En la conferencia mañanera de este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que supuestamente en su gobierno 6,550 trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) habían sido basificados.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 24 de octubre de 2023
Esta medida, a decir del mandatario, ya ha beneficiado a trabajadores de entidades como Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Veracruz y Tabasco.
Que se haya tocado este tema en la mañanera no es algo trivial. El día de ayer cientos de trabajadores del sector salud de la Ciudad de México y el Estado de México hicieron una marcha que concluyó con un mitin en el Zócalo capitalino, donde brindaron testimonio de que las afirmaciones del titular del ejecutivo nacional en torno a la basificación de trabajadores en este rubro es una mentira.
Además de ello, trabajadores denunciaron la tentativa de la 4T por “desahogar” hospitales psiquiátricos y asignar la responsabilidad de brindar atención a pacientes de ese tipo a clínicas y hospitales que no están capacitados para ello.
“Se quiere hacer más con menos”, refirieron trabajadores, en alusión a que, en la línea de la austeridad republicana, este gobierno no pretende contratar a más personal ni otorgar plenos derechos laborales, así como tampoco invertir en la creación de más hospitales, sino que lo que quiere es extender el servicio de atención en salud pública a mayor población, pero sin mejorar las condiciones materiales del sistema y las laborales de su personal, lo cual se traducirá en una sobrecarga de trabajo abismal.
La embestida de la austeridad en el sector salud contrasta fuertemente con el mayor financiamiento que están recibiendo las fuerzas armadas durante este gobierno que llegó reivindicándose en contra de la militarización pero que no ha hecho otra cosa que impulsarla.
Luego de hablar sobre las supuestas basificaciones de trabajadores del ISSSTE, AMLO volvió a referirse a su supuesta lucha contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el marco de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, y frente a las manifestaciones de trabajadores de las dependencias del Sistema Judicial, el presidente lanzó 10 preguntas entre las que destacan “¿Por qué ganan 700,000 pesos? (los ministros), ¿Por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides?, ¿Por qué en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados como fue el caso de Raúl Salinas y otros?”.
Los cuestionamientos retoman aspectos que han causado indignación entre la población, como los de la impunidad que garantizan jueces y ministros a criminales de cuello blanco, así como la impunidad que han garantizado a responsables de terribles tragedias de la historia reciente del país, y los salarios estratosféricos de que gozan. Sin embargo, este gobierno está retomando estos argumentos para golpear indiscriminadamente a trabajadores de base sindicalizados y no sindicalizados de las dependencias en comento.
Los jueces y ministros, a diferencia de los trabajadores, tienen los recursos legaloides y la forma de llevar a cabo triquiñuelas jurídicas para seguir conservando sus privilegios; la austeridad, en última instancia, golpeará con mucho mayor fuerza a trabajadores.
De igual forma, es importante mencionar que los fideicomisos para garantizar prestaciones no serían necesarios si ellos fueran cubiertos íntegramente de manera salarial y no como un aporte extraordinario. La lucha de la base trabajadora debe ir, también, en la dirección de lograr esto último.
En ese sentido, es necesario que trabajadores no sean base de maniobra ni del gobierno federal, ni de la derecha, ni de quienes controlan al Poder Judicial y que, además, con independencia política de todos los partidos políticos del régimen, se organicen y luchen por sus derechos laborales y por la democratización del Poder Judicial, para que los jueces y ministros sean elegidos democráticamente y que igualmente puedan ser removidos de sus puestos cuando incurran en la protección de responsables de tragedias o hechos que hayan lacerado a la población de distintas formas.
Tal como se refiere en esta nota: frente a la corrupción, el despilfarro y la impunidad que preservan los altos funcionarios, jueces y magistrados del Poder Judicial, hace falta una política integral para reconfigurar el poder judicial que solo podrá implementarse mediante la movilización independiente de los trabajadores y sectores populares, de manera independiente a los partidos del régimen y a los empresarios y bajo la perspectiva de acabar de manera revolucionaria con el Estado, pues el Poder Judicial es parte medular del Estado y el poder político de los capitalistas.
Solo mediante la movilización revolucionaria de las grandes mayorías trabajadoras, desarrollando sus propios órganos de autodeterminación y autogobierno se puede lograr unificar al Poder Judicial junto al poder legislativo y ejecutivo, en un poder único que responda a las grandes mayorías, con representantes rotativos y revocables que puedan decidir sobre los grandes problemas que enfrentamos las y los trabajadores.
