El juez instructor da diez días a la Fiscalía para que solicite la abertura del juicio oral contra el diputado del PDC y ex conseller de presidencia de la Generalitat por su papel en la consulta del 9-N.
Pere Ametller @pereametller
Jueves 29 de diciembre de 2016
Foto: EFE
El actual diputado del PDC y antiguo conseller de presidencia de la Generalitat del último gobierno Mas, Francesc Homs, está muy cerca de ser juzgado por su papel en la consulta del 9N. El magistrado ha hecho efectiva la transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado. De esta manera, pone fin a la fase de instrucción del caso y da un plazo de diez días para que la Fiscalía solicite la apertura del juicio oral o pida que se archive el caso, esta última opción altamente improbable.
Homs se sentará en el banquillo por los delitos de prevaricación y desobediencia en relación a la consulta sobre la independencia de Catalunya celebrada el 9 de noviembre 2014. En el auto del magistrado, Andrés Palomo Del Arco, se determina que en su momento “ el ‘proceso de participación’ en sí y cualquier actuación de la Generalitat de Cataluña vinculadas con la referida convocatoria, resultaban suspendidas, cualesquiera que fueren” y que “pese al dictado del Tribunal Constitucional (…) el aforado además de: a) no adoptar ninguna suspensión en el ámbito de sus responsabilidades en el seno del Govern; b) siguió impulsando activamente en el ámbito de sus funciones como responsable del Departament de la Presidencia, el ‘proceso participativo’”.
Francesc Homs ha manifestado poco después que se conociese la noticia que “contra la criminalización por poner urnas, responderemos con más urnas i más democracia! Lo volvería a hacer”.
Contra la criminalització x posar urnes, respondrem amb més urnes i més democràcia! #hotornariafer
— Francesc Homs (@franceschoms) 29 de diciembre de 2016
El mismo día que se producía el enésimo ataque del Gobierno español a los intentos de avanzar en el ejercicio del derecho de autodeterminación de Catalunya, JXSí y la CUP han anunciado que han llegado a un acuerdo sobre la ley de transitoriedad jurídica. Dicha ley define a Catalunya como una “República de derecho, democrática y social”, y su propósito, según ambas formaciones, es garantizar la máxima seguridad jurídica en la transición hacía la independencia. Siempre y cuando se gane el referéndum previsto para el mes de septiembre.
JxSí y la CUP han manifestado que siguen adelante codo a codo con el “procés” hacia la independencia. No obstante, las referencias de JxSí a seguir intentando un referéndum pactado, restan credibilidad a la posibilidad de ejercer el derecho de autodeterminación, conocida la negativa rotunda del gobierno Rajoy, sus socios -PSOE y Cs- y el conjunto de las instituciones del Régimen del 78. El referéndum unilateral tampoco se ve con buenos ojos en el espacio de los “comunes”.
La ofensiva españolista es la única respuesta posible y esperable del Régimen del 78 para abortar todo intento de ejercer el derecho a decidir. Como se está viendo en los últimos días y semanas, la persecución judicial del Estado no cesa en ningún momento. Esta misma semana [fue detenido el regidor de la CUP en Vic, Joan Coma, acusado de un delito de sedición al Estado→http://www.izquierdadiario.es/La-ofensiva-espanolista-no-cesa-ni-en-Navidad-detenido-un-concejal-de-la-CUP?id_rubrique=2653]. Como ya ocurriera con los militantes de la CUP que quemaron fotos de Felipe VI, la detención fue realizada por los Mossos d’Esquadra, algo que siembra serios interrogantes sobre hasta donde llega esta voluntad de desconexión y desobediencia del govern Puigdemont.
En medio de esta situación, la CUP, tiene pendiente decidir próximamente si aprobara unos presupuestos de JxSí que ni siquiera revierten los recortes de la oscura era Mas. Unas cuentas que Puigdemont y Junqueras presentan como moneda de cambio para conseguir el referéndum. Pero más allá de las promesas, y con los antecedentes del 9N o las últimas detenciones, cabría preguntarse ¿Qué hará el govern cuando el Tribunal Constitucional tumbe la consulta de septiembre o a la nueva ley de desconexión acordad? Todo apunta que replicará la actuación de Mas en su día -desvinculándo al govern de la consulta de 2014- o el conseller de interior, Jordi Jané -justificando que sea su misma policía la que lleve adelante la ofensiva españolista en este caso contra militantes y cargos de la CUP-.
