Libertades Democráticas. Son 3000 los detenidos en Santa Fe: mano dura frente a la crisis sanitaria

El sábado, día 2 de cuarentena, la conferencia de prensa de Perotti y Sarnaglia ya ponía la impronta de cuál sería la respuesta del gobierno a la delicada situación que atravesamos por la pandemia. Sin que el Ministro de Salud cobre protagonismo, el jefe de policía daba cuenta de los aprehendidos dando a entender que se estaban ocupando del problema.

Un grupo de jóvenes hacinados en el patio de una comisaría de la ciudad de San Lorenzo, luego de una “razzia”. Una mujer es detenida en la zona oeste de Rosario y luego la policía dispara a los vecinos de un monoblock que filman todo con la bronca de ver la violencia de los uniformados. Un policía amenaza con llevarse detenidos a un grupo de trabajadores de Rappi. La policía entra al Barrio Las Flores de Santa Fe. En 6 días, las fuerzas de seguridad provinciales recorren los barrios con el objetivo de amedrentar y perseguir, mientras el hambre y las necesidades sanitarias afloran con la cuarentena.

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Primero la seguridad y después la salud. En consonancia con el discurso de la Ministra Frederic, que no descarta el Estado de Sitio en la Argentina, la cartera en seguridad provincial viene incrementando su accionar represivo.

“No tienen que temerle a la policía” dijo Sarnaglia, lo que resulta una ironía en la misma provincia donde el gatillo fácil se ha llevado la vida de muchos jóvenes como Franco Casco, Jonatan Herrera, Pichón Escobar o recientemente el caso de Carlos Orellana que apareció en el río luego de haber ido a un boliche y en cuya causa se investiga a policías. También hizo referencia a que las reuniones son “peligrosas” en el marco de un paquete de anuncios persecutorios y de mayor control social. Parece que elige las palabras y olvida que estamos en el país donde hubo 30 mil desaparecidos.

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Pero estas medidas no son aisladas, implican un salto respecto a la cuestionada Ley de Emergencia en Seguridad acordada entre los diferentes bloques de partidos, que daba luz verde para militarizar los barrios que se dio en simultáneo con derogar un decreto para habilitar a la policía a tener una bala en la recámara lista para disparar. Allí, un conjunto de Organismos de Derechos Humanos, Organizaciones Sindicales y Políticas dijimos no. Hoy tenemos que seguir por ese camino, rechazando estas políticas que no hacen más que permitir la represión sobre los trabajadores y el pueblo.

De más está decir, que “dar más poder a la policía” en una provincia como Santa Fe, donde en reiteradas oportunidades se vinculó a los miembros de las fuerzas al narcotráfico, resulta irrisorio. Marcelo Saín lo dejó mucho más claro en un audio que se filtró donde instruía a los uniformados: “Tenemos que ser duros con la gente que incumple”, “trabajan de policías, dejen de ser administrativos”. En el marco de un conjunto de insultos a los intendentes de Santa Fe, el Ministro deja en claro el endurecimiento de las medidas: “A los jefes de la policía de la provincia les pido que apliquen la ley. Que le hagan la firmeza y la dureza que le impone el estado de derecho. No es ser blanditos con la ley, es ser duro en la aplicación” esgrimió. Podríamos decir que está hablando de enfrentar al virus, pero no. Lo hace pensando en los barrios santafecinos que no solo están en sus casas sin recursos, sino que temen el accionar de la policía, porque es algo cotidiano sufrir los atropellos y la violencia institucional.

Entre los miles de aprehendidos, que a nivel nacional llegan a 13.000, hay trabajadores no registrados que salen a ganarse la vida pero al estar “en negro” no pueden justificar a donde van. Otros tantos son personas que viven en la calle y el Estado no les brinda una salida. Los retenes secuestran motos y autos de obreros que se las rebuscan para comer mientras y para eso no pueden cumplir con la directiva del “se quedan en casa”. Al hambre se responde con palos, a la salud se responde con palos.

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La cuarentena establecida desde el viernes trae aparejada una medida de excepción que le otorga más poder al Estado a la hora de reprimir. Aún no sabemos cuál es el plan que tiene el gobierno siendo que a diferencia de otros Estados, como Corea donde se han realizado test masivamente para poder detectarlo a tiempo, Argentina sigue haciéndolo en muy pocos casos. Además, también sabemos que no cuenta con las camas necesarias y las condiciones sanitarias mínimas como alcohol en gel suficiente y demás elementos de higiene. Lo que sí sabemos es cuál es el plan en relación al accionar de las fuerzas represivas y de seguridad. Incluso vimos como Alberto Fernández se reunió con los jefes del Ejército, donde trascendió que se prepararían, entre otras cosas, para un “eventual estallido social”. A pocas semanas de anunciar que “hay que dar vuelta la página” resulta más que preocupante este acto de reconciliación.

Lo mismo sucede cuando vemos que las supuestas medidas sanitarias están en manos de la Gendarmería, y en el marco de seguir reclamando por Santiago Maldonado resulta paradójico y debe ser una preocupación de todos los que defendemos las libertades democráticas.

Pensar en un grupo de jóvenes hacinados en el patio de una comisaría por estar en la calle es una escena de vulneración de garantías individuales muy grande. Ni que hablar de las condiciones de salubridad en la que están, que categóricamente violan las normas sanitarias (205 y 239).

¿Se imaginan lo que puede ser una razzia en barrios populares de Rosario o de La Capital? Si al día uno se enorgullecen de haber hecho detenciones masivas, imagínense cuando se incremente el hambre, las malas condiciones habitacionales, la desesperación de los trabajadores y trabajadoras que hoy no cuentan con la posibilidad de trabajar y no cuentan con un salario en blanco que sigue corriendo. Ahora bien, hacia ellos la respuesta es la represión.

Mientras tanto, los grandes empresarios que no quieren perder sus ganancias y siguen produciendo, no garantizan a los trabajadores las condiciones de higiene básicas como el supermercado La Gallega o la Alimenticia La Virginia. Poner en riesgo a miles de trabajadores no es causal de intervención estatal.