Un informe de Contraloría detectó cerca de 600 observaciones a las cuentas de Carabineros entre los años 2017 y 2018; el gobierno y Carabineros respondieron con que tomarán “medidas correctivas” ¿es corregible Carabineros?
Daniel Vargas Antofagasta, Chile
Domingo 9 de febrero de 2020
Contraloría emitió recientemente un informe en el cual auditó las cuentas de Carabineros de Chile durante los periodos que comprenden enero del 2017 y julio del 2018, periodo en el cual se detectaron 596 observaciones.
Este informe dio cuenta del funcionamiento administrativo de Carabineros poniendo el eje en las Zonas Regionales de Carabineros, en las cuentas corrientes de las mismas, los departamentos de Remuneraciones y de Personal.
Según el informe las Zonas Regionales de Carabineros administraron en sus cuentas corrientes internas fondos que no tenían nada que ver con la naturaleza de estas cuentas y cuyo monto ascendió a $15.349.259.691 pesos, casi el 52% del total de recursos que se manejan en esas cuentas.
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Para Contraloría este tipo de movimientos impide un control de los fondos ya que implica el riesgo de desvío de fondos.
Esta situación sería ejemplar en el caso de los 34 funcionarios de la Zona Regional de Valparaíso, a quienes se les pagó una asignación de zona (estipendio que no corresponde ser pagado en Valparaíso) que en total ascendió a $73.483.011 pesos.
Así mismo Contraloría halló pagos irregulares de viáticos, pagos duplicados a funcionarios en el extranjero y cuentas ocultas.
Por ejemplo en Tarapacá, Atacama, Biobío, La Araucanía y Los Ríos se detectaron rendiciones de viáticos sin visar, errores de cálculo, planillas sin firma del funcionario en comisión de servicio, funcionarios que recibieron doble viático (involucrando un monto de $1.170 millones de pesos), viáticos pagados por servicios realizados en la misma localidad, además de cerca de 21 cuentas bancarias “ocultas”, compras realizadas por fuera del portal de compras públicas (sin contratos, sin resolución fundada para tratar directamente, sin certificado de inhabilidades, etc.), entre otras irregularidades.
Así también parte del informe da cuenta del incumplimiento del registro presupuestario y patrimonial de Carabineros referidos a los ingresos percibidos entre los años 2009 y 2018, ascendentes a $42.444.580.259 pesos, dineros que no fueron ni invertidos ni devueltos al presupuesto.
El gobierno, mediante el Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, reconoció que el informe da cuenta de brechas en materia de control administrativo y que en ese sentido se tomarán una serie de medidas correctivas que serían parte del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública del 2018 con lo que se pretende modernizar las policías además de una mayor inversión en tecnología y en la administración de recursos humanos y financieros.
Ante esto Carabineros respondió con un comunicado en el cual señalaron que iniciaron varias correcciones, además de la creación de departamentos para mejorar la gestión financiera e implementando mayores controles a las remuneraciones, además de las investigaciones administrativas.
Esto no es suficiente. Sin embargo desde la oposición vienen llamando a la modernización y reforma de Carabineros mediante la instalación de lo que llaman una “policía comunitaria”. Andrea Parra, diputada PPD, apoya esta medida indicando la necesidad de que la policía se subordine al control civil y con la creación de mecanismos de control externo.
Por su parte, el pasado 26 de enero, el Frente Amplio dio a conocer una propuesta para reformar Carabineros, con una intervención inmediata para que, según señalaron, la forma de control del orden público no signifique la violación a los DD.HH, en perspectiva de desarrollar una “fuerza policial más ciudadana” instruida en materia de DD.HH.
Una institución inreformable
Tras iniciada la revuelta de octubre la represión de Carabineros no hizo más que escalar, a los miles de detenidos, heridos, mutilados, torturados y muertos, toda una serie de violaciones a los DD.HH. que fueron corroborados por informes lapidarios de diversas instituciones como son el Human Rigths Watch o Amnistía internacional.
Ahora, a estos informes y duros cuestionamientos en relación a los DD.HH., se suma este informe de Contraloría, que vuelve a traer a colación el llamado “PacoGate”, un millonario fraude realizado al interior de Carabineros.
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Ante esto el gobierno respondió que harán un proceso de modernización y transparencia de la institución, con lo que buscan conservar este cuerpo de represión. Esta idea es secundada por la oposición cuando esta señala que es necesario reformar Carabineros.
Una institución podrida no se puede reformar, y es que una institución como Carabineros, que destila represión, impunidad y corrupción no se puede corregir pasando por alto la profunda crisis que tienen a cuestas.
Estos antecedentes, tanto los referidos a violencia policial como los casos de malversación de fondos, ocurren desde todo el cuerpo de Carabineros. Es una institución incorregible, hay que disolver Carabineros, pero para esto no podemos esperar que sea producto de la buena voluntad del gobierno o el parlamento, la disolución de la policía como fuerza del orden de los empresarios sólo podrá imponerse con la gran movilización de todo el pueblo.
Acá la Mesa de Unidad Social, la CUT y los sindicatos pueden jugar un rol fundamental si llamaran a realizar un paro nacional efectivo con el fin de acabar con la represión del gobierno con verdad, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de las violaciones a los DD.HH.
