Esta semana el GOPE de carabineros allanó el Dispensario Nacional Cannábico ubicado en la comuna de Providencia. Más de 400 pacientes arriesgan sus tratamientos incluyendo niñas y niños con tratamientos para la epilepsia, personas con fibromialgia, entre otros casos de alta complejidad sumándose a una larga lista de allanamientos irregulares. ¡No más pres@s por plantar! Basta de represión, el consumo medicinal es un problema de salud pública.
Domingo 24 de octubre de 2021
La criminalización y la persecución es terrible contra l@s pacientes cannábicos se vio de manera muy clara esta semana, cuando el día jueves por la tarde personal de GOPE, apoyados por el municipio de Evelyn Matthei, allanaron el primer dispensario nacional en Chile productor de cannabis.
El hecho causó un enorme repudio tomándose las redes sociales con el hashtag #NoMásPresosPorPlantar que este viernes fue trending topic en Twitter. Activismo Cannábico convocó manifestaciones para hoy domingo a las 12 hrs, en al menos nueve regiones del país para denunciar la criminalización y el riesgo de que esta planta sea monopolizada por farmacéuticas inescrupulosas, fortaleciendo así el negocio de los privados y no la fundamental salud pública.
El Dispensario es la primera corporación de usuarios medicinales, una vía legal de asociarse para autocultivar, sin embargo, la penalización de la planta y los “vacíos” legales abren espacio a la criminalización, al prejuicio y la desinformación respecto a sus diversos usos. Cabe mencionar que desde la corporación desde el 2018 solicitan audiencias con el municipio, estas han sido negadas.
Desde el 2019 hasta agosto del presente año se registraron 88 allanamientos a pacientes de la Fundación Daya en el marco del “Plan Cannabis” de la PDI. Un sector de l@s afectad@s denunció al Instituto de Derechos Humanos INDH tratos vejatorios e irregularidades en los procesos. Un ejemplo de esto es el caso de Rosa Salazar de 55 años de la comuna de Chillán
Cuando vio a los policías ella les pidió la orden que el Ministerio Público debe emitir para autorizar allanamientos de morada, pero en un reportaje menciona que la respuesta de los funcionarios fue tajante: “Si te vas a poner así de chorita, vamos a entrar igual no más”, este amedrentamiento la llevó a dejarlos entrar. A pesar de contar con sus documentos y receta médica le requisaron las tres plantas que tenía y se la llevaron detenida por considerarla un peligro para la sociedad.
Otro caso emblemático es el de Rodrigo Barraza, quien cayó en prisión domiciliaria acusado de narcotráfico por plantar cannabis para el tratamiento de su hijo con autismo mediante aceites y gotas. Ante la persecución, la criminalización y exposición Rodrigo decidió quitarse la vida, dejando una cruda huella en el mundo del activismo cannábico que hoy pelea por la Ley Rodrigo Barraza, conocida también como Ley de Cultivo Seguro, la cual fue rechazada por la actual comisión de salud.
Al gobierno de los empresarios no le importan nuestras vidas, mientras financian la represión incluso en medio de la pandemia, hacen tambalear la salud pública que hoy sobrevive gracias a l@s trabajador@s y el esfuerzo de usuari@s. El hecho que hoy existan más de 400 pacientes cuyos tratamientos están en riesgo es en gran parte porque no se le considera realmente dentro de los planes de salud, aunque su consumo medicinal esté legalizado.
Fer Morales
Antropóloga Social y poeta Slam
