¿Suteba San Fernando a favor de la precarización laboral?

Una persona sensata abrigaría la creencia de que un sindicato tiene por función proteger los derechos de los trabajadores. Sin embargo, desagradable sería su sorpresa si ese trabajador fuese docente, sensato y, para colmo de males, afiliado a Suteba.

Procedo a explicarme. El día 5 de septiembre pasado la Jefatura Distrital de San Fernando convocó para el día 12 a los directores y profesores de los CENS 451 y 452 (bachilleratos para adultos), a fin de realizar una reunión con inspectores referentes regionales del plan FinEs. Dicha reunión se llevó a cabo sin la participación del inspector de CENS, Eduardo Acosta, quien no había sido convocado, y con poco o nulo conocimiento por parte de los 60 profesores asistentes acerca del objeto de la misma.

Los inspectores regionales informaron sobre una propuesta tendiente a hacer llegar a los docentes de CENS la “oportunidad” de actuar como “tutores” en la modalidad FinEs de alumnos que, por motivos de un error en la tramitación de equivalencias, deben cursar una o más materias para terminar de recibirse. Ahora bien, ¿qué significa esto?

La precarización como política de Estado

Una leve variante en el funcionamiento de la modalidad fue propuesta: los inspectores sostuvieron que las tutorías serían realizadas en las sedes de ambos CENS en los horarios nocturnos que los profesores tuvieran disponibles. También afirmaron el haber elegido ese ámbito para dar prioridad a los docentes “titulados”, como forma de morigerar la crítica frecuente que consiste en que este tipo de planes conllevan una degradación de la calidad educativa.

Algunos docentes encendieron la alarma al enfatizar que este tipo de planes no solo intentan seguir destruyendo el tipo de bachillerato en que trabajan (el CENS), que en definitiva es una modalidad consolidada desde la década del 70 para brindar la posibilidad de que los estudiantes adultos adquieran el título secundario luego de tres años de cursada, sino que también representa una amenaza y una intensificación de las políticas de precarización laboral que tienden al desmantelamiento de la educación pública y abren la puerta a la privatización de la enseñanza. Se utiliza, en suma, la estructura del aparato estatal para degradar las mismas estructuras del estado.

La degradación en las condiciones de trabajo y en la calidad de enseñanza implementadas por medio del plan FinEs se hace evidente en el hecho de que los “tutores” (no los profesores) están obligados a firmar un contrato precario de cuatro meses (un “contrato basura”) que no garantiza la continuidad laboral ni cuenta con la cobertura durante los recesos escolares, y que desconoce de manera rotunda los derechos estipulados en el Estatuto del Docente, está viciado de nulidad según la Ley de Contrato de Trabajo y, por si fuera poco, resulta violatorio de la misma Constitución nacional, que garantiza el derecho a huelga y la estabilidad del empleo público en su artículo 14 bis.

Los docentes deben, además, presentar un proyecto de formación pedagógica que configura el plan de enseñanza, imposibilita el trabajo pedagógico entre pares y contribuye a la descentralización y a un empobrecimiento de los contenidos curriculares, por cuanto que cada “tutor” diseña un recorrido de aprendizajes propio que reduce los días de aprendizaje a un tercio de lo habitual.

Se delinea, de esta manera, la institucionalización del facilismo y la precariedad en la esfera educativa. En este sentido, compartimos la preocupación de Romina De Luca, Doctora en Historia y docente en la UBA, quien en reiteradas oportunidades denunció que el Plan FinEs tiende al desmantelamiento de la estructura de los CENS, que dejaría a miles de docentes en la calle, y a una degradación aún mayor del sistema educativo. Con razón, esta especialista en Educación se pregunta: “¿Quién va a cursar en una escuela CENS más días a la semana, por más tiempo del total, con más materias para estudiar, si puede obtener el mismo resultado de un modo más rápido?”

La que calla, otorga.

Una postura radical ante el problema presentado en la reunión fue dada por una de las secretarias gremiales del sindicato (con sede en San Fernando), Fátima Prieto, quien, por haber arribado tarde a la cita y no haber encontrado lugar para sentarse, se vio impedida de ingresar al aula y desde el pasillo optó por el silencio más absoluto. Cuando tomar la palabra equivale, como en este caso, a existir para el otro y asumir la defensa de sus intereses, el silencio de la dirigencia sindical de San Fernando significó pactar con el enemigo. Pero aún así, debemos reconocer que, en honor a la verdad, su posición fue coherente con la conducción de la lista Celeste que dirige Roberto Baradel, quien siempre se ha colocado en la retaguardia de los reclamos llevados adelante por los compañeros docentes.

Por otra parte, y en lo que atañe a esta cuestión, parece el gobierno de Mauricio Macri se olvidó de mentar, a través de sus ejecutores y voceros en materia de política educativa, la tan repetida fórmula cuyo fin es adjudicar los problemas actuales a la administración anterior y que consiste en hablar de “la herencia recibida”. Esto es así, puesto que el actual gobierno se constituye, de este modo, en continuador y profundizador de las políticas predecesoras que condujeron a un deterioro marcado de la calidad de enseñanza, a la precariedad de las condiciones laborales y a un crecimiento exponencial en la cantidad de alumnos recibidos gracias al plan FinEs que pasaron a conformar una miríada de egresados con título secundario, un pobre nivel académico y útiles a los fines de contribuir a la mejorar los números de las estadísticas oficiales.

En esta tarea, los sindicados docentes liderados por dirigencias entreguistas tuvieron y continúan arrastrando su cuota de culpa.