratada y simplemente se cumpla el plazo legal y expire? Para Silvia “no está prevista esa posibilidad porque la constitución plantea la obligatoriedad del tratamiento entonces eso redundaría en una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público a los legisladores”.
Y, en caso de tratarse ¿Qué garantías hay de que no suceda lo del 2014? Pablo de Madryn plantea una distinción, “en el 2014 la legislatura no solo no aprobó el texto original de la IP, sino que lo modifico para convertirla en una ley pro-minera, generando un escándalo al dejar al descubierto que algunos diputados recibían ordenes de las empresas mineras. No vemos que están dadas las condiciones para esto en la actualidad, pero si tenemos en claro que ninguno de los sectores que están en la legislatura tienen intenciones de aprobarla.” “No creo que se atrevan a tanto. Que se atrevan a tergiversar el proyecto y cambiarlo totalmente cómo hicieron el 2014.” Complementa Nelson de la ADCRE, y agrega “tanto el Frente de Todos, como el gobierno de Alberto Fernández, Massa y todos los partidos Patronales están de acuerdo en la megaminería y el extractivismo Así que es un tema candente que los tiene ahí dudando porque las elecciones se acercan y los tiempos legislativos también los corren.”
Para enfrentar este proyecto extractivista nacional, Pablo plantea que desde la UACCh “impulsamos la movilización en las calles junto con todos los sectores de la provincia para que se trata lo antes posible el proyecto 129/20 y se apruebe sin modificaciones”. “Es importante salir a las calles a defender la Iniciativa Popular, para que se apruebe, y luego de que se apruebe mantenernos en las calles para defenderla del lobby minero que siempre va a estar acechando.” Complementa Máximo. “Ya lo hicimos, en las calles paramos el tratamiento de la Zonificación, y lo vemos porque no pueden tratarla, y así como hicimos eso, en las calles vamos a conseguir la aprobación sin modificaciones de la Iniciativa Popular que cuenta con el aval de más de 30.000 voluntades chubutenses que decimos que no queremos megamineria.”
Para avanzar con el saqueo extractivista en Chubut, el gobierno nacional cuenta con el abierto apoyo de parte de la burocracia sindical de la UOCRA, Petroleros o Camioneros, lo cual plantea la necesidad de ligarse a amplios sectores de la clase trabajadora que han expresado su rechazo a la megamineria y supone la necesidad de exigir a los sindicatos estatales, pesqueros, salud y docentes su pronunciamiento y apoyo público.
“Durante el año pasado varios sindicatos han apoyado el reclamo de la provincia en decir No a la megamineria, pero se ha limitado a solo decirlo o a gestionar uno o dos colectivos para las movilizaciones. Aunque llamó a un paro provincial en el marco de esta lucha, no organizó la movilización de sus bases. Muchos de sus principales dirigentes tienen estrecha relación tanto con el gobierno provincial como el nacional y están en este juego a dos puntas permanente. El rol que deberían cumplir es de escuchar el reclamo de sus propias bases, que si han acompañado fuertemente las movilizaciones, y ponerse lado a lado con las asambleas y las comunidades de la provincia.” Dice Pablo.
“Sabemos que los sindicatos, los gremios estatales, todos tienen como consigna no a la mina, no a la megaminería. También tienen en sus comunicados en sus declaraciones muchas veces que les quieren cambiar sueldos por megaminería y no lo aceptan” dice Nelson, “siempre se habla de que está todo generado para imponer el proyecto extractivista pero en la práctica nunca se llega a una real articulación y unidad en la lucha”.
Como nos decía Liliana, “el pueblo está cansado de ser traicionado, de que no escuchen la voluntad popular, de que una vez que asumen los cargos directamente se olvidan a quien están representando. Está cansado el pueblo y realmente es muy manso por qué la violencia que está ejerciendo el gobierno provincial hacia el pueblo es terrible. Violencia cuando se ignora la voluntad popular cuando se basa en falacias y mentiras terribles en sus discursos el gobernador habla de transparencia, de la verdad y justamente el proyecto 128 se basa en una falsedad ideológica que no tiene parangón. Han obviado la consulta a pueblos originarios. Que está en el convenio 169 de la OIT. Y bueno que además qué está basado en informes totalmente falsos.”
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Por eso, la Iniciativa Popular 2020 tiene que ser aprobada sin modificaciones. Y para lograrlo es necesario imponer la voluntad popular en las calles contra toda maniobra legislativa, buscando coordinar la lucha de amplios sectores que en toda la provincia se han movilizado a lo largo de estos años de crisis. Este 4 de mayo, día histórico de movilización de las asambleas ambientales, confluirá con un paro de 48 horas de salud y con la movilización de los brigadistas de incendios en la cordillera en reclamo de salario y condiciones. Esta es una oportunidad para forjar la alianza estratégica que una a quienes luchan en la provincia contra el ajuste y el saqueo minero. Esa unidad que tanto asusta a los medios y al poder.
