Distintos movimientos sociales promueven la suspensión del contrato suscrito por Uruguay con UPM en función de la emergencia sanitaria, social y económica provocada por el coronavirus.
Martes 31 de marzo de 2020
Distintos movimientos y organizaciones sociales vienen impulsando que, en función de la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus, se plantee la suspensión del contrato con UPM.
Desde estos colectivos se entiende que el propio contrato suscrito entre el gobierno de Uruguay y la empresa finlandesa incluye cláusulas que habilitan a la suspensión del contrato en función de la emergencia sanitaria declarada el 13 de marzo con la aparición de los primeros casos de Coronavirus.
La solicitud se basa en que en las cláusulas 7,1 a 7.5 del contrato firmado en noviembre de 2017 en las que se plantea la suspensión de las obligaciones acordadas en caso de “Causa extraña no imputable”. Entre las posibles causas, las epidemias son una de las que aparecen explícitamente nombradas.
La Comisión Nacional pro Reforma Constitucional "Uruguay Soberano" y la Coordinación Nacional contra UPM son algunas de las organizaciones que apoyan esta solicitud de suspensión.
La cláusula 7,3 plantea que existe un plazo de 20 días hábiles desde el comienzo del suceso que amerite la suspensión; en este caso la declaración de “estado de emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la pandemia originada por el virus COVID-19” declarado por el presidente el pasado 13 marzo; por tal razón el plazo para realizar la comunicación de suspensión a Finlandia vence el 13 de abril.
Mientras que con el impuesto que propone Lacalle Pou a los empleados públicos se pretende recaudar 12millones de dólares el Estado uruguayo invertirá un total de 4645 millones de dólares para cumplir el contrato con la empresa finlandesa (tren de carga US$ 2400 millones, compromiso de pago de energía de US$ 1450 millones, viaducto del puerto de Montevideo US$ 300 millones, dragado del puerto US$ 225 millones, adaptación de puentes, carreteras y otros US$ 270 millones). De suspenderse el contrato el Estado dispondrá de todo este dinero para afrontar la crisis derivada de la pandemia del Coronavirus.
Comunicado Coordinación Nacional contra UPM
