La jueza de paz Julieta Ormaechea fue suspendida por la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. A mujeres denunciantes las maltrató, insultó y hasta les quemó expedientes.
Julia Peñalba Trabajadora judicial
Viernes 10 de mayo de 2019 16:10
En las últimas horas se dio a conocer un documento tramitado ante la Subsecretaria de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en el cual se detallan diversas agresiones, como malos tratos, insultos y hasta la quema de expedientes, ejercidas por la suspendida jueza Julieta María Ormaechea hacia mujeres que se acercaban a denunciar situaciones de violencia sufridas en su hogar.
En el sumario iniciado a la funcionaria judicial se resolvió la suspensión de la misma. Se detallan allí diversas situaciones que caracterizaban su práctica.
Pudo conocerse, entre otras cosas, que llegó a ordenar la quema de expedientes de casos en que las mujeres denunciantes no ratificaban sus dichos, o situaciones en las cuales llegaba a insultar directamente a las mismas con frases tales como "¿Usted es tarada?, vuelva con su marido y déjese de molestar"
La noticia, que genera amplio repudio y rechazo, no solo habla de la falta de conocimiento e ignorancia en la temática de violencia de género por parte de una magistrada que debe resolver en relación a dichas cuestiones. Peor aún, es expresión de todo el entramado de un poder judicial misógino y de clase, que no duda en imponerse, aunque se presente en el rostro de una mujer, cuando se decide desde un cargo de privilegio.
Basta recordar los fallos retrógrados que supieron contar con amplio repudio, como el emblemático dictamen de los jueces Sal Llargues y Piombo en el año 2015, o el reciente fallo respecto del asesinato de la joven Lucia en Mar del Plata, ambos casos donde la culpabilidad sobre aberrantes hechos recae de manera constante sobre las víctimas, mujeres y niños, con argumentos cargados de prejuicios e hipocresía.
Este Poder Judicial, que destina presupuesto a organizar charlas e instructivos sobre la temática de género, es el mismo que sostiene en sus cargos a magistrados acusados de ejercer violencia y acoso laboral, el mismo que desconoce el importante avance del movimiento de mujeres, por ejemplo, descontando el día a las trabajadoras judiciales que han decidido participar del Paro Internacional de mujeres que se desarrolla cada 8 de marzo, mientras desconoce también la necesidad de un protocolo y de licencias contra esa misma violencia de género, que se menciona discursivamente.
Asistimos a un momento histórico en el que la crisis y el ajuste brutal en curso que nos impone el régimen del FMI se acentúan e impactan directamente en el pueblo trabajador. La flexibilización laboral, la desintegración social y las consecuencias del hambre y la miseria, recaen de manera más palpable y escandalosa en la mujer, tanto dentro del ámbito laboral para quienes se encuentran insertas en el mismo, como en el ámbito doméstico.
Ante ello, la respuesta de esta “justicia de clase”, que ejercen funcionarias y funcionarios con cargos de privilegios, sin elección democrática, deja a los sectores más oprimidos de la sociedad en situaciones de exposición y castigo.
En contraposición, el movimiento de mujeres y disidencias avanza y toma lecciones. Se organizan comisiones en lugares de trabajo, se sale a las calles a gritar, no solo con la consigna ni una menos, no solo peleando porque no nos maten, también peleando por una vida mejor. Llevando adelante batallas como el derecho al aborto legal seguro y gratuito, por el derecho a decidir, por educación sexual integral para nuestra niñez, entre otras, y también en ese marco, contra decisiones políticas aberrantes, como fue el de la niña obligada a ser madre en Tucumán.
Es en ese camino de lucha y organización que debe pensarse en avanzar para derrotar los privilegios de algunas y algunos pocos, contra la misoginia, la justicia de clase y todas las penurias que oprimen al pueblo trabajador.
