Los recursos legales interpuestos contra la nueva ley que regula al Conahcyt han encontrado un juez que dictó la suspensión de su aplicación a los quejosos, sin embargo ¿Qué está detrás de este conflicto y cómo puede solucionarse desde el punto de vista de los trabajadores?
Miércoles 16 de agosto de 2023
Un juez federal concedió una suspensión definitiva, con efectos generales, en contra de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI). Esto, sucedió en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del estado de Nuevo León.
Si bien con esta orden la ley no queda abrogada, si pone un freno a muchos de sus efectos. Las organizaciones que promovieron este recurso legal son Uniendo Caminos México y Ciencia Plural Mx quienes interpusieron un total de 41 amparos el pasado 9 de mayo en contra de la ley.
Esto se suma a las acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la oposición de derecha al gobierno en el Senado, conformada por el PRI el PAN, MC y el PRD, en contra de la nueva HCTI la cual reformaba la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley de Planeación, para fundar el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
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Pelea por el rumbo de la ciencia y tecnología
Lo que podemos ver hasta ahora es una pelea legal de los partidos del régimen político por determinar cuál de los dos proyectos va a ser el que defina el rumbo del Conahcyt, ya que por un lado está el Morena, quien usan la bandera del humanismo para realzar estas reformas bajo el discurso de hacer investigaciones de frontera que beneficien al “pueblo”. Por el otro lado, están los que dicen proteger a investigadores de instituciones particulares, por la discriminación que enfrentarían para recibir apoyos y a decenas de miles de estudiantes de universidades privadas que hoy realizan sus estudios gracias al apoyo de lo que era el Conacyt.
Por supuesto, dicha ley también ha suscitado críticas legitimas como la de la Universidad Autónoma de Querétaro o de otros estudiantes de posgrado que tienen como hashtag #SinBecaConahcyt, quienes se verán afectados por la pérdida del apoyo necesario para seguir con sus estudios. Ya que esto implica a más de 140 programas de todo el país (maestrías y doctorados) en aéreas relacionadas con negocios, administración, actuaría, matemáticas aplicadas a negocios, y si bien es cierto que estos posgrados efectivamente están hechos para formar trabajadores especializados para las empresas, la solución no es dejar de darles apoyo, sino discutir entonces la orientación productiva del país, para generar licenciaturas y oportunidades que beneficien a las mayorías.
También es cierto que muchos jóvenes de sectores acomodados, que aspiran a administrar los negocios de su familia, entran a estas carreras por un fin egoísta que sólo ve en su propio beneficio, pero la gran mayoría de jóvenes, se inclinan por este tipo de estudios con la esperanza de encontrar un trabajo que les asegure un futuro. Sería falso decir que todos son privilegiados, egoístas y aspiracionistas porque no es así, y menos en un país como el nuestro que brinda muy pocas oportunidades para que las y los egresados de las universidades encuentren un empleo acorde a su carrera y puedan tener un salario digno.
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El meollo del asunto
El gran problema que no está planteado en esta batalla por los partidos gobernantes, tanto del Morena como los de derecha, es que en ninguno de los dos casos se cuestión de fondo las relaciones capitalistas de producción. Lo que incluye situaciones como la precarización laboral, ya que el sistema de estímulos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que crea investigadores de primera y de segunda, no se ha suprimido, así como no se han creado plazas para investigadores jóvenes, como parte de un proceso que fue iniciado por los partidos de derecha y no ha encontrado modificación por parte de la 4T.
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Otro ejemplo lo podemos encontrar con la intervención de empresas privadas, por ejemplo, cuando gobernaban los partidos neoliberales, asociaciones de las élites de investigadores como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, recibían recursos públicos para beneficiar a las burocracias académicas privilegiadas, junto con ello el viejo Conacyt le entregaba dinero a empresas privadas, ya que entre 2013 y 2018 los capitalistas de Intel, Whirlpool, Volkswagen, Mabe, Honeywell, IBM, Monsanto, Bayer o Kimberly Clark recibieron 41 mil 624 millones de pesos.
Pero la 4T no modificó esto, por el contrario, lo que modificó fueron los beneficiarios, por ejemplo, en 2021 durante el punto más alto de la emergencia sanitaria de la Covid-19, le dio la concesión del desarrollo de la vacuna “Patria” a la empresa privada Avimex, quien recibió en ese momento una inversión de 150 millones de pesos, sin que hasta el día de hoy la susodicha vacuna haya salido. Lo que fue en detrimento del sector público, ya que, en vez de recurrir a una empresa privada para elaborarla, se puedo echar mano de los centros públicos de investigación que por cierto existen y las están vaciando como Birmex, o las propias universidades para desarrollarla.
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Queda claro que no podemos esperar que los partidos del régimen den una solución de fondo, ya vemos que sus intereses son opuestos a los nuestros, ya que ellos benefician a los grandes empresarios, y compiten entre sí para ver quién defiende mejor esos intereses. Por ello, las y los trabajadores requerimos constituir una posición independiente que tome las decisiones acerca del desarrollo científico y tecnológico del país, así como de otras áreas productivas, sólo así nuestras necesidades e intereses pueden satisfacerse.
Es fundamental que trabajadores, académicos y estudiantes podamos definir qué ciencia producir, cómo y para qué, considerando poner el bienestar de las mayorías y la naturaleza por delante.
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