GALICIA INCENDIOS. Tanta tierra quemada, ¿qué opinan los trabajadores forestales?

Balance de una tragedia

Aunque lo peor ya pasó a mediados de agosto, son más de 10.000 hectáreas quemadas en territorio gallego. Pequeños incendios se siguen produciendo, como los de Rianxo o Leiro, pero se están controlando y extinguiendo fácilmente. Sin embargo, más de 2.000 hectáreas han sido quemadas en Ourense, provincia que registró 450 incendios recientemente.

Por su parte, los representantes del gobierno gallego del Partido Popular, como la conselleira Ángeles Vázquez, siguen centrando la atención en los incendiarios, proponiendo un endurecimiento de la Ley contra los que provocan el fuego. Sin embargo, su partido aprobó una Ley de Montes que permite, entre otras cuestiones, edificar en terreno quemado. Parece claro que la quema del monte responde a intereses económicos en la mayor parte de los casos.

Por otra parte, el gobierno de la Xunta de Galicia ha aplicado duros recortes en los servicios de prevención y extinción de incendios. Recortes que se han producido tanto en el número de contratados (por ejemplo, solamente la mitad de las casetas de vigilancia están activas), como en el tiempo de la contratación, primando la temporalidad, así como en la privatización mediante subcontratas, lo que disminuye las condiciones laborales del sector. Se calla el gobierno en este asunto, y niega cualquier responsabilidad.

La asamblea de Silleda, las reivindicaciones del sector y la capitulación sindical

El jueves 18 de agosto tuvo lugar en Silleda, Pontevedra, una asamblea de trabajadores forestales de la S.P.D.C.I.F (Servizo Público de Defensa Contra Incendios Forestais), donde participaron 150 trabajadores, de los 1800 presentes en el sector.

Las reivindicaciones fueron las siguientes: reconocimiento de la categoría de bombero forestal (ahora tienen la de peón forestal o de caza), lo que posibilitaría el reconocimiento de enfermedades propias del trabajo y la reducción de la edad de jubilación, más carga de trabajo para los trabajadores que son contratados 9 meses, y sobre todo para los contratados durante 3 meses y la exigencia de poder cubrir jubilaciones parciales para que haya mayor contratación. También exigieron que se oferten más plazas en las oposiciones públicas. Exigieron que la contratación se haga a través de la Xunta y no a través de empresas privadas. También denunciaron la contratación de brigadas desde los ayuntamientos, ya que estos trabajadores tienen una menor preparación y peores condiciones laborales.

En definitiva, plantean que es necesario un empleo público y de calidad, aumentando las contrataciones, formando correctamente a los trabajadores, aumentando el tiempo de contratación y cubriendo todas las bajas y jubilaciones, todo esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Por otra parte, todo esto también es necesario para la correcta prevención y extinción de los incendios, lo que reduciría considerablemente las nefastas consecuencias económicas y medioambientales que éstos provocan.

En esa asamblea resolvieron manifestarse el 1 de septiembre en Santiago de Compostela. Sin embargo, recientemente los sindicatos (CIG, CCOO, CSIF y UGT) han firmado un acuerdo con el gobierno, el cual asume parte de las demandas y suspendieron esta manifestación. Un acuerdo que incluye el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, puesta en funcionamiento de la segunda actividad de manera progresiva, con el compromiso de extenderla durante todo el año 2018, y un compromiso de reducción de la tasa de temporalidad, de forma que un 20 % de las plazas ofertadas en Galicia fueran para el SPDCIF.

Este acuerdo resulta insuficiente con respecto a las demandas totales de los trabajadores y no es capaz de parar el proceso de privatización del servicio. Una vez más la burocracia sindical ha mostrado su rostro suave al gobierno y ha cedido antes de comenzar una lucha. Por otra parte los trabajadores que son contratados solo por 3 meses no se ven realmente beneficiados por este nuevo acuerdo. Frente a una dinámica corporativista, que divide a los trabajadores y las luchas, y no es más que un lastre para conseguir verdaderas victorias para los distintos sectores laborales, sería fundamental unificar las luchas entre trabajadores y también con los estudiantes para conseguir mayores y mejores victorias.

Levantemos una lucha ambiental que ayude a reducir el paro

Contrariamente a lo que se suele pensar, el desarrollo económico no es incompatible con la conservación ambiental, sino que puede ser de otra forma. El gran capital y el gobierno imponen empresas contaminantes (como la papelera ENCE) en nuestras rías, o los proyectos (frustrados por la movilización popular) de las minas de oro a cielo abierto, la privatización de la acuicultura (también derrotada en las calles), etc.

Ellos dicen; “esto creará puestos de trabajo”. En realidad, estas empresas quitan más puestos de trabajo de los que dan. Pero no hay que mantenerse solo en una posición de defensa. Hay que pasar a la ofensiva y plantear una alternativa, tanto al deficiente sistema actual de gestión de los recursos ambientales en Galicia, así como a las tentativas de privatización del ambiente.

La prevención y extinción de incendios puede generar miles de puestos de trabajo directos. Pero la conservación del monte que esto conlleva y una buena gestión rural ayudarán a aumentar el empleo. Frente al monocultivo de eucalipto, que beneficia a las papeleras, tanto en Galicia como en Portugal, es necesario plantear la necesidad de replantar flora autóctona, lo que genera mucha mayor biodiversidad, más beneficios para la población.

La unión de tierras bajo gestión colectiva posibilitaría a los agricultores y ganaderos salir del lastre minifundista en Galicia y escapar de la presión constante de las grandes empresas distribuidoras. Un programa de reivindicaciones ambientales, que aporte beneficios económicos a los sectores populares, se hace cada vez más necesario para enfrentar los catastróficos incendios forestales, para generar empleo y responder a las necesidades sociales.