Una gran campaña mediática inició el Gobierno de la Ciudad contra los trabajadores del subte, luego de ordenar su represión. Larreta y todos sus funcionarios mienten deliberadamente cuando dicen que el sindicato es ilegal y que por eso no pueden realizar ninguna medida de fuerza, falseando el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Martes 29 de mayo de 2018
Las imágenes de los trabajadores del subte siendo reprimidos por la Policía, que bajó a los túneles, enviada por el Gobierno de la Ciudad fueron vistas por millones. Así como también el encarcelamiento de dirigentes sindicales y otros trabajadores activistas.
Hace más de un mes que los trabajadores enrolados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Pre metro (AGTSYP) vienen implementando medidas como la apertura de molinetes, peleando por aumento salarial que Metrovías, el Gobierno de Horacio Larreta y la UTA ya habían decretado que sea solo de un 15 % en tres cuotas para todo el año.
El vocero no oficial del Gobierno, TN, ese día hizo que sus noteros se esmeren en conseguir opiniones en contra de las medidas, de usuarios del subte que esperaban en las paradas de colectivos, debido al paro de todas las líneas que fue llamado hasta que liberen al último de los 16 trabajadores detenidos. No lo consiguió, las respuestas se repetían: estaban de acuerdo con el reclamo de los trabajadores, lo consideraban justo y rechazaban las detenciones.
Esas voces que expresaban solidaridad se explican por el alza de la inflación, del precio de las tarifas y porque todos saben que el Gobierno de Cambiemos va a continuar con los aumentos. Esta semana vuelve a aumentar el colectivo.
Precisamente ya estaba planificado un alza en el precio del subte para llevarlo a $12, 50 que fue frenado por un amparo presentado por Myriam Bregman, Patricio Del Corro, legisladores del PTS/FIT y Claudio Dellecarbonara, de la agrupación Bordó, miembro por la minoría de la dirección del sindicato que engloba al 90% de los trabajadores del subte.
Las mentiras de Larreta
El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, su vice Diego Santilli y su jefe de Gabinete Felipe Miguel no se cansaron de repetir, iniciando una campaña mediática, que el paro de los trabajadores del subte es ilegal, porque “el gremio de los metrodelegados es ilegal”. Se basaban para esto, según ellos, en el fallo de la CSJ. El argumento es que la Corte había declarado ilegal a la AGTSYP. Falso.
Te puede interesar: Subte: la Corte Suprema anuló la personería gremial de la AGTSYP
Con los votos de 4 de los 5 ministros (Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz), el 13 de marzo de este año la Corte emite un fallo que desestimaba el recurso extraordinario que había habilitado la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (por ese recurso es que el tema llega a los supremos).
El fallo plantea textualmente: “El recurso extraordinario no se dirige contra una sentencia definitiva… Por ello se lo desestima” Este lenguaje de jurisconsultos lo único que está diciendo es que no hay sentencia definitiva de nada y entonces lo que queda firme es la orden de la Cámara del Trabajo, que mandaba continuar el trámite de la personería gremial para la Asociación.
Este fallo fue a medida de lo que pretendían la UTA y el Ministerio de Trabajo, enemigos de cualquier organización independiente de los trabajadores, por lo cual ahora se tendrán que iniciar nuevamente los trámites y hacer una nueva compulsa en el subte, para definir a quién pertenece la personería gremial, todo lo que ya habían hecho antes de la Resolución 1601/15 que les había otorgado la personería.
Pero lo que los trabajadores del subte conservan, y por eso no incurrieron en ninguna ilegalidad, es la inscripción gremial. Y en Argentina, a partir del fallo “Orellano” de la misma CSJ, los trabajadores con una simple inscripción gremial tienen derecho, amparado por la Constitución y por normas de la Organización Mundial del Trabajo –que en nuestro país tienen rango constitucional-, de realizar medidas de fuerza, como por ejemplo una huelga.
En ocultar esto y afirmar que la Corte se pronunció por la ilegalidad del sindicato de los trabajadores del subte, radica la gran mentira del gobierno de Larreta, el otro favorito de Mauricio Macri, además de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal.
En la conferencia de prensa del lunes, el abogado de la AGTSYP, Guillermo Gianibelli refutaba también las mentiras del PRO.
Falsear la realidad para ir en contra del pueblo trabajador ya es una marca registrada del Gobierno Nacional y por supuesto del de la Ciudad y Provincia.
El fallo “Orellano”
El 7 de junio del 2016, en plena “era Macri”, la Corte emite un fallo por el cual deja sentado que: “el único requisito al que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional supedita el ejercicio de los derechos sindicales por parte de las organizaciones de trabajadores es el de su simple inscripción en un registro especial, cabe concluir que el legítimo ejercicio del derecho de huelga está subordinado a que el sujeto que la dispone haya cumplido con tal recaudo de inscripción”. (N.R.: requisito cumplido por los trabajadores del subte ya hace años y vigente)
El fallo se conoce con el nombre del trabajador del Correo Argentino que había interpuesto demandas por ser echado al participar junto a sus compañeros de asambleas, sin ser dispuestas por el sindicato.
Los supremos (en ese momento Lorenzetti, Highton y Maqueda) con ese fallo, si bien introdujeron el derecho de las asociaciones simplemente inscriptas a llevar adelante medidas de fuerza, limitaba ese derecho para trabajadores que estuvieren sindicalizados (con personería o simplemente inscriptos), lo cual deja por fuera a quienes están en negro (el 34% de los asalariados) y lo que es peor, dejaba sentado el peligro –debido al motivo que originó la demanda- de limitar el elemental derecho democrático a reunión.
Este último derecho en la práctica viene siendo pisoteado por las patronales que prohíben hasta la posibilidad de que trabajadores sin ninguna cobertura puedan realizar asambleas. El fallo de la Corte ponía por escrito este cercenamiento para un gran porcentaje de la clase trabajadora.
Pero las mentiras y el ataque del Gobierno de Larreta tiene su base en la intención de ir contra la organización independiente de la burocracia sindical. En ese sentido hay una firme alianza entre Metrovías, Jorge Triaca, como ministro de Trabajo y Roberto Fernández, el Secretario General de la UTA, que acaban de firmar una paritaria a la baja, a gusto de Cambiemos.
Las mentiras del Gobierno, son la defensa de esa burocracia que hace de todo para evitar que los trabajadores se organicen y luchen para enfrentar las políticas de ajuste de este gobierno.
Más de fondo está la cuestión de la injerencia del Estado en los sindicatos, que permitió la sujeción de las organizaciones sindicales y la casta de burócratas que responden a sus propios intereses, ligados a los de las patronales.
Miente, miente es la consigna del Gobierno. Pero tiene el límite del gran descontento popular contra el ajuste que lleva adelante, como explicaba Dellecarbonara ante los medios: “esta es una lucha contra el techo de las paritarias que nos quieren imponer, como quieren imponer el aumento en el boleto para los usuarios. Si nosotros ganamos, los trabajadores de conjunto estarán en mejores condiciones para enfrentar este ataque”.
