La discusión por transferir fondos a TVN para asegurar su continuidad, debería ser un mero trámite pero se transformó en un debate político de proporciones. ¿A qué se debe?
Jueves 26 de octubre de 2017
El Gobierno presentó un proyecto de ley para inyectar 47 millones de dólares ante las millonarias pérdidas del canal, para intentar asegurar su continuidad.
Pero se transformó en un debate público nacional. La derecha, se resiste a aprobarlos. Sigue su vieja y conocida política: ahogar las empresas estatales, para mostrar que serían ineficientes, y posteriormente proceder a privatizarlas.
Pero no están solos. En la Nueva Mayoría, con reticencia sus propios parlamentarios, incluidos los dos candidatos presidenciales, Guillier y Goic, terminaron dando el visto bueno.
Por su parte el Sindicato de Prensa de TVN llama a aprobar la inyección de recursos para "salvar el canal". Aclaran que es público, pero no estatal, es decir, que “los sueldos no los paga el Estado”. Recuerdan que “desde 1992 que el Estado no capitaliza a TVN”.
Pero recordemos la otra cara de este ser público pero no estatal. Es dirigido con criterios de empresa privada. Por ejemplo, cuando inició el curso de pérdidas, entre las medidas que se tomaron estuvo el despido de sus trabajadores. Compite como una empresa privada más, y en vez de promover la realización de producciones nacionales, contrata telenovelas envasadas, más baratas (en lo que lleva la delantera Mega, lo que, dicho sea de paso, provocó pérdidas en los otros canales de la competencia también).
En el parlamento, todavía no se llega a un acuerdo, y la votación sigue postergándose, esta vez para el 7 de noviembre, mientras el tiempo corre a favor de las intenciones privatizadoras.
Que se aprovechan de esta crisis inmediata, pero responde a cuatro cuestiones más profundas: 1) El declive general de la televisión abierta ante la competencia de la televisión por cable y de internet, hacia donde dirigen sus inversiones publicitarias las empresas. 2) La competencia con monopolios, transnacionales (grupo Turner en Chilevisión) o locales (Luksic en Canal 13). 3) La propia política estatal, y de la Concertación y Nueva Mayoría en particular, que favorece el avisaje en los monopolios mediáticos privados (como hace con las Universidades, que desfinancia las Universidades estatales a la vez que hace millonarias transferencias a las privadas. Lo mismo hace en la Salud. Todo un “modelo de negocios” del Estado subsidiario). 4) El gerenciamiento con criterios privados: vimos el ajuste (despido) de trabajadores ante el déficit, pero tiene una contracara: los sueldos millonarios de los rostros públicos.
El resultado va más allá de la quiebra o no de una empresa estatal. Cumplen una función ideológica definida. Hay un monopolio ideológico que impone una agenda política nacional, en manos de las empresas privadas de medios de comunicación, y una TV pública que no es tal, como se ve ni el Estado asegura su supervivencia, y que políticamente es parte del juego binominal entre la derecha y la Concertación/Nueva Mayoría.
Tienen un límite. Los medios de la izquierda, como La Izquierda Diario y otros, de organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales. Sobre todo, que la organización de trabajadores, mujeres y jóvenes, puede imponerles un cambio de agenda, como fue con la gratuidad o el fin de las AFP.
