Desde el Observatorio de género "La vida de las mujeres en la pandemia" participamos de una nueva movilización de lxs precarizadxs, que el viernes pasado hicieron llegar sus denuncias al Ministerio de Trabajo. Hablamos con algunas de las trabajadoras presentes ese día y acá traemos sus testimonios.
Viernes 5 de junio de 2020
El viernes pasado, la Red de Trabajadorxs Precarizadxs, Informales y Desocupadxs convocó a nuevas movilizaciones en todo el país. Desde temprano comenzaron a llegar decenas de trabajadorxs al Obelisco porteño para marchar hasta el Ministerio de Trabajo en la calle Alem, donde les esperaba una importante reunión. Lxs esenciales, junto con trabajadores desocupadxs, y lxs pibxs precarizadxs ya habían presentado sus reclamos el jueves 14 en las oficinas de Callao y Perón. Volvieron a movilizarse para denunciar que siguen los ataques salariales y las pésimas condiciones de laburo, al punto de llevarse la vida de otro compañero, Miguel Ángel murió pedaleando para vivir el día a día.
“Si no nos mata el Covid nos mata el hambre"
"Tengo muchísima bronca, por eso estoy acá", dice Alejandra, que participa por primera vez. Tiene 45 años y hace 24 que trabaja para la misma multinacional (McDonalds): "Arcos Dorados pagó sus sueldos a la mitad tanto en marzo como en abril y ahora en mayo no cobramos nada, cero pesos", nos cuenta. Este fue uno de los motivos que dió un nuevo impulso a la pelea.
"A mí me suspendieron y rebajaron el salario, uno piensa que debería ser al revés pero los precios suben y los salarios bajan: este mes cobre $11.000", denuncia Ludmila, una joven de 26 años que trabaja terciarizada en limpieza.
Las trabajadoras de Call Center también se volvieron a manifestar: "Nos están haciendo laburar hasta 9 horas diarias sin pagarnos horas extra, y si se nos cae el internet además nos rebajan el sueldo", cuenta Micaela acerca de su noveno laburo en dos años, teniendo ella 20. A pesar de que ésta vez se trata de una empresa ligada al millonario grupo Clarín, "a mis compañeros no les alcanza para pagar el internet", contrasta el relato de Micaela.
Del total de las mujeres ocupadas de todas las edades, el 55% están precarizadas y para las jóvenes menores de 29 años esta cifra es más cruda: el 73% trabaja en condiciones de extrema precarización. "La mayoría de las que trabajamos en Call Center somos mujeres.", afirma Micaela. "Muchas tienen hijos e igual hacen home office y, si paran para asistirlos, les descuentan el salario o las despiden por Whatsapp", continúa.
El mismo nivel de violencia se expresa en la relación laboral en el caso de las trabajadoras domésticas, una rama de la economía feminizada en un 96,4%. “Los ricos no se saben ni lavar los platos, por eso nos tienen trabajando durante la cuarentena”, sostiene Evelin, una de ellas. Según datos oficiales, es una de las actividades con mayores niveles de informalidad superando el 72%, y constituye a su vez el peor salario de la economía, con un promedio de $8.167. Las cifras son alarmantes, teniendo en cuenta que la Junta Interna de ATE Indec calculó la canasta familiar de consumos mínimos al 30 de abril en $67.371.
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¿Un Estado presente para quién?
Si bien el gobierno decretó al principio de la cuarentena un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 para las familias que se quedaron sin ingresos, según un informe elaborado por el Ministerio de Economía, casi un cuarto del país se anotó para solicitarlo, es decir, más de 10 millones de personas, de las cuales son más de 3 millones las que al día de hoy no lo cobraron y más aún si se suman quienes directamente no se pudieron anotar.
"Yo no pedí el IFE porque trabajo en relación de dependencia y ya sabía que no me la iban a dar", dice Ludmila. Está es una de las razones por las que miles quedaron afuera. Sin embargo, a ella le descontaron aproximadamente $6.000 del salario como a millones de trabajadores más, ya que el sindicato de Maestranza adhirió al acuerdo entre la UIA, la CGT y el gobierno que permite las suspensiones con rebajas del 25%. Ludmila y sus compañeros se enteraron cuando les llegó el depósito a sus cuentas bancarias.
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"Lo solicité y me dijeron que no cumplía con los requisitos", se repite en el caso de Micaela. Lo mismo les pasó a Mayra, de 35 años que también trabaja para McDonalds junto con Alejandra. Ellas dicen: "por estar en blanco nos niegan el IFE, pero le dan ayuda a nuestra empresa que es multimillonaria".
En efecto, durante la pandemia fueron destinados $280 millones para el pago de salarios de las empresas, cifra que corresponde al mayor porcentaje del presupuesto de emergencia. ¿A quién se le ocurre que multinacionales como McDonalds o el dueño de Clarín que además es poseedor de bonos de deuda, iban a necesitar ayuda del Estado? ¿No lo necesitan lxs trabajadorxs que estos CEOs precariza?
A la lista de restricciones que tiene el bono para lxs trabajadorxs, se suman los 5 años de residencia que exige el gobierno: "por ser inmigrantes nos niegan el IFE", afirma Evelin, que emigró de Paraguay. Según estima una encuesta de la ONG CELS a 850 personas migrantes, el 80% de ellxs no lo recibieron (62,5% mujeres, 34% varones y 3,6% LGTBIQ).
Sin embargo, para repartir recursos de la Anses entre las principales empresas multinacionales del país el gobierno no discrimina. Deberían abrirse los libros contables de estas empresas y dar a conocer sus recursos a los trabajadores, así se desmentiría la farsa de que no pueden pagar los salarios de sus empleados.Pero el gobierno prefiere cuidar el “secreto empresarial” de estos parásitos.
Sólo en lo que va del año Clarín facturó $2.774 millones, un 168% más que en el mismo periodo de 2019, algo impensado para cualquier trabajador o trabajadora.
"Vos no sabes la plata que hace McDonalds solamente en Argentina", nos dice enojada Alejandra, que de tantos años conoce muy bien los volúmenes de ganancia que hace esta empresa a costa de su sudor. Woods Staton, CEO de los restaurantes de McDonalds de América Latina factura US$300 millones al año y en 2019 su fortuna era de US$580 millones.
Según el presidente, el programa de "Asistencia al Trabajo y a la Producción" (ATP) evitaría que las empresas continúen despidiendo. No sólo continuaron los despidos y suspensiones, sino que además Alejandra y Mayra, que trabajan para McDonalds hace 24 y 15 años respectivamente, denuncian que ésta empresa "se aprovecha de la ayuda del Estado diciendo que el dinero que Anses nos abonó es un adelanto de sueldo y por eso se lo tenemos que reintegrar en las quincenas siguientes". He aquí la causa de su recibo de sueldo en blanco este mes.
En los hechos, la “ausencia” del Estado se traduce en presencia para cuidar los intereses de los ricos. La paradoja del doble discurso de un gobierno que cuida a los "miserables", profundizando los niveles de precarización.
"¿Quien vive con $10.000 por mes? Nadie.”
“Juegan con el hambre de nuestros hijos", dice una entrevistada anónima de 27 años. Ella es una de lxs 40.000 docentes que inscriben al “Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares” (PIEDAs), por el cual viven de suplencias sin un salario fijo y por ende se encuentran sin trabajo durante la pandemia. Este programa les habilita hacer ocho módulos de trabajo por $10.250. Por fuera de este programa los docentes cobran $16.000 por el mismo trabajo, como denuncia Nathalia González Seligra, delegada de SUTEBA la Matanza. “Somos precarizadas por el Estado” afirma la entrevistada.
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Mayra, que también es jefa de hogar y madre de dos hijos, cuenta que no pueden acceder a las clases virtuales porque McDonalds no le paga la licencia correspondiente: "el DNU es claro y dice que deberíamos cobrar el 100% del salario más asistencia, y no están cumpliendo ni con una ni con otra: estoy cobrando $5000 por quincena, ¿quién vive con $10.000 por mes? Nadie", sentencia.
Desde la Red, las trabajadoras no sólo denuncian la extrema precarización y el desempleo, sino que además exigen al gobierno medidas concretas de emergencia para subsistir ante la crisis sanitaria y económica: “Necesitamos salarios de cuarentena. Para eso, a la empresas millonarias no hay que subsidiarlas, hay que cobrarles impuestos”, indica otra docente estatal de 26 años.
De eso se trata el proyecto de ley que presentó Nicolás Del Caño (diputado nacional PTS-FIT) en el Congreso, para cobrar un impuesto progresivo del 3% a las grandes fortunas de las 15.000 personas mas ricas del país. Entre ellos, empresarios, banqueros y terratenientes que hoy el gobierno subsidia como los ya nombrados o la misma Sociedad Rural. Con esa plata, se podrían brindar salarios de cuarentena de $30.000 a 7 millones de personas durante dos meses.
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Las conquistas serán fruto de nuestra lucha organizada
La precarización no es un problema en la pandemia, sino que es la crisis sanitaria y social la que expone las pésimas condiciones laborales que se vienen profundizando, con todos los gobiernos hace más de 30 años, sin distinción. "Estoy hace muchos años en la empresa y esto ya lo he visto: despidos injustificados, suspensiones injustificadas", demuestra la experiencia de Alejandra. "Y la verdad es que las multinacionales pagan al sindicato para no defendernos", remata.
"Corresponde que nos represente el sindicato de comercio pero no tenemos delegados", agrega Micaela. Como ella, la gran mayoría de estxs jóvenes están subrepresentados en sus organizaciones o directamente no tienen, debido a que trabajan bajo contratación informal. ¿Se imaginan que distinto sería si los sindicatos estuvieran en manos de los trabajadorxs y no de los burócratas vendidos a las empresas? En este sentido, la Red da sus primeros pasos en el camino de recuperar espacios de organización frente a los ataques en curso. En algunos trabajos ya votaron delegados propios y tienen una pelea enorme por que el sindicato los reconozca.
"Agradezco a la juventud que se ha levantado", nos dice Alejandra sobre esta nueva generación sin derrotas, que imprime un nuevo aire en la lucha de la clase trabajadora. "Todos juntos vamos a lograr algo y con la Red ni hablar", asegura.
Ésta semana, se cumplieron cinco años de la primer gran movilización que plantó la bandera por el Ni Una Menos y abrió paso a la enorme marea verde. Es evidente que las peores consecuencias de la crisis sanitaria y económica recaen sobre los hombros de las trabajadoras y sus familias. Ante esta nueva etapa que nos toca vivir, se revaloriza la lucha de todas las que hace años peleamos por los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ. Debemos apostar a que toda esa fuerza se potencie con la lucha de lxs trabajadorxs precarixs, tomando sus demandas por trabajo genuino y contra la profundización de las condiciones de explotación que ofrecen las empresas y los gobiernos como única alternativa.
