Según las empresas petroleras el aumento que prevé el gobierno para trasladar el costo de la devaluación a los usuarios en 24 cuotas es insuficiente. Si no se ajustan las facturas de gas "habría consecuencias".
Martes 9 de octubre de 2018 11:24
A pesar de haber registrado ganancias récord en los últimos años mediadas por la suba de tarifas, las empresas petroleras redoblan la apuesta luego de la decisión de la Secretaría de Energia, que conduce Javier Iguacel, de aplicar un insólito tarifazo para trasladar el aumento del tipo de cambio a los usuarios y hacerlos recargar en sus facturas de gas, de manera retroactiva, y con elevados gastos de financiamiento.
Ahora las petroleras argumentan que tal aumento de 49 % es insuficiente y exigen que el aumento debería ser de 181 %, lo que implica incluso un sobreprecio de 50 % más de lo que aumentó el dólar en el último año.
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De acuerdo a un documento secreto que fue presentado en lobby directo a los funcionarios, y al que habría accedido el medio Infobae, dichas empresas productoras de gas anunciaron una amenaza al gobierno: si no se ajustan las facturas de gas por la suba del dólar, "habría consecuencias directas en las futuras inversiones del sector".
Las siguientes empresas concentran cerca del 90 % de la producción de gas: YPF, Total Austral, Pan American Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, YsurEnergía, Pluspetrol y Compañía General de Combustibles.
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La extorsión de las empresas a las familias trabajadoras para que acepten aumentos exorbitantes es que, de no aplicarse los tarifazos será imposible continuar con el actual ritmo de inversiones. Esto implicaría la necesidad de seguir importando gas, tres veces más caro que la producción local. ¿Qué poder de decisión tiene un puñado de empresas sobre el acceso de los hogares a un servicio esencial?
El sentido de la amenaza es preservar sus ganancias en dólares, único y verdadero objetivo que guía sus acciones. Sin embargo, las técnicas y los recursos para proveer de energía a los hogares en forma sustentable está disponible, de lo que se trata es de derribar la lógica de lucro que guía la producción social para discutir una lógica racional de acuerdo a las necesidades sociales.
Precisamente por esto se impone la necesidad de estatizar el conjunto del sistema energético y ponerlo bajo el control de sus trabajadores, de usuarios de sectores populares y de técnicos comprometidos con esos intereses.
Pero el gobierno ya demostró que seguirá gobernando para ricos y empresarios, como el reciente decreto 20/2018 de la Secretaría de Energía que les adjudica una "deuda" a las familias por facturas que ya fueron abonadas. Por ello es fundamental conquistar una verdadera herramienta democrática y de lucha para discutir estos problemas nacionales, una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Nuestras necesidades no pueden quedar en manos de los empresarios voraces y las instituciones hechas a su medida.
