Cada año, más de 520 mil mujeres menores de edad sufren una agresión sexual; la mayor parte de los embarazos en menores de 14 años son producto de violaciones, en su mayoría mujeres de sectores empobrecidos, trabajadoras y estudiantes.
Martes 9 de agosto de 2016
El derecho a abortar no es más que el derecho a la salud, es uno de los derechos fundamentales para toda mujer, incluye el acceso oportuno y seguro. Este derecho está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos, tales como la no discriminación y el acceso a la información, mismos que fueron negados a una niña de 13 y una joven de 18 años en los estados de Sonora y Baja California, respectivamente. La primera proviene de una de comunidad indígena y la segunda es una joven jornalera, ambas fueron víctima de violencia sexual en sus entidades. Estos casos dan cuenta de la farsa de las leyes mexicanas, en donde se establece que el aborto es legal en caso de violación.
Caso Sonora
En Sonora, una niña de 13 años fue atacada en el poblado Miguel Alemán, Hermosillo. Su familia pertenece a la etnia Huichola y vive con su padre y dos hermanos, quienes la auxiliaron y acudieron a denunciar este hecho.
Autoridades locales le negaron la información de los derechos que como víctima de violación tiene, como el acceso a la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), el tratamiento profiláctico para evitar infecciones de transmisión sexual (ITS), además de que tampoco se le informó de su derecho a interrumpir el embarazo en caso de que éste ocurriera. El Ministerio Público (MP) no siguió el protocolo de atención a víctimas de violación y sólo la remitió al médico legista, quien certificó las lesiones y la violencia física junto a un dictamen psicológico, lo que hizo que el MP consignara al responsable por el delito de violación agravada.
Sin embargo, el caso se reclasificó como delito por estupro, lo cual significaría que la niña dio el consentimiento, resultando inconsistente este caso Como consecuencia de la violación, la niña presenta un embarazo de más de 12 semanas de gestación, y aun cuando ha solicitado la interrupción legal del embarazo (ILE) por violación, éste no se le ha otorgado.
La encargada del área jurídica de la Secretaría de Salud (SS), Rebeca López Aguirre, dijo en entrevista que están “impedidos” (el personal de salud) para realizar la ILE porque el delito que se persigue es por estupro y no por violación, así que su derecho a reparación del daño y poder regresar a su “vida normal”- presenta daño psicológico producto de la agresión- será negado.
En Baja California, el gobierno y la Iglesia contra el aborto
Una joven jornalera y migrante de 18 años de edad fue víctima de rapto y violación en Baja California Sur. Se le negó el derecho a abortar pese a que hace 17 años, el caso de Paulina, una niña de 13 años embarazada producto de una violación, sentó precedentes para las víctimas de delitos sexuales en ese estado y en el resto del país.
Tras el caso de Paulina, México pactó con La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un acuerdo para la no repetición de los hechos. Además, se elaboró la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) para la prevención y atención de víctimas de violencia familiar, sexual y contra las mujeres que obliga a brindar atención a las víctimas de violencia sexual y a practicar la interrupción del embarazo de manera segura.
Tanto el Estado como la Iglesia, así como organizaciones como Provida, se han encargado de negar este derecho anteponiendo ideologías conservadoras y religiosas, criminalizando a mujeres que fueron víctimas de violación y deciden recurrir al aborto.
Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), el porcentaje de repatriación de Estados Unidos a México fue de 89.8% de hombres y 10.2 % mujeres. De éstas, más del 48% sufrió algún tipo de violación a sus derechos, incluidas agresiones físicas y verbales, discriminación, acoso sexual, robo de documentos, entre otros. Tan sólo en el caso de mujeres indígenas, la cifra de víctimas ascendió a 38%.
De esta manera se evidencia que las mujeres pobres, indígenas, de escasos recursos son las que más sufren violencia sexual debido a su condición de género y de clase. Son ellas quienes sufren las consecuencias de la clandestinidad del aborto o sus graves consecuencias, son ellas quienes son encarceladas, perseguidas y estigmatizadas por ejercer su derecho a decidir.
Los derechos que le está negando el gobierno de Baja California a esta joven jornalera son: el acceso a la salud, a la interrupción legal del embarazo, el respeto a su testimonio, entre otros, ya que tuvo que hacer ampliación de denuncia porque los funcionarios del Ministerio Público “tenían dudas” sobre las fechas en las que la joven dijo que había sido violada, pues la joven mencionó que antes de la violación y rapto, ya había sido víctima de violación por parte del mismo sujeto, pero no lo denunció en su momento.
Aunado a que el abogado del área jurídica del Instituto Sonorense de la Mujer ISM realizó varias llamadas a la joven para persuadirla de no abortar “por el contario, la MP le comentó que si estaba embarazada y se llegaba a hacer algo o a tomar hierbas para abortar, el aborto es un delito y se le iba a perseguir por ello", señalan en el documento presentado por su defensa.
Durante ese tiempo, la joven fue acosada, incluso llegaron policías ministeriales a su domicilio para interrogar y amedrentar a sus padres.
Ante la negativa del gobierno, tuvo que ser necesaria la intervención por parte de asociaciones civiles feministas que operan en Baja California Sur y en la Ciudad de México, ciudad a donde fue trasladada con pago de viáticos para que le practicaran la interrupción legal del embarazo de manera segura.
Aborto seguro, legal y gratuito en todo el país
El derecho a abortar significa el derecho de decir sobre nuestros propios cuerpos, tanto el Estado como la Iglesia no deberían interferir para anular este derecho, pues el acceso de las mujeres a la salud, incluyendo la salud reproductiva, no depende de las creencias, ni intereses particulares.
El tema de la sexualidad en nuestra sociedad es un tema tabú, hablar o informarse sobre ella es mal visto, aunado a que los anticonceptivos son poco accesibles por su precio, además de que algunos, por el alto nivel hormonas que contienen, podrían causar efectos secundarios a las mujeres que lo consumen, o bien porque no existe información eficaz y certera sobre su uso.
En México, la muerte por practicarse abortos inseguros es la cuarta causa de muerte en mujeres. Más de 50 mil mujeres al año mueren por abortos clandestinos, en su mayoría son las mujeres de escasos recursos quienes no pueden acceder a la interrupción legal del embarazo, las que sufren las terribles consecuencias de la clandestinidad.
Para que ninguna mujer muera por practicarse un aborto inseguro o sufra consecuencias irreversibles debido a la clandestinidad, es necesario que seamos miles las que denunciemos que la alianza entre la Iglesia y el Estado tiene que terminar. Así como exigimos el cese del feminicidio, debemos ser miles las que gritemos que no permitiremos ni una muerta más por aborto clandestino. ¡Construyamos un movimiento de mujeres que pelee en las calles por sus derechos!
