También desplazó a sus autoridades y designo un interventor bajo el argumento de que continúa el preso de endeudamiento y vaciamiento.
Jueves 27 de septiembre de 2018 20:11
Este jueves el juez comercial Pablo Tejada hizo lugar a un pedido de AFIP y dispuso la intervención judicial de OCA S.A., la empresa postal privada más grande del país.
La decisión judicial tiene lugar en el marco de la fuerte tensión existente entre Moyano y el Gobierno nacional. Precisamente, a pesar de que la empresa está formalmente a nombre del empresario Patricio Farcuh, diversas denuncias ligan esa empresa a la familia del dirigente camionero.
La resolución del Poder Judicial se basa, presuntamente, en haber comprobado que “la firma concursada ocultó bienes, omitió informaciones que el juez o el síndico le requerían, incurrió en falsedad y realizó actos en perjuicio evidente de los acreedores".
Esa denuncia se da en el marco de una deuda que mantiene OCA con la AFIP. El monto de la misma sería mayor a los $ 5.000 millones.
Como medida cautelar se designó un interventor administrador judicial de la empresa concursada. El mismo, según indica la resolución firmada por Tejada actuará con " tope en la fecha de vencimiento del período de exclusividad, en marzo del 2019".
Obviamente, la resolución implica el desplazamiento de la actual administración. Sin embargo, hasta tanto acepte el cargo el interventor administrador designado, asumirá estas funciones la sindicatura actuante.
Esta decisión podría implicar nuevas tensiones con la conducción de Camioneros. Los Moyano han afirmado siempre que el sindicato solo actúa para defender los intereses de los trabajadores. En el caso de OCA son alrededor de 7.000 personas quienes podrían ver peligrar sus puestos de trabajo.
Dentro del oficialismo, casualmente este lunes, Elisa Carrió, había señalado en un programa televisivo "Hugo Moyano está a punto de ir preso".
Esas tensiones tienen además un nuevo marco dado el recrudecimiento de la pobreza y la desocupación en el marco del ajuste en curso. A pesar de la moderación de la conducción sindical, que llama a paros nacionales sin continuidad, incluido los sectores más díscolos, el Gobierno intenta torcer la vara para limitar cualquier resistencia a las políticas ordenadas por el FMI.
