La brutalidad de las masacres en Tlatlaya e Iguala puso en primer plano a nivel internacional el encubrimiento del gobierno de Peña Nieto frente a las violaciones de los derechos humanos en México. Aunque no existen cifras oficiales, la Secretaría de Gobernación reconoció que hay 26 mil personas desaparecidas.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Jueves 9 de octubre de 2014
Human Right Watch (HRW) dio a conocer que envió una carta al secretario de gobernación, Osorio Chong, y al Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam.
En la misiva, informa que considera que la acción del gobierno mexicano frente a las violaciones de los derechos humanos en el país. Las califica de “insuficientes” y “contradictorias”.
Peor aun, acusa al gobierno de encubrir los abusos de las fuerzas de seguridad y las autoridades porque quiere conservar una buena imagen de México en el extranjero.
En la carta HRW, según se informa en el portal de la revista Proceso, sostiene que "El gobierno no ha proporcionado una lista de personas cuyo paradero aún se desconozca ni de aquellas que han sido localizadas. En lugar de ello, simplemente ha generado una base de datos en línea que permite determinar la situación de personas específicas, pero que prácticamente no aporta información relevante sobre cada uno de los casos".
Un país militarizado
Desde hace años, grandes regiones de México viven en la militarización. Incluso en el Distrito Federal es habitual ver desplazamientos de militares en distinto tipo de vehículos.
Mientras, aumentan los feminicidios, la criminalización de la protesta social, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales de quienes sean jóvenes, migrantes, o que se atrevan a cuestionar de alguna manera la entrega del país y la situación de violencia que se vive.
Sólo en los dos años de gestión de Enrique Peña Nieto suman más de 300 presos políticos en el país.
Esta militarización, desde los distintos gobiernos –que se cobró la vida de más de 100.000 personas, entre muertos y desaparecidos–, se justifica con la excusa de la guerra contra el narcotráfico. Y las fuerzas de seguridad tienen la libertad de imponer su ley y sus abusos con las balas.
Los cárteles del narcotráfico: fuerza de choque del estado
La masacre de Ayotzinapa puso en evidencia la estrecha relación entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el cártel de los Beltrán. Y se dio a conocer que este partido propuso al gobierno negociar la renuncia de Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, a cambio de la renuncia de Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, y cuestionado por la masacre de Tlatlaya.
En el periódico El País se afirma que “De la comisaría los jóvenes fueron llevados a un monte a las afueras de Iguala, donde fueron ejecutados y enterrados tras ser quemados en una pira. El número de cuerpos encontrados no coincide con el de los desaparecidos: hay una diferencia de 12.”
Mientras tanto, en los medios mexicanos no se asevera que los restos hallados en las fosas cercanas a Iguala sean de los estudiantes desaparecidos, aunque es una posibilidad.
Lo cierto es que quienes fueran las personas asesinadas y enterradas en esas fosas clandestinas, según informa el diario La Jornada, “debieron caminar hacia su fin”. El horror y la muerte imperan, sean o no los restos de los estudiantes desaparecidos.
El cártel de los Guerreros Unidos, organización delictiva local, exige en mantas colgadas en las calles de Iguala, la libertad de los 22 policías detenidos, porque sino darán a conocer los nombres de los políticos que los protegen.
La compleja relación entre las redes de narcotráfico y el estado mexicano se revelan así en una dimensión espeluznante. Según declaraciones de los policías detenidos, los estudiantes fueron castigados por provocar desorden en territorio de los narcotraficantes.
¿De qué desorden hablan? Pues ni más ni menos que de las manifestaciones que realizan los estudiantes de las normales para protestar contra el desmantelamiento de las escuelas normales rurales, contra la represión y contra la reforma educativa.
Contra la militarización
En comunicación con La Izquierda Diario Sergio Moissen, referente de la lucha contra la militarización y dirigente del Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS) planteó que ante esta situación es necesario que “las organizaciones normalistas, el movimiento estudiantil y las organizaciones de trabajadores, campesinas, populares, de izquierda y de derechos humanos, pongan en pie una Coordinadora Nacional Contra la Represión, que junto a las de Ayotzinapa, levante entre sus principales demandas la libertad a Nestora Salgado y todos los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que se rertire el ejército de Guerrero y que se Desmilitarice inmediatamente todo el país!” y realizó una convocatoria en especial a los Sindicatos y Centrales Sindicales como la NCT -Nueva Central de Trabajadores- y las demás que se reclaman opositoras a respaldar a los normalistas.
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