A consecuencia de la entrada en vigor del T-MEC, las Cámaras de senadores y diputados en México, no tardaron en aprobar una ley de derechos de autor que, de acuerdo con activistas, violan los derechos constitucionales de la libertad de expresión.
Maestra Teresa Aguilar Maestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Sábado 4 de julio de 2020
De acuerdo con el apartado de Propiedad Intelectual del T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá), las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) y el Código Penal Federal, a las que México se ve obligado a ceñirse y que fueron aprobadas antes de la entrada en vigor del T-MEC, señalan penas de hasta 10 años de cárcel y multas millonarias por la reproducción o modificación de software, la reparación de hardware, y hasta la publicación parcial de contenidos no propios en línea, sin autorización.
Por lo que se dice que los “memes” también corren el riesgo de sufrir censura, así como, retransmitir contenido de televisión en medios digitales, modificar el sistema operativo de una computadora o repararla, también las consolas de videojuegos, celulares o automóviles.
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Las organizaciones Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Creative Commons México, SocialTIC, Wikimedia México, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, entre otras; han tomado la lucha por frenar estas reformas aplicadas a la LFDA, señalando que las sanciones pueden significar una violación a los derechos humanos, como la libertad de expresión, la privacidad, el acceso al conocimiento y la cultura libre.
Esto debido a la violación de los artículos 6° y 7° constitucionales, los cuales se refieren a la libertad de acceso a “información plural y oportuna”, así como a “buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Afirmando que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”, y que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”.
Es un “[…] golpe a los derechos y a la economía de millones de usuarios de tecnología”, como señala el director de la organización R3D, en entrevista con Código Espagueti, Luis Fernando García.
Lamentablemente, como señala el director de R3D, la censura va de la mano con los fines de lucro que se obtienen del monopolio de las empresas para reparar los artefactos que ponen en venta, así como de la utilización de mecanismos que guardan tu información con fines mercadotécnicos.
Esto, sin contar el beneficio de actores políticos que podrían ver dañada su reputación a través de la difusión de información, como señala Vladimir Cortés, de Artículo 19: “…eliminar contenidos de interés público […] impacta directamente en el ejercicio periodístico y en las publicaciones de los medios de comunicación sobre algunas noticias que puedan resultar incómodas”.
Las organizaciones civiles ya anunciaron que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para echar atrás la aprobación de estas normas.
Además, invitaron a la población mexicana a protestar con el hashtag #NiCensuraNiCandados, a fin de presionar a la Cámara de Diputados para que haya lugar a un proceso abierto con participación de la sociedad civil ante la aprobación de estas reformas que “México no está obligado a implementar […], ya que el T-MEC reconoce que las adecuaciones deben respetar las disposiciones constitucionales vigentes”, de acuerdo con R3D.
El respeto a nuestros derechos es mucho más importante que el aseguramiento de las ganancias de las grandes empresas.
La aprobación de las reformas en cuestión no solo afecta a los usuarios de manera individual, también podría ser un paso más en la privatización de la educación o en la censura periodística, al señalar que “una institución educativa puede acceder a una obra, siempre y cuando sea con el propósito de decidir si se compra todo un material”; o al existir la posibilidad de proteger obras para evitar que se ocupen fragmentos para hacer una declaración que pueda ser difundida por medios noticiosos.
Con información de Código Spagueti.
*Teresa Aguilar es parte de la Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase.
